Las donaciones representan casi la mitad del presupuesto de la Fundación Chile Unido, organización sin fines de lucro que se dedica a prevenir el aborto, y que está envuelta en una batalla legal para no tener que divulgar quiénes son sus donantes privados, a raíz de una investigación de openDemocracy y La Pública.
Su presupuesto incluye recursos públicos: los gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y dos municipios de altos ingresos le han transferido montos millonarios. Obligada por el Consejo para la Transparencia a entregar información sobre sus donaciones privadas, la fundación recurrió a la justicia alegando la importancia de que se preserve el secreto fiscal.
La televisión chilena de principios de los 2000 se remeció con una cuña publicitaria de Chile Unido. Una escolar sentada a la mesa, con actitud temerosa, baja la mirada mientras sus padres le sirven el desayuno. “Me van a matar, me van a matar”, se escucha la voz en off de la adolescente, palabras que se repiten en la supuesta voz de un feto. Una publicidad en televisión costaba por entonces unos 3.250.000 de pesos (3.400 dólares), según la agencia publicitaria Megatime.
