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La pandemia expuso la urgencia de regular la uberización en América Latina

Los repartidores en Brasil han organizado una huelga nacional para exigir seguridad, comida durante la jornada laboral, tarifas justas, cobertura en caso de accidentes y el fin del sistema de puntuación y de bloqueos.

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1 July 2020
Un hombre que trabaja para una aplicación de entrega pasa con su bicicleta frente a policías antidisturbios durante una protesta en São Paulo en medio de la crisis del coronavirus
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Felipe Beltrame/NurPhoto/PA Images

La precarización del trabajo es un fenómeno mundial, característico de la realidad post crisis financiera de 2008-09, que socavó los derechos laborales y cimentó la hegemonía del neoliberalismo agresivo y del integrismo del máximo beneficio al mínimo coste.

Pero el fenómeno ha tenido efectos desproporcionados en el Sur Global, donde la precariedad histórica de los derechos laborales y la desigualdad extrema y sistémica han encontrado en la uberización (neologismo que define la precarización laboral que simboliza la empresa americana Uber) la vía para profundizar aún más las brechas entre los que tienen mucho y los que tienen muy poco.

La precariedad del trabajo en América Latina refleja una multitud de deficiencias del Estado, que han salido a la luz con la emergencia sanitaria de la Covid-19. En este escenario, los repartidores han surgido como unos de los principales “servicios esenciales” de la sociedad en tiempos de crisis. Sin embargo, la importancia central de esta actividad no ha traído mayor valorización de sus trabajadores sino, más bien, su explotación.

Conocida como ‘industria naranja’ o ‘industria creativa’, la práctica de transformar el trabajador formal en trabajador just-in-time ha sido disfrazada bajo un manto de emprendimiento. Las empresas basadas en aplicaciones tecnológicas como Rappi tienden a ignorar las regulaciones establecidas para el pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social, y a no respetar las relaciones laborales y otros costos que soportan las empresas de la economía tradicional. Así es como Uber, la firma de taxