Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el mundo enfrentan una presión considerable. Armados con teléfonos inteligentes y conectados como nunca antes, los actores de la sociedad civil han encontrado nuevas formas de organizarse, exigir una mayor rendición de cuentas de los gobiernos e inyectar sus voces en los debates políticos. A medida que ha aumentado el volumen y la influencia de las voces ciudadanas, muchos gobiernos han respondido con medidas represivas contra la sociedad civil. De acuerdo con CIVICUS, una alianza de la sociedad civil global, en 2014, las libertades cívicas enfrentaron amenazas graves en al menos 96 países alrededor del mundo.
Una de las tácticas principales que están usando los gobiernos para reprimir a la sociedad civil es estigmatizar a los activistas y organizaciones. Varios gobiernos, desde Egipto hasta Rusia, han llevado a cabo campañas de desprestigio para poner a la opinión pública en contra de las OSC y representarlas como “agentes extranjeros” o “indeseables”, empeñados en desestabilizar la sociedad. Tal vez más preocupante, hay democracias bien establecidas que han tomado medidas para silenciar y demonizar a las organizaciones que se atreven a hablar en contra de las políticas o las prioridades del gobierno. La India, por ejemplo, ha intentado desacreditar a Greenpeace, Sierra Club y otras organizaciones ambientales que se han opuesto a proyectos mineros, nucleares y de energía, sugiriendo que dichas organizaciones socavan “la seguridad y el interés nacionales” al crear obstáculos al desarrollo económico. Kenia ha caracterizado a las organizaciones de derechos humanos que critican al gobierno como la “sociedad del mal” y ha recurrido al uso de burdas imágenes para “representar a los líderes de derechos humanos como traidores y cazadores de dinero que persiguen fondos extranjeros.”
