Una sábana de hotel con la frase ‘Las Malvinas son argentinas’ pintada en negro y lanzada al campo de fútbol luego de la victoria ante Inglaterra en la semifinal del Mundial de la FIFA, se activó como instrumento de dos operaciones de la extrema derecha que gobierna Argentina.
La sábana adquirió rápidamente el estatus de reliquia nacional, y las imágenes de los jugadores sosteniendo la pancarta improvisada desataron de inmediato una polémica mundial sobre el lugar que debe ocupar la política en el deporte.
La aparición de la pancarta en el campo del estadio de Atlanta desencadenó que la FIFA sancionara a Argentina por infringir su estricta prohibición de lemas políticos, mientras la Asociación del Fútbol Argentino anunció con orgullo que el 15 de julio se convertiría en un día de conmemoración, y se planeaba una ceremonia para entregar “el trapo” a los veteranos argentinos de la guerra de 1982 por las islas.
Argentina ha reivindicado históricamente la soberanía sobre el archipiélago, situado en sus aguas continentales y ocupado por el Reino Unido desde 1833. En 1965, las Naciones Unidas reconocieron esta reivindicación como una disputa de soberanía y una cuestión de colonización. Desde entonces, cada año el Comité Especial de Descolonización de la ONU insta a ambos países a negociar una solución pacífica.
Pero las islas (Falkland Islands para el Reino Unido) también están estrechamente vinculadas a la memoria del conflicto de 1982, cuando la dictadura militar que entonces gobernaba Argentina lanzó una operación a gran escala para recuperarlas, que concluyó, 74 días después, con una derrota a manos del Reino Unido y más de 900 muertos, entre ellos 649 soldados argentinos, muchos de los cuales eran reclutas.
El trato que el régimen dictatorial dispensó a sus propios soldados está estrechamente ligado a la angustia por la soberanía: los veteranos han documentado abusos y torturas sistemáticas por parte de sus oficiales. Un centro de veteranos de la ciudad de La Plata lleva casi dos décadas intentando que esos actos sean juzgados como crímenes de lesa humanidad.
La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, una acérrima defensora de la dictadura militar, aprovechó la oportunidad que le brindaba la pancarta y publicó una foto de los futbolistas argentinos con ella en X con este texto: “¡Las Malvinas son Argentinas! [sic] Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que [sic] las llevamos en la sangre y el corazón”.
Sin embargo, en una entrevista por radio al día siguiente del partido, el presidente Javier Milei restó importancia al incidente, justificó a los jugadores diciendo que simplemente se habían “dejado llevar por la emoción”, pero advirtió que “no hay que caer en eslóganes berretas, populistas, nacionalistas, rancios”. Llegó incluso a tildar de “miserables” a quienes intentaron vincular el triunfo con el reclamo de soberanía – lo cual incluía a su vicepresidenta, con quien mantiene un agrio enfrentamiento.
Una reivindicación constitucional que se ha perseguido a través de litigios y décadas de diplomacia quedó reducida a un cántico en los partidos de fútbol; un pasado reducido a un sentimiento que no exige nada al Estado.
‘Dato no relato’ es una clave de la gestión de Milei, porque representa la agresiva negación de la política de la memoria que ejerce su administración libertaria, a favor de indicadores económicos descontextualizados. Tal como ilustró su declaración por radio, el pasado es una distracción.
Florence Evans
Apenas dos meses después, Milei dio un volantazo. El 4 de septiembre, en un discurso televisado, anunció duras sanciones contra la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, ambas operadoras del proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de las Malvinas, en virtud de una ley de 2011 que tipifica como ilegal cualquier operación petrolera en esas aguas y establece sanciones para las empresas que participen en dichas actividades, así como cargos penales para ejecutivos y otras personas implicadas.
Además, Milei anunció nuevos fondos para una base naval en Tierra del Fuego y advirtió: “Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional”. En los días que siguieron, emitió una ráfaga de comunicados oficiales, anunciando nuevas acciones, denuncias y castigos.
El jueves, el presidente remitió al Congreso un proyecto de ley con el fin de sustituir la ley vigente por otra más dura, “además de agravar las sanciones penales contra quienes ilegítimamente hacen negocios en nuestro territorio, sus accionistas y proveedores”. El proyecto de ley de 133 artículos extiende las prohibiciones a todo tipo de explotación de recursos naturales.
Pero, además, tiene propuestas que se parecen mucho a herramientas de persecución política y económica.
Establece un “sistema de seguridad nacional” con amplios poderes, entre los que se incluyen el manejo internacional de información de inteligencia, y un “registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y a su financiamiento”. Para la inscripción en esa lista bastaría con “la existencia de motivos razonables para sospechar que la persona o entidad se encuentra vinculada con los delitos mencionados”. Como mínimo, una definición abierta a todo tipo de arbitrariedades.
¿A qué se debe este cambio de rumbo repentino? Nada relativo a la disputa por Malvinas cambió entre el programa de radio y el discurso televisado.
Milei afirmó esta semana que su nueva postura se “disparó” luego de que el presidente EEUU, Donald Trump, declaró a finales de agosto que la posición neutral de Washington respecto a las Malvinas era “una de las muchas” que se estaban revisando.
Pero lo que realmente cambió es la utilidad política que Milei le da al pasado reciente de Argentina. Al parecer, el presidente se dio cuenta de las oportunidades que ofrece utilizar la memoria para obtener beneficios políticos en el presente.
Las cifras no le están saliendo bien al presidente. Su índice de desaprobación se sitúa en el 58%, superando al de aprobación en casi 20 puntos y con una valoración mayoritariamente negativa de la economía, el empleo y la gestión del gobierno, hundido en escándalos de corrupción.
Entre la instrumentalización de las Malvinas por parte de la vicepresidenta y la repentina postura nacionalista del presidente, una reivindicación nacional compartida se fracturó en una disputa interna sobre cómo se puede explotar la memoria.
Para Villarruel – cuyo padre luchó en la guerra de 1982 y también participó en la represión militar de los opositores políticos –, las Malvinas han sido una herramienta para el revisionismo histórico mucho antes de que se uniera a la candidatura presidencial de Milei. De hecho, Villarruel forjó su carrera defendiendo a oficiales militares acusados de crímenes contra la humanidad.
En julio de 2024, diputados del partido de Milei y Villarruel visitaron a varios militares encarcelados, entre ellos el exoficial de la Armada Alfredo Astiz, uno de los más notorios condenados por las atrocidades cometidas en el centro de detención de la ESMA, a quienes los legisladores describieron como “excombatientes contra la subversión marxista”.
El de Villarruel es un proyecto deliberado para transformar la forma en que la sociedad argentina recuerda el terrorismo de Estado de finales del siglo XX.
Mientras, el ataque del gobierno de Milei a los esfuerzos por hacer justicia ha sido sistemático.
El equipo del Ministerio de Defensa encargado de buscar pruebas documentales para los fiscales que investigan esos crímenes fue disuelto en abril de 2024, y el ministro describió a los funcionarios despedidos como un grupo dedicado a la “persecución y el macartismo”.
Un decreto de 2025 privó al Archivo Nacional de la Memoria de su facultad para acceder a los expedientes de las Fuerzas Armadas y, a principios de 2025, la Armada ordenó una depuración de su propio archivo general, una orden que solo se detuvo gracias a un dictamen judicial de última hora.
La estrategia es insidiosa: no se ha derogado formalmente ninguna ley, pero las instituciones que las defienden se han vuelto notablemente ineficaces.
En 2025, 60 personas recibieron una primera sentencia en procesos por crímenes contra la humanidad: nueve fueron condenadas y 51 absueltas, el mayor número de absoluciones en 20 años, según la Fiscalía de Crímenes contra la Humanidad.
La ley punitiva sobre Malvinas que Milei quiere que el Congreso le apruebe, además, se engarza en una maniobra mucho más antigua. Como ha señalado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “desde el final de la guerra, las Fuerzas Armadas y civiles afines se han ocupado de que ‘Malvinas’ funcione como escudo ante las críticas que sectores sociales cada vez más amplios hicieron a sus militares”.
En cada discurso del Día de las Malvinas, Milei hace un llamado a “una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas”, un mensaje implícito a los juicios por violaciones de derechos humanos de aquella dictadura que libró la guerra de 1982.
El desacuerdo entre Villarruel y Milei no fue sobre la validez de la memoria, sino sobre qué partes del pasado pueden extraerse para obtener beneficios en el presente.
Villarruel utiliza las Malvinas para blanquear la reputación de los militares; Milei, abandonando su postura de ‘dato, no relato’, ha descubierto que puede utilizar las Malvinas para avivar el fervor nacionalista y recurrir al autoritarismo cuando los datos económicos no entusiasman a nadie.
Los propios veteranos de las Malvinas reclamaron un enfoque más prudente. Días antes de la semifinal contra Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra ‘2 de Abril’ sostuvo en una declaración que el deporte no es guerra, que la soberanía se gana en los foros internacionales y que el grito de ¡Malvinas Argentinas! debería escucharse en las gradas como un ejercicio vivo de la memoria y no como una expresión de odio.
Irónicamente, las importantes reservas de petróleo que se esconden bajo el lecho marino que rodea las Islas Malvinas constituyen una metáfora de las opacas relaciones entre lo que parece estar ocurriendo en la superficie de los debates sobre la soberanía y el verdadero peso que estos debates ocultan.
