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El capitalismo, motor de la guerra contra las drogas

En las Américas,  con la excusa de la lucha anti-drogas, las políticas gubernamentales llevan al terror y al desplazamiento. Esta violencia terrorífica favorece al capital transnacional de una manera abrumadora. English

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Protesta contra el Plan Colombia en 2001, Bogota. Getty Images / Carlos Villalon. All rights reserved.

“Esta es la política gubernamental: sacarnos de un territorio que es nuestro, como campesinos y como indígenas.  Hay numerosas comunidades indígenas a quienes por culpa de la guerra se despoja de sus tierras. Usan el terror que instalan en las comunidades para desplazarnos y, de esta manera, conseguir extraer los recursos naturales de nuestras tierras”. Fernando Roa, agricultor y vice-presidente del Consejo de Acción Comunal de Santo Domingo, Colombia.

openDemocracy: La manera en que los círculos políticos hablan de la “guerra contra las drogas” parece alargarse interminablemente sobre el tema de la prohibición y la descriminalización, atrapados por las espléndidas novelas de narcos y violencia de los cárteles que llenan las estanterías de los kioscos de los aeropuertos. Pero Fernando Roa sugiere que hay en juego otra dinámica más profunda. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo?

Dawn Paley: Mi libro Capitalismo de narco-guerra propone contrarrestar el discurso oficial de las guerras de la droga apoyadas por los EE.UU en México, Centroamérica y Colombia. Entrevisté a Fernando Roa y a otros miembros de su comunidad en Arauca, Colombia a principios de 2014. En el libro, se da vida a voces como las suyas y se contrastan con la narrativa con la que algunos estamos familiarizados: la versión oficial de la guerra contra la droga. Mi intención era formular una crítica de la guerra promovida por los EE.UU centrada en las personas, situando esta guerra en el contexto más amplio del capitalismo y de la hegemonía estadounidense en todo el hemisferio.

Cuando hablamos del Plan Colombia, de la Iniciativa Mérida, de la Iniciativa de Seguridad Centroamericana o, en estos momentos, de la Alianza para la Prosperidad en Guatemala, El Salvador y Honduras, no tiene sentido hablar del éxito o fracaso de estos programas en términos de producción o tráfico de drogas. En cambio, vale la pena considerar la guerra contra la drogas en el contexto de las guerras norteamericanas en el extranjero. En general, al hacer la guerra, los intereses norteamericanos se centran en asegurar el control de segmentos del territorio y de las comunidades, del movimiento de la gente, y de las relaciones sociales que cuestionan la hegemonía estadounidense. Creo que podemos observar dinámicas similares en la guerra contra las drogas.

oD: Puedes explicarnos brevemente qué dinámicas impulsan la “capitalismo de narco-guerra” –cómo la extracción de recursos se combinó con operaciones anti narco-tráfico a través de toda Latinoamérica, y cómo esto continúa sucediendo hoy.

Dawn Payley: Eso es exactamente. No se trata necesariamente de cómo los cárteles de la droga o los traficantes o los paramilitares o como quieran llamarlos interactúan con el sector privado. Se trata de cómo políticas estatales conducen a la violencia, al terror y al desplazamiento, amparándose en el discurso de la lucha contra los narcóticos. Argumento que se trata de formas terroríficas de violencia que sin embargo impactan positivamente en el clima de negocios a favor de los capitales transnacionales.

Cuando hablo del libro con grupos en los EE.UU normalmente cito las tres Pes de la guerra contra las drogas: la P de la política, la P de la policía y la P de los paramilitares, y creo que puede añadirse una cuarta P: la P de las prisiones.

Veamos la política. Una de las innovaciones clave del Plan Colombia fue transformar el sistema legal y llevar a cabo una serie de reformas de políticas públicas para animar la inversión extranjera y preparar a Colombia para la firma del acuerdo de libre comercio con los EE.UU. Estos elementos de políticas públicas no parecen tener mucho que ver con la guerra contra la droga –puesto tratan una mayor neo-liberalización de las economías receptoras-  pero en realidad eran parte explícita del Plan Colombia, si bien eso no se admitió hasta mucho más tarde. En México también se produjo una reforma del sistema legal bajo la Iniciativa Mérida y desde 2006 se han llevado a cabo reformas de largo alcance en el sector de la energía, las telecomunicaciones, el sector laboral, la educación, el sector financiero y las leyes fiscales.

