La expansión de la extrema derecha en América Latina está dando impulso al Proyecto 2025, el plan antidemocrático para el segundo mandato de Donald Trump que busca desmantelar el estado de bienestar, eliminar derechos y libertades y debilitar la democracia.
El Proyecto 2025 fue redactado por la Heritage Foundation y antiguos y actuales funcionarios de Trump, con apoyo de más de 100 organizaciones del nacionalismo cristiano de Estados Unidos.
Su agenda: aplicar mano dura contra la inmigración, con detenciones y deportaciones masivas y la eliminación progresiva del derecho al asilo; reducir impuestos para los más ricos, y las protecciones ambientales y de salud; desmantelar la educación pública; limitar los derechos sindicales; retirar beneficios a familias monoparentales; prohibir por completo el aborto (aplicando incluso una ley antiobscenidad de 1873) y restringir el acceso de anticonceptivos.
A pesar de que Trump se distanció públicamente del Proyecto 2025 y de su libro de 900 páginas Mandate for Leadership antes de las elecciones de 2024, su administración aprobó cerca de la mitad de estas políticas en el primer año de gobierno. El Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE) advirtió: “En esta visión del mundo, el pluralismo, la equidad de género y los derechos LGBTQ+ no se consideran principios democráticos, sino amenazas a una sociedad ordenada por Dios”.
Pero el Proyecto 2025 no solo se emplea para recortar derechos en Estados Unidos. Sus políticas son implementadas por los gobiernos de Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Abelardo de la Espriella (Colombia), Laura Fernández (Costa Rica), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras) y Keiko Fujimori (Perú), y sus ideas e influencia se reflejan en discursos, narrativas y campañas impulsadas en medios y redes sociales en buena parte de América Latina.
Unificar el movimiento: ‘Dios por encima de todo’
La ofensiva ultraconservadora empezó mucho antes de que se escribiera Mandate for Leadership, impulsada por organizaciones y redes que aportan dinero, entrenamiento y formación de políticos, abogados y activistas conservadores, entre otras tácticas.
Así lo planteó el presidente de Heritage, Kevin Roberts, a comienzos de este mes en el cuarto encuentro regional del Foro Madrid de la Fundación Disenso – que preside el líder del partido ultra español Vox, Santiago Abascal –, una de las plataformas involucradas en la desdemocratización global de la que Heritage es actor protagónico.
“Heritage Foundation se enorgullece de haber contribuido a unificar este movimiento”, dijo Roberts durante la reunión en la capital chilena, en la que Kast y Milei fueron oradores principales.
“Solo piensen brevemente en esta lista: Milei, Bukele, Vox, [el partido portugués de extrema derecha] Chega, Honduras, Perú, Colombia, y ahora el presidente Kast en Chile”, dijo. Ninguna de estas “victorias”, observó, se habría conseguido sin el aporte de actores como Foro Madrid, Vox y la propia Heritage.
Roberts, recientemente acusado de antisemitismo en su país, dijo en Chile que lo que define a Occidente es “nuestra mentalidad, según la cual es Dios, no el hombre ni el gobierno, quien crea nuestra libertad”.
El mensaje da una clave de la ideología evangélica en la que se enmarca el Proyecto 2025: el ‘Mandato de las Siete Montañas’, que plantea que los cristianos deben dominar siete esferas de la vida humana: familia, religión, educación, medios, artes y entretenimiento, economía y gobierno.
Este mandato supone, en algún punto, ir contra la democracia, un hecho que sus defensores apenas se molestan en ocultar. “Las elecciones son apenas el comienzo del proceso político. Lo que de verdad importa es qué hacemos los conservadores con el poder político cuando lo tenemos”, dijo Roberts a la audiencia del Foro Madrid.
Otras figuras clave de la extrema derecha regional también han utilizado la religión para avanzar en sus objetivos.
Poco antes de la reunión en Chile, Milei había dicho a una audiencia de adolescentes en un colegio secundario: “El programa de Dios trae abundancia y armonía. El programa marxista es un programa satánico que, en lugar de traer el paraíso, te trae el infierno”.
Unas semanas antes, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella – cuyo gobierno fue elogiado por Roberts como “impresionantemente audaz” – asumió el cargo en una ceremonia religiosa en la que dijo que “hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”.
Desde entonces, de la Espriella se ha exhibido entre cadáveres de presuntos terroristas abatidos en operativos de seguridad, y termina sus actos gritando “Viva Cristo Rey”. También el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que ahora cumple condena por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022, solía terminar sus discursos con la frase “Dios por encima de todo”.
