A fines de marzo, el gobierno de Argentina celebró la mejora en el índice de pobreza: según el INDEC, el organismo oficial de estadísticas, el 28,2% de la población era pobre en el segundo semestre de 2025, una baja marcada respecto del 52,9% de 2024.
El presidente Javier Milei recurrió a las redes sociales para festejar lo que consideró un éxito. “LA POBREZA SIGUE BAJANDO. Dato, no relato”, escribió en X, y agregó: “MAGA! [Make Argentina Great Again]”.
En la Argentina de Milei, la idea de “dato, no relato” desempeña un papel central en la forma en que el gobierno reconfigura la narrativa sobre la reducción de la pobreza. El “relato” se presenta como manipulación, mientras que los “datos” se presentan como neutrales. Lo que se mide, importa; lo que no se mide, no existe.
La cantidad de personas clasificadas como pobres disminuye no a pesar del desmantelamiento y la desfinanciación de los comedores populares, de los programas contra la violencia de género y de las organizaciones sociales que brindaban apoyo, sino precisamente gracias a eso. Herramientas que antes eran fiables para medir la pobreza están siendo desmanteladas.
En el tercer día de su mandato, en diciembre de 2023, Milei eliminó los ministerios de Desarrollo Social y de Mujeres, Géneros y Diversidad, integrando sus funciones en el de Capital Humano. Desde entonces, ese nuevo ministerio recortó el financiamiento público a comedores comunitarios, vació el programa Acompañar – que recibía, registraba y respondía a denuncias de violencia de género y brindaba asistencia a víctimas económicamente dependientes – y cerró el plan ENIA, que había reducido el embarazo adolescente en un 50% y empleaba a 600 personas antes de ser clausurado.
La línea 144 para víctimas de violencia de género, creada en 2003 y que recibió más de 900.000 llamadas en su primera década y permitió registrar la violencia de género como un problema de Estado, también perdió la mayor parte de su presupuesto en términos reales.
El gobierno no está ocultando información, sino destruyendo la infraestructura que la producía, y esa destrucción es, en sí misma, la tecnología de su gobernanza
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, describió los recortes como una forma de eliminar intermediarios corruptos y ofrecer asistencia directa y transparente a los sectores vulnerables. En la práctica, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil que hacían visibles ciertas formas de sufrimiento – convirtiendo el hambre, la violencia y la precariedad en hechos concretos, cuantificables y políticamente organizados – ya no cuentan con los recursos para hacerlo.
El gobierno no está ocultando información, sino destruyendo la infraestructura que la producía, y esa destrucción es, en sí misma, la tecnología de su gobernanza.
Un caso emblemático son los comedores populares, construidos durante décadas de crisis por organizaciones barriales, clubes, iglesias y movimientos sociales. Alimentaron a la población durante la crisis económica de 2001, el ajuste del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y la crisis inflacionaria bajo la administración de Alberto Fernández, previa a Milei.
El año pasado, el gobierno cerró el registro nacional de estos comedores, alegando que ya no era necesario. Aunque la inscripción en el registro no garantizaba recibir recursos públicos, hoy es imposible saber cuántos de los 44.000 comedores registrados siguen funcionando, con o sin asistencia del gobierno.
Antes de Milei (2020-2023), entre 4.000 y 5.000 comedores recibían alimentos del estado cada año. Para mediados de 2025, el gobierno asistía a 1.552.
En 2024 se estimaba que los comedores, u ollas populares, alimentaban a 10 millones de personas, pero no reducían oficialmente la pobreza, ya que no entregaban dinero: el índice de pobreza por ingresos se basa en si los ingresos de un hogar cubren una canasta de bienes, no en si las personas efectivamente comen.
Sin embargo, eran los lugares donde el hambre se volvía visible. Una familia que acudía a un comedor formaba parte de una red que sabía no solo cuántas personas alimentaba, sino por qué: qué hogares habían perdido un empleo, cuáles estaban endeudados, cuáles estaban a un paso de la indigencia.
Las mujeres al frente de estos comedores – a menudo gestionados por organizaciones feministas y populares – constituían, entre otras cosas, densos sistemas de conocimiento social sobre la textura de la precariedad, algo que las encuestas de ingresos no logran captar.
Ollas populares: Mujeres organizadas levantan trinchera contra el hambre en Argentina
Lo que se está destruyendo no es solo un servicio, sino un territorio. La filósofa y teórica política argentina Verónica Gago ha descrito este proceso como la “fascistización de la reproducción social”: el desmantelamiento sistemático del territorio colectivo sobre el cual las comunidades pobres y feminizadas construyeron vida política junto a la supervivencia material.
Los comedores eran ese territorio. Nacieron de la lucha, se entrelazaron con los movimientos populares y feministas, y fueron sostenidos por el trabajo no remunerado e invisibilizado de mujeres. Quitarles financiamiento no es solo retirar un servicio, sino también eliminar las condiciones que hacían visibles ciertas vidas como vidas que importan.
Las estadísticas de pobreza por ingresos del INDEC no pueden medir la inseguridad alimentaria, la supervivencia sostenida con deudas, las horas dedicadas a administrar la escasez ni la violencia doméstica que se intensifica cuando falta dinero. Las organizaciones que podían registrar estos fenómenos han sido desfinanciadas o desmanteladas.
Otros indicadores también fueron recortados. El índice de pobreza multidimensional, que mide carencias en vivienda, salud, educación y empleo además del ingreso, fue reclasificado como una herramienta no oficial y no se actualiza desde principios de 2024, cuando el 43,6% de la población se encontraba en esa situación.
Los propios datos oficiales contienen su refutación parcial. El desglose trimestral del INDEC muestra que la pobreza subió al 32,5% en el último trimestre de 2025, antes de que el promedio semestral se ubicara en 28,2%. Es decir, el dato principal oculta un deterioro reciente.
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica sitúa la pobreza en 36,2% para el mismo período en que el INDEC la ubica en 28,2%, utilizando una metodología más amplia y abarcando más ciudades. Además, estos especialistas sostienen que la pobreza estructural no ha bajado del 25% en más de dos décadas, independientemente del gobierno de turno.
Oculta en las estadísticas del INDEC hay otra cifra que el gobierno no postea en redes: 41,3% de los menores de 14 años son pobres
Oculta en las estadísticas del INDEC hay otra cifra que el gobierno no postea en redes: 41,3% de los menores de 14 años son pobres, tras dos años de celebración de mejoras. Datos presentados esta semana por el Observatorio de la Deuda Social son aún más alarmantes: 53,6% de niños, niñas y adolescentes son pobres, 28,8% sufren inseguridad alimentaria y 64,8% dependen de algún tipo de asistencia alimentaria.
Los niños, niñas y adolescentes son quienes más necesitan la infraestructura colectiva que está siendo destruida. Los comedores los alimentaban. El plan ENIA llegaba a sus madres. El programa Acompañar sostenía los hogares en los que crecen.
El Estado no necesita falsificar datos. Solo debe eliminar las condiciones que hacen posible que ciertas realidades se conviertan en datos. Destruir la institución es destruir el registro. Lo que queda es una cifra que puede ser real, pero que dice muy poco sobre lo que viven las personas que pretende describir.