Influenciar las políticas es una de las vías principales de intervención e inversión de los EE.UU en estas guerras. En México, el número de policías federales pasó de 4.000 antes de que el presidente Felipe Calderón lanzase su guerra contra la droga, a más de 40.000. Estas fuerzas están altamente militarizadas. Un estudio reciente muestra que se desplegaron en coordinación con soldados del ejército, y la tasa de homicidios aumentó. La historia oficial dice que se trata de una fuerza nueva, no corrupta, capaz de luchar contra el narcotráfico. Sin embargo, como en otras partes, la presencia de policía federal ha significado más violencia, y un re-direccionamiento de las rutas del tráfico de droga. El propio lenguaje de la Iniciativa Mérida es revelador –el objetivo de las autoridades mexicanas era interrumpir las rutas del trafico- lo que significa, obviamente, que simplemente se trasladan a otra parte.

¿Y qué nos dice la tercera P, la de los paramilitares? La violencia en México se disparó severamente en diciembre del 2016, cuando Calderón declaró la guerra al crimen organizado. La estrategia era la interrupción del negocio de mover cocaína que duraba, por lo menos, varias décadas, y del negocio, mucho más antiguo, de la producción y exportación de opio y marihuana.

Los intentos, por parte de algunos sectores del aparato represivo del Estado como los marines, el ejército y la renovada policía federal, de cortar las rutas y la producción de narcóticos provocaron como respuesta la escalada de la violencia.

Grupos de traficantes se armaron hasta los dientes y empezaron a utilizar nuevas tácticas para defender y reclamar su territorio. Las tácticas se basaron en utilizar el terror contra la población. Pero estos grupos no están en conflicto con el Estado de manera fundamental, y es por ello que pienso que la noción de cárteles de la droga es equívoca: muchos de estos grupos se componen de fuerzas estatales o de antiguas fuerzas estatales, y sus vínculos de cooperación son muy estrechos.

A modo de ejemplo, los agentes de policía de Guerrero no entregaron a los 43 estudiantes que arrestaron en septiembre de 2014 a una banda de narcotraficantes. Los entregaron a un grupo paramilitar cuyos miembros eran también agentes de policía.

Los cárteles de la droga no son fuerzas insurgentes. Como vemos de vez en cuando, sus miembros provienen a menudo de las finas gubernamentales, y sus actividades, de hecho, pueden beneficiar o ser útiles al capital. En Colombia, sabemos que grupos paramilitares financiados por la droga patrullaban junto al ejército, daban apoyo a diputados al congreso, eliminaban sindicalistas y limpiaban el territorio para corporaciones como Chiquita, Dole, Coca-Cola, BP, Drummond y similares.

Por último, los EE.UU han invertido en la expansión el sistema penitenciario mexicano, a través de la Iniciativa Mérida. Me temo que México esté siguiendo cada vez más, para su sistema de prisiones, el modelo de los EE.UU.

oD: Una parte significativa de tu libro Capitalismo de narco-guerra profundiza en el análisis económico de la guerra contra la droga poniendo un gran énfasis en el papel del sector privado internacional, especialmente las industrias extractivas. La guerra más violenta contra las drogas se ha producido en Colombia, que por cierto no es un gran productor de petróleo. Droga y petróleo van de la mano en México, claramente. Pero¿ por qué piensas que existe una relación causal entre capitalismo y guerra más  allá de un síntoma de qué tan débil y corrupta es la gobernanza en estos países?

Dawn Paley: No veo a México o Colombia como países con estados débiles. Son estados increíblemente poderosos, con fuertes aparatos represivos. En México, el alcance del Estado a través de todo tipo de programas (y también de la violencia coercitiva), y el clientelismo de los partidos políticos, es increíblemente sofisticado. México está lejos de ser un Estado fallido. Según las instituciones financieras internacionales, es una gran historia de éxito macroeconómico. Y lo que la prohibición hace, lo que la guerra contra las drogas hace, es aumentar las capacidades represivas de estos estados hasta un grado que sería difícil de imaginar de otra manera. Si la violencia en México puede entenderse como síntoma de algo, es como síntoma del capitalismo. La violencia es sustancial al capitalismo y a la expansión capitalista. Karl Marx ya escribió sobre esto en el siglo XIX, y continúa siendo cierto hoy en día.