Así como Bolsonaro fue bautizado por un pastor evangélico en el río Jordán en 2016 antes de su campaña presidencial, De la Espriella se declaraba ateo antes de lanzarse a la política, y de Milei no se sabe qué religión profesa, si el catolicismo en el que fue educado, o el judaísmo al que dice querer convertirse. El chileno Kast, que habilitó una capilla para rezos evangélicos dentro del Palacio de la Moneda, siempre fue un católico ultraconservador.
Sin embargo, para la mayoría de los líderes ultraconservadores, las apelaciones a Dios y a la superioridad moral del cristianismo son una justificación útil de medidas tan diversas como la defensa del capitalismo, el rechazo a la justicia social o el combate al narcotráfico.
Remodelar el poder blando
Roberts no se detuvo solo en Chile. Durante su visita a América Latina también pasó por Colombia y Perú. En Colombia se reunió con el vicepresidente para ofrecer entrenamiento a funcionarios públicos, y en Perú subrayó la importancia estratégica de América Latina para materializar el America First.
La visita a Perú se produjo justo cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunía en Lima con la presidenta Fujimori y esta anunciaba su adhesión al ‘Escudo de las Américas’, una alianza informal de Washington y gobiernos afines para expandir la acción militar de Washington en la región, con el fin de combatir el “narcoterrorismo”.
Esto no es una coincidencia. El Proyecto 2025 propone “hacer de la guerra irregular una piedra angular de la estrategia de seguridad”. Esto incluye “guerra irregular cibernética, informativa, económica y antiterrorista”, lawfare y presión diplomática y la denuncia pública (name and shame) de personas y organizaciones consideradas enemigas.
En esa línea, Heritage organizó en marzo en un hotel de Trump el Miami Security Forum con funcionarios, políticos, expertos militares y de seguridad de Estados Unidos y América Latina. El encuentro se repetirá el año próximo.
El Proyecto 2025 dedica también mucho espacio a una reforma radical de la diplomacia del poder blando, centrada en democracia, derechos humanos y ayuda humanitaria. La obsesión de Heritage fue desmantelar la “corrupta” agencia internacional de desarrollo de EEUU (USAID), que aparece 156 veces en el manual del Proyecto 2025 – solo detrás de “aborto”, que se repite 199 veces.
Este es un objetivo logrado. Trump eliminó el 80% de la asistencia internacional que canalizaba en buena medida la USAID y que llegó a sumar, en 2023, unos 68.000 millones de dólares. Se estima que unas 700.000 personas murieron, entre ellas más de medio millón de niñas y niños, debido al corte abrupto de programas de salud que financiaba USAID, sobre todo en África subsahariana. Para 2030, las víctimas de este ajuste podrían llegar a 14 millones, incluyendo 4,5 millones de menores de cinco años.
Sian Norris
Tal como recomienda el Proyecto 2025, la administración de Trump dejó en claro que se priorizará a las organizaciones religiosas como destinatarias o intermediarias de la poca asistencia internacional que sobreviva. En agosto, el Departamento de Estado anunció unos 2.000 millones de dólares en asistencia de salud para una serie de grupos religiosos, encabezados por World Vision y Compassion International, entre otras.
Dinero opaco
Del centenar de patrocinadores del Proyecto 2025, solo 15 revelan sus gastos internacionales en sus informes financieros. Entre 2019 y 2024, estos 15 grupos destinaron al menos 77 millones de dólares a influir en la política y la sociedad de cinco continentes, según sus declaraciones de impuestos, revisadas y analizadas por democraciaAbierta.
De ese monto, 2,1 millones fueron a América Latina y 2,7 millones a Canadá y México – Norteamérica, según la división geográfica del servicio de impuestos internos de Estados Unidos (IRS).
Estas organizaciones, registradas ante el IRS como sin fines de lucro, pueden recibir donaciones exentas de impuestos, pero no están obligadas a divulgar quiénes son sus donantes ni sus beneficiarios en el exterior. Ni siquiera deben mencionar los países; el IRS solo les exige indicar las regiones.
Alliance Defending Freedom (ADF), organización de juristas que concibió la estrategia para derogar el derecho al aborto en EEUU, es la principal gastadora internacional entre los promotores del Proyecto 2025 que declaran donaciones en el extranjero.
Casi el 60% de los 77 millones salió de los bolsillos de ADF: 43 millones de dólares, la mayor parte para Europa. En América Latina, México y Canadá, ADF gastó algo más de 930.000 dólares en el mismo período.
