Manifestación contra el gobierno y la corrupción delante del edificio del Congreso, en Brasilia, Wikicommons/ José Cruz/Agência Brasil. Some rights reserved

Nosotros, investigadores y profesores universitarios brasileros, nos dirigimos a la comunidad académica internacional para denunciar un grave proceso de ruptura de la legalidad actualmente en curso en Brasil.

Después de importantes avances sociales en los últimos años, Brasil continúa siendo un país profundamente desigual, con un sistema político marcado por elevados niveles de clientelismo y corrupción. La influencia de las grandes empresas en las elecciones, por medio del financiamiento privado de campañas, provocó sucesivos escándalos de corrupción en los que está implicada toda la clase política.

El combate contra la corrupción se volvió un clamor nacional. Los órganos de control del Estado han respondido a esta exigencia y, en los últimos años, las acciones contra la corrupción se intensificaron, comprometiendo a la elite política y a grupos empresarios.

Sin embargo, hay una instrumentalización política de ese discurso, que busca desestabilizar a un gobierno democráticamente electo para profundizar la grave crisis económica y política que atraviesa el país.

Uno de los epicentros desde donde se instrumentaliza la crisis y se desestabiliza al gobierno está vinculado a sectores de un poder que debería celar por la integridad política y legal del país.

La llamada “Operación Lava Jato”, dirigida por el juez de primera instancia Sérgio Moro, que desde hace dos años centraliza las principales investigaciones sobre corrupción, ha sido enturbiada por el uso constante e injustificado de medidas que la legislación brasilera establece como excepcionales, tales como la prisión preventiva de acusados y la conducción coercitiva de testimonios. Las prisiones arbitrarias son abiertamente justificadas como forma de presionar a los acusados para obtener imputaciones contra supuestos cómplices. Hay un vaciamiento permanente y selectivo de la información de estos procesos  en los medios de comunicación. Existen indicios de que las operaciones policiales son combinadas con vehículos de prensa, a fin de ampliar la exposición de los implicados. Hasta la Presidenta de la República fue víctima de escuchas telefónicas ilegales. Los medios de comunicación divulgaron públicamente trechos de escuchas, tanto legales como ilegales, incluso en casos en los que solo trataba de asuntos personales sin cualquier relevancia para la investigación, con la exclusiva intención de perjudicar a determinadas personalidades públicas.

Las denuncias que emergen contra los líderes políticos de la oposición han sido en gran medida desplazadas de las investigaciones y silenciadas por los vehículos hegemónicos de prensa. Por otro lado, aunque no pese ninguna denuncia contra la Presidenta Dilma Rousseff, la “Operación Lava Jato” ha sido usada para respaldar la tentativa de juicio político en curso en la Cámara de Diputados – que es conducida por el Diputado Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y opositor, acusado de corrupción e investigado por el Consejo de Ética de esa casa legislativa.

Cuando la forma de proceder de las autoridades públicas choca con los derechos fundamentales de los ciudadanos, atropellando reglas liberales básicas de presunción de inocencia, igualdad jurídica, debido proceso legal, derecho a réplica, principio de contradicción y derecho a la defensa, es preciso tener cautela. La tentación de fines nobles es suficientemente fuerte para justificar atropellos procedimentales, y ahí reside un enorme peligro.

El juez Sérgio Moro no se encuentra en una situación de imparcialidad necesaria para continuar al frente de las investigaciones en curso. El combate a la corrupción precisa se hecho dentro de los estrictos límites de la legalidad, con respeto a los derechos fundamentales de los acusados.

El riesgo de ruptura de la legalidad, por una asociación entre sectores del Poder Judicial y medios de comunicación históricamente alineados con la oligarquía política brasilera, en particular la Rede Globo de Televisão – que apoyó a la dictadura militar (1964-1985) y fue su principal vehículo de sustento -, puede comprometer a la democracia brasilera, llevando a una situación de polarización y de agresiones sin precedentes.

Por eso, queremos pedir la solidaridad y el apoyo de la comunidad académica internacional, en defensa de la legalidad y de las instituciones democráticas en Brasil.

********************************************

La página Web del Brazilian Observatory proporciona la completa actualización de esta Carta Abierta y va a continuar aceptando el apoyo de investigadores y profesores universitarios de Brasil y de toda la comunidad académica internacional hasta el 10 de abril. El número de subscriptores actuales excede ya los 3.500 y pueden encontrarse en la misma página. El Comité de Investigación sobre Clases Sociales y Movimientos Sociales de la Asociación internacionales de Movimientos Sociales (ISA RC47) da todo su apoyo a esta Carta Abierta.