En lo que al análisis económico se refiere, mi punto de partida es que en cualquier lugar donde existan importantes reservas de recursos naturales, existe un potencial de resistencia local y comunitaria ante el desarrollo de industrias extractivas. La llamada guerra contra la droga, que yo considero que es una guerra contra la gente, proporciona una capa conveniente de asesinatos, desapariciones e intimidaciones físicas de todos aquellos que son o pudieran ser movimientos de resistencia. En algunos lugares, miembros de la comunidad han hablado abiertamente sobre la militarización y la presión a la que se enfrentan por parte del crimen organizado y de las fuerzas del Estado con el fin de que permitan a las industrias extractivas entrar en su territorio, tal como ocurrió en Chihuahua, Michoacán y Guerrero.

En otras partes, no se han alzado con tanta fuerza las voces de la resistencia y de los movimientos. Por ejemplo, si miramos un  mapa de los estados más violentos en México hoy, con altos índices de desapariciones, asesinatos y desplazamientos, se alinea casi perfectamente con el mapa de las principales fuentes energéticas de México, desde los alrededores de Laredo, la zona de Texas al este y hacia abajo hacia la costa del estado de Veracruz. Straffor y otros think tanks, el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano nos dicen una y otra vez que la violencia se debe a Los Zetas y que se juntan con el Cartel del Golfo a lo largo del golfo de México. Pero esto deja fuera algunos actores realmente importantes y, una vez más, si pensamos que lo que pasa en México está dentro del espectro de las guerras norteamericanas en general, veremos que en México, como en otras partes, las grandes empresas gasísticas y petroleras, como sus primas en otros sectores, acompañan a estos esfuerzos bélicos.

Creo que podemos aplicar un análisis similar para comprender los altos niveles de violencia en algunas áreas urbanas clave, que alojan a gente que trabaja por bajos salarios (las malditas maquilas). Aquí, un obstáculo (como diría David Harvey) a la acumulación de capital es el potencial de huelga de los trabajadores. Así es que pienso que el terror que se ha vivido durante los últimos 10 años entre la gente de las comunidades fronterizas como Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo u otras tiene probablemente que ver tanto con mantener a los trabajadores alienados, como con los flujos y rutas de la droga.

Pero la manera más habitual de hablar sobre las drogas por parte de los medios, de la policía, de los funcionarios del gobierno o de los think tanks hace invisible la vida del día a día de la gente en las zonas afectadas, ignorando también los flujos de capital. La gente habla de las peleas entre los cárteles para controlar una plaza –como si una plaza fuera un espacio vacío, como si no hubiese nadie más allá de los cárteles de la droga. Así es que vale la pena, en mi opinión, empezar a ver quiénes y qué otras cosas están operando en estas áreas afectadas por la violencia relacionada con la guerra contra las drogas –las súper-tiendas Wallmart o las plantas de componentes de Foxconn. Las minas de Goldcorp o las instalaciones de Halliburton, grandes proyectos de embalses, rutas de migración y cruce de fronteras, policía comunitaria o organizaciones de la sociedad civil, y a menudo una combinación de policía estatal, municipal, federal, gendarmería, soldados e incluso, a veces, marines.

Una vez juntamos todos los factores creamos una imagen más completa de la guerra y sí, en algunos lugares y con el tiempo, empezamos ya a hablar de escenas identificables con la guerra, como fusilería y coches bomba, asesinatos masivos en cárceles, secuestros masivos y allanamiento de domicilios por fuerzas estatales, etcétera. Propongo que reevaluemos la guerra contra la droga en México y en otras partes en toda su complejidad, hasta allá donde sea posible. Obviamente, las cosas se complican extraordinariamente. Pero una de las cosas que observamos generalmente es que el gran capital tiende a no verse afectado negativamente, que el terror rige para la población en general, pero no para ellos, y que estos lugares siguen siendo lugares de atracción de inversión extranjera directa. Son países donde la seguridad existe para el capital transnacional, para los altos funcionarios, pero no necesariamente para nadie más.

oD: Dentro de los Estados Unidos hay una creciente falta de confianza en la política prohibicionista a nivel doméstico. ¿Cómo ves esta contradicción entre las políticas domésticas y la política exterior. ¿Algo está cambiando?