Su brazo externo, ADF International, tiene sedes en Viena, Bruselas, Ginebra, Londres, Washington y Nueva York, y está acreditada como organización no gubernamental en la ONU, la OEA, la Unión Europea y el Parlamento Europeo. En los últimos años, incrementó su gasto internacional en litigios y campañas, en un intento de exportar su programa político. ADF está etiquetada como grupo de odio anti-LGBTIQ – algo que la organización niega – por el Southern Poverty Law Center de EEUU, dedicado a defender los derechos civiles.
Lou Ferreira
En segundo lugar, figura la Foundation for Defence of Democracies (FDD), un centro de pensamiento proisraelí, que niega el genocidio en Gaza y es contrario a Irán, China, Rusia y Turquía. En los seis años, gastó 9,7 millones de dólares, de los que 8,8 millones fueron a Medio Oriente y el Norte de África.
Un portavoz de la FDD respondió por correo electrónico: “La Foundation for Defense of Democracies no formó ni ha formado nunca parte del Proyecto 2025. La FDD se incluyó en el comunicado por error, y se corrigió rápidamente en cuanto tuvimos conocimiento de ello”. No obstante, la organización figura como miembro de la junta asesora del Proyecto 2025 en el libro Mandate for Leadership, publicado en abril de 2023, y aparece como tal en sucesivos comunicados de prensa de Heritage de mayo de 2023, octubre de 2023 y febrero de 2024.
El portavoz no respondió a nuestras preguntas, pero añadió: “La FDD es un instituto de investigación no partidista centrado en la seguridad nacional y la política exterior”.
El American Center for Law and Justice (ACLJ) – que dirige un exabogado de Trump, Jay Sekulow – repartió 6,9 millones de dólares. En 2020, openDemocracy reveló que donaba dinero a un grupo evangélico ruso ligado a Putin. La organización, que se dedica a litigar casos contra el aborto y por la libertad religiosa, tiene oficinas en Israel, Francia, Pakistán y Zimbabue.
Una investigación transfronteriza publicada por openDemocracy hace seis años, expuso que ADF, ACLJ y otros 26 grupos de la derecha cristiana estadounidense habían gastado, entre 2007 y 2018, al menos 280 millones de dólares en todo el mundo. Varios de esos grupos también apoyaron el Proyecto 2025.
Entre los principales gastadores internacionales del Proyecto 2025 hay dos universidades ultraconservadoras, Hillsdale College (7 millones) y Liberty University (3 millones), que destinan la mayor parte de estos fondos a becas estudiantiles, viajes para cumplir “misiones” o estudios en el exterior.
La influencia global de Heritage y su Proyecto 2025 no se refleja en su gasto internacional. En los seis años analizados, la organizacióin declaró 1,2 millones de dólares, de los que 900.000 fueron a parar a Europa. Ese gasto es pequeño si se compara con los ingresos de más de 600 millones de dólares que declaró en el mismo período la organización.
Heritage destinó unos 23.000 dólares a América Latina, y otros 33.000 en América del Norte (México y Canadá) en rubros como “servicios de programas”, “investigación, medios y relaciones con el gobierno”, y “educación”.
Heritage dona asimismo a otras organizaciones estadounidenses involucradas en el combate a la igualdad de derechos, algunas de ellas también donantes internacionales, como ADF, que recibió de Heritage 200.000 dólares entre 2020 y 2022.
Heritage, ADF y ACLJ no contestaron nuestros pedidos de entrevistas.
‘Consenso’ antiabortista
Un eje de la política exterior del Proyecto 2025 es construir coaliciones internacionales de gobiernos conservadores y dispuestos a abrazar una visión única de salud, familia y matrimonio.
Según el reporte del GPAHE, la “pieza fundamental” de este eje es la Declaración del Consenso de Ginebra (DCG), documento antiabortista y no vinculante que se firmó en 2020, dos semanas antes de que Trump perdiera su primer intento de reelección.
La DCG niega la existencia de un derecho internacional al aborto y defiende un modelo de familia único, basado en el matrimonio de una pareja heterosexual.
“Es una iniciativa clave del Proyecto 2025, ya que es contraria a los derechos LGBTIQ y a los derechos de las mujeres. Esa es la visión que esta gente quiere para el mundo, no la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, dijo a democraciaAbierta Heidi Beirich, experta en extremismo y cofundadora del GPAHE.
La DCG tiene 43 países firmantes. Argentina y República Dominicana se sumaron en las últimas semanas.
