Hoy en día, el mundo está experimentando una revolución demográfica sin precedente hacia el envejecimiento de la población, y ninguna región está exenta. A nivel mundial, hay aproximadamente 700 millones de personas de 60 años o más de edad, y esta cifra se duplicará para 2025. En 2050, las personas de edad constituirán el 20 % de la población mundial; lo que será un máximo histórico. En vista de estas previsiones, en 2013, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció por primera vez el mandato del Experto Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad.
El principal objetivo de este mandato es contribuir al fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas de edad. El envejecimiento afecta a las poblaciones de diferente manera, con cuestiones fundamentales como el maltrato de ancianos, la existencia de centros de atención adecuados y el acceso a la atención médica de calidad. El alcance del mandato es lo suficientemente amplio para abarcar no solo una evaluación de la implementación de los instrumentos internacionales existentes relacionados con las personas de edad (incluida la identificación de las mejores prácticas y de los vacíos en todo el mundo), sino también la toma de acciones para generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas de edad en el disfrute de sus derechos. Más específicamente, también comprende una evaluación de las consecuencias para los derechos humanos de implementar uno de los principales documentos políticos dedicados a las personas de edad, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, aprobado hace 14 años por la Asamblea General.
Para satisfacer este mandato, elegí un enfoque integral hacia el envejecimiento, que presenté en mi primer informe anual en 2014. Este enfoque integrado toma en consideración marcos normativos y políticos a nivel internacional para comprender la complejidad y la heterogeneidad del envejecimiento, identificar las necesidades de las personas de edad, crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan y analizar cómo se ha incorporado su situación a las políticas, las leyes, los planes y los programas.