Dawn Paley: Ciertamente, las iniciativas sobre la marihuana en diversos estados de los EE.UU son importantes. Pero no creo que la legalización para uso con fines médicos o de ocio vaya realmente en contra de la prohibición. Tendría que hacerse una discusión realmente seria sobre la descriminalización de la cocaína, el opio, las metanfetaminas y otras substancias para llegar a un escenario donde acabar con la prohibición sea una realidad.

Me parece que la prohibición resulta increíblemente útil para la construcción del Estado. Muy recientemente, Juan Orlando Hernández, presidente el Honduras, vino a los EE.UU  y dio una charla en el Brookins Institute. Y pensé que lo que dijo entonces fue realmente interesante en términos de comprender hasta qué punto puede resultar útil para los gobiernos el discurso de la prohibición.  El presidente Hernández dijo que en los EE.UU la política de drogas es un asunto de salud pública mientras que en Honduras es un asunto de vida o muerte. De esta manera, validaba implícitamente la política norteamericana doméstica como una política humana. Ignoró el aspecto de criminalización que tiene la guerra americana contra la droga, los asaltos a domicilios, los cientos de miles de personas, fundamentalmente de raza negra, encarcelados o encausados en los EE.UU por culpa de la prohibición.

Pero en sus comentarios, el presidente Hernández también culpó a la corrupción y a la impunidad en Honduras por el tráfico de drogas. Cualquiera que siga de cerca lo que pasa en Honduras sabe que aquí no hay una fuente de impunidad: los crímenes de los años 80 siguen sin investigarse, tampoco el golpe de Estado del 2009, del que Hernández es una suerte de heredero, tuvo que ver con el tráfico de drogas y fue un impactante ejemplo del nivel de corrupción e impunidad del que gozan las élites hondureñas. Pero parece como si la prohibición les otorgase a los estados un comodín. Así, el gobierno hondureño mirará hacia otra parte frente a la criminalización de la gente de color en los EE.UU (y también en Honduras). Y a cambio, Honduras le pedirá a los EE.UU que miren hacia otra parte frente a la corrupción masiva del Estado hondureño. El discurso sobre la guerra contra la droga es un escudo para ambos gobiernos, y creo que ésta es una manera de comprender la utilidad de la prohibición todavía hoy.

Todo esto para decir que el discurso sobre la guerra contra las drogas y la existencia de la prohibición es extraordinariamente útil cuando se trata de la formación del Estado y los intentos del gobierno de ejercer formas violentas de control social, mientras hacen que parezca que están ayudando a la gente.

oD: Estamos a punto de celebrar la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre las drogas –UNGASS 2016. Si ésta es una oportunidad histórica para transformar el sistema internacional de control de drogas, ¿qué debates tendríamos que plantearnos ahora mismo?

Dawn Paley: Creo que la lucha contra la prohibición es una manera importante de oponerse y debilitar la guerra contra las drogas, que es una guerra ilegítima que se está librando en los EE.UU y en otros lugares. En lo que respecta a la guerra al sur de la frontera de los EE.UU, existe una Caravana de activistas y de víctimas proveniente de Centroamérica y México que estará en Nueva York durante el UNGASS. Estoy seguro de que provocarán discusiones importantes y pondrán temas clave sobre la mesa. 

En lo que se refiere a los movimientos y a los debates que creo son cruciales hoy en los EE.UU y en el mundo, aquí va una lista corta: la batalla por la abolición del encarcelamiento, por el desmantelamiento y el desarme de policías, por el fin de la prohibición, por un estatus de inmigrante para todos, y por la lucha contra el capitalismo y la violencia del Estado. Espero que estas posiciones y estas batallas estén presentes en los debates que nos llevan hacia el UNGASS.

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Dawn Paley is a journalist and author of Drug War Capitalism (AK Press). She has written for the Guardian, The Nation, and The Globe and Mail. She is currently a doctoral student at the Autonomous University of Puebla in Mexico. Follow her on Twitter: @dawn_


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