Brasil, que fue el buque insignia de la democracia social en América Latina, se ha convertido en poco tiempo en un Estado paria. Desde su toma de posesión como presidente, el 1 de enero de 2019, Jair Messías Bolsonaro ha puesto en marcha su programa para liquidar la Constitución de 1988 que sancionó el retorno a la democracia tras más de dos décadas de dictadura militar.
El antiguo capitán de las fuerzas armadas nunca ha ocultado su desprecio por el Estado de Derecho. Desde el principio, se sabía que intentaría forzar un cambio desde el populismo de extrema derecha al autoritarismo, que se deshiciera de las salvaguardias de los poderes legislativo y judicial. Sin embargo, nadie imaginó que convertiría a Brasil en una fosa común de Covid-19.
El flagelo de las milicias
Desde febrero, Bolsonaro (sin partido político) tiene el control de facto de las dos cámaras del Congreso. Ofreciendo prebendas (alrededor de 500 millones de euros) y cargos a los representantes electos del centrão, o "gran centro", una agrupación interpartidista conocida por su venalidad, pretende protegerse contra la apertura de un juicio político por negacionismo histórico (apología de la dictadura), negacionismo ecológico (destrucción de la Amazonía) y negacionismo sanitario (promoción activa del virus).
