Wael Naouar inició su huelga de hambre el 16 de agosto. Luego de más de cinco semanas sin ingerir alimentos, este activista por los derechos del pueblo palestino está semiconsciente y al borde de la muerte en una cárcel de Túnez. Ha perdido más de 20 kilos, le cuesta respirar, sufre desmayos constantes y padece alucinaciones.
Naouar no está solo: Nabil Channoufi, Ghassan Henchiri y Ghassan Boughdiri – otros tres activistas encarcelados con él – también se han sumado a la huelga de hambre.
¿Qué delito cometieron para estar presos?
Haber participado en la organización de la Flotilla Sumud Global 2025, una gran movilización internacional que reunió en Túnez a cientos de activistas de todo el mundo. Su objetivo era zarpar hacia Gaza para desafiar el bloqueo ilegal de Israel sobre la convulsa región y llevar alimentos y medicinas a una población asediada.
La flotilla – compuesta por más de 40 embarcaciones – nunca llegó a Gaza, pero logró redirigir la atención internacional hacia el genocidio perpetrado por el Estado israelí contra el pueblo palestino, calificado así por la ONU.
La historia del arresto de Naouar, su posterior huelga de hambre y el respaldo que él y sus compañeros han recibido de un amplio sector de la sociedad civil tunecina – incluidas la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, la Unión General Tunecina del Trabajo y el Colegio Nacional de Abogados de Túnez – revela que el movimiento de base global que exige justicia y libertad para el pueblo palestino no muestra señales de ceder, incluso cuando muchos gobiernos optan por el silencio o se pliegan a las presiones de Estados Unidos e Israel para reprimir a sus propios ciudadanos.
En distintas partes del globo, incluido el Reino Unido, quienes instan a sus gobiernos a actuar enfrentan torturas, arrestos, juicios y largas condenas de cárcel.
Charlotte Head
A principios de este mes, Bassem Trifi, presidente de la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, visitó a Naouar en prisión para entregarle una petición firmada por su organización, la Unión General Tunecina del Trabajo y el Colegio Nacional de Abogados de Túnez, en la que le rogaban que pusiera fin a la huelga de hambre y preservara su vida.
“Su estado de salud se ha deteriorado drásticamente y su situación es alarmante”, declaró Trifi en su momento, añadiendo que Naouar agradeció el apoyo de las organizaciones y activistas, pero manifestó que continuaría la huelga hasta que “se levante la injusticia impuesta sobre él y sus compañeros”.
Cuando la solidaridad es un delito
En Túnez, los preparativos para la Flotilla Sumud 2025 distaron mucho de ser clandestinos. Activistas locales se pusieron en contacto con las autoridades tunecinas para solicitar permisos de alquiler de barcos y compra de medicamentos, leche en polvo y otros suministros humanitarios destinados a Gaza, según explicó a openDemocracy Ghassan Bouazzi, integrante del Comité Nacional para la Defensa de los Activistas de la Flotilla Sumud y de la Causa Palestina.
Las autoridades no aprobaron ni rechazaron la solicitud, señaló Bouazzi, por lo que los organizadores continuaron con el plan.
En septiembre de 2025, cientos de activistas llegaron a Túnez para preparar la flotilla. Los organizadores conversaron con periodistas, realizaron actos públicos y se coordinaron con la policía y el personal de seguridad en las inmediaciones del puerto de Sidi Bou Said, donde se cargaron las embarcaciones.
“La recolección de donaciones, la organización de la flotilla y, antes de eso, la articulación de un convoy terrestre de ayuda... todo se desarrolló de manera pública y a la vista de las autoridades tunecinas”, dijo Bouazzi. La sede de la organización se encontraba a apenas 500 metros del Ministerio del Interior.
Nandini Naira Archer
El Estado hizo más que simplemente estar al tanto de la movilización. “El Estado tunecino fue, en cierto modo, parte de la partida de la flotilla y estuvo plenamente al tanto de todo el proceso mediante el cual se organizó”, dijo Bouazzi.
Los barcos de la flotilla empezaron a zarpar hacia Gaza desde Italia y España a finales de agosto de 2025; poco después, se les sumaron las embarcaciones de Grecia y Túnez. La noche del 24 de septiembre, varios barcos fueron atacados por drones y la represión israelí se desplegó con toda su fuerza.
En Túnez, la actitud de las autoridades también comenzó a cambiar.
En enero de 2026, Naouar y otros organizadores empezaron a debatir públicamente la preparación de una segunda flotilla. El mes siguiente presentaron una solicitud formal ante las autoridades, indicó Bouazzi. Esta vez, la autorización fue denegada.
Semanas después, comenzaron las detenciones.
Las autoridades alegaron que los organizadores de Sumud 2025 habían incurrido en fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. Desde entonces, las autoridades han examinado minuciosamente las cuentas bancarias, bienes y transacciones financieras de los detenidos y de algunos de sus familiares, de acuerdo con Bouazzi. El activista señaló que, hasta donde tiene conocimiento, las investigaciones no han demostrado ningún enriquecimiento injustificado ni vínculos con redes de blanqueo de capitales.
Siete organizadores fueron detenidos en marzo. Tres han sido liberados desde entonces, pero Naouar, Channoufi, Henchiri y Boughdiri continúan recluidos en la prisión de Mornaguia.
Apenas 48 horas después de las detenciones, sus simpatizantes crearon el Comité Nacional para la Defensa de los Activistas de la Flotilla Sumud y de la Causa Palestina. Desde entonces, han organizado reiteradas protestas para exigir su liberación.
La semana pasada, los manifestantes marcharon por el centro de Túnez, desde la sede del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos hasta la avenida Habib Bourguiba, portando imágenes de los cuatro detenidos y exigiendo el cierre del caso.
Fue entonces cuando algunos de los manifestantes también fueron arrestados.
A partir de la noche siguiente, la policía empezó a detener a personas que habían participado en la marcha, a algunas en sus propios hogares y a otras en la vía pública. Abogados defensores afirmaron que al menos 11 personas fueron detenidas, mientras que los activistas elevan la cifra a 13 o más.
Un juez prorrogó la detención preventiva de varios de ellos por 48 horas para interrogarlos sobre las consignas coreadas durante la marcha. Hasta el momento de la publicación de este artículo, las autoridades tunecinas no habían confirmado públicamente las detenciones.
openDemocracy intentó contactar a las autoridades tunecinas para obtener sus comentarios, pero no recibió respuesta.
Para activistas como Bouazzi, el trasfondo de esta deriva autoritaria es claro: “Las autoridades tunecinas ven una amenaza a su poder en cualquier movimiento independiente con importante respaldo popular y capacidad de movilización, incluso cuando su única causa es enteramente apoyar al pueblo palestino”.
Naouar cuenta con un historial de militancia política que va más allá de la solidaridad con Palestina. Fue encarcelado cuando era estudiante, durante el régimen del difunto dictador Zine El Abidine Ben Ali; más tarde asumió como secretario general de la Unión General de Estudiantes de Túnez y, poco antes de su detención este año, criticó públicamente al presidente Kais Saied.
Varias organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la creciente presión sobre la sociedad civil tunecina, que incluye el uso de investigaciones financieras, la prolongación de la prisión preventiva y el procesamiento penal de activistas y trabajadores de ONG. El gobierno de Saied rechaza las acusaciones de que el poder judicial es utilizado contra opositores políticos, y sostiene que las actuaciones judiciales son independientes.
Esta tensión resulta particularmente notoria en Túnez, donde históricamente la causa palestina ha contado con un amplio respaldo popular y el propio Saied ha hecho de ella su bandera discursiva.
Para Bouazzi, la brecha entre el discurso oficial y la persecución real a la militancia de base es cada vez mayor. Señala, además, que las presiones geopolíticas externas podrían haber pesado en este giro, aunque no existen pruebas directas de injerencia extranjera.
Para el movimiento que se moviliza fuera de las cárceles, la exigencia inmediata sigue siendo clara: los cuatro activistas deben ser puestos en libertad.
“Lo que pedimos a nuestros amigos y a quienes apoyan al pueblo palestino en todo el mundo es que visibilicen esta injusticia”, concluyó Bouazzi. “La atención internacional puede generar incomodidad y presión sobre las autoridades tunecinas, y ayudar a conseguir la liberación de nuestros compañeros detenidos”.