“República Dominicana cumple los requisitos, dado su terrible historial en materia de acceso al aborto, pero por supuesto Argentina no los cumple, puesto que legalizó el aborto en 2020”, dijo a democraciaAbierta Gillian Kane, que viene investigando hace tiempo el Proyecto 2025 y la DCG.
Washington deja clara así su intención de reforzar su hegemonía hemisférica a través del Escudo de las Américas, la llamada ‘Doctrina Donroe’ – una reinterpretación trumpista de la Doctrina Monroe del siglo XIX, que sentó las bases de la política exterior de Estados Unidos – y la DCG, “que busca ampliar normas ultraderechistas y antiabortistas”, observó Kane, directora de política e investigación global de Ipas, una red internacional que trabaja en defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
“Todo esto conforma un tiempo peligroso para los derechos humanos en la región”, concluyó.
Para el activista argentino por los derechos LGBTIQ+ Fernando D’Elio, la adhesión de su país a la DCG es “muy significativa” en la región, ya que modificó las alianzas y correlaciones de fuerza en los organismos internacionales, en los que Argentina tuvo durante años un rol progresista.
Pero es necesario distinguir política exterior e interna, según D’Elio, co-director ejecutivo de la organización Akãhatã, que hace incidencia en organismos internacionales de derechos humanos.
En Argentina, el aborto legal, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género “no fueron meros cambios legislativos”, dijo, sino “resultado y motor de transformaciones culturales que modificaron la manera en que una parte importante de la sociedad piensa la igualdad, las familias, la sexualidad, el género y la autonomía personal”.
El gobierno de Milei no ha intentado derogar estos avances, aunque sí quiso modificar la ley de identidad de género para prohibir la atención de salud a adolescentes trans, mediante un decreto que fue suspendido por la justicia.
Sobre el aborto legal, D’Elio no cree que haya cambios legales a corto plazo. Si eso se intentara, sostuvo, “encontraría una resistencia social y política muy fuerte”. La estrategia es, en cambio, asfixiar financieramente los servicios de aborto.
En 2024, cuando Trump todavía no había empezado su segundo gobierno, democraciaAbierta documentó cómo Milei desplegaba ya algunas de las políticas más notorias del Proyecto 2025, y cómo intentaba conectar con Heritage desde 2023, a través de un agente extranjero registrado ante el Departamento de Justicia de EEUU.
Diana Cariboni
Otro país presionado para ingresar a la Declaración del Consenso de Ginebra es Perú, donde los actores ultraconservadores se hicieron visibles en 2016, con la campaña ‘Con mis hijos no te metas’ contra la perspectiva de género en la educación.
“Organizaciones religiosas conservadoras, partidos políticos y congresistas fueron construyendo una infraestructura estable de movilización, litigio, producción de contenidos y presión legislativa”, dijo a democraciaAbierta el activista George Hale, cofundador de Promsex, organización que defiende los derechos sexuales y reproductivos en Perú.
Ya no se trata solo de negar el derecho al aborto o los derechos LGBTIQ. Este movimiento “ha pasado a formar parte de una ofensiva más amplia contra la democracia, la independencia de las instituciones y la sociedad civil”, agregó Hale.
Perú, Paraguay y El Salvador tienen leyes para ahogar financieramente y censurar a organizaciones de la sociedad civil y a medios periodísticos independientes. El objetivo es “debilitar a las organizaciones que litigan, investigan, producen evidencia y vigilan al poder”, dijo.
Alianzas democráticas
Para Hale y D’Elio, es urgente la construcción de alianzas democráticas amplias, que permitan trascender la simple respuesta ante cada derecho atacado por separado.
Esos ataques no son apenas “retrocesos en temas de género”, dijo D’Elio. “Tienen vínculos muy claros con el debilitamiento del espacio cívico, el autoritarismo, los ataques al multilateralismo, la precarización económica y la erosión de las instituciones democráticas. Si los tratamos como una guerra cultural aislada, estamos aceptando el marco que propone la extrema derecha”.
Hale propuso vincular igualdad y democracia, monitorear la política exterior y seguir investigando las redes de la ultraderecha. “Debemos identificar quién financia, quién elabora las propuestas, quién forma a los parlamentarios, qué organizaciones actúan como intermediarias y cómo circulan los modelos legislativos entre países”, dijo.
“Estamos frente a una infraestructura transnacional”, concluyó Hale. “Necesitamos construir una infraestructura democrática equivalente”.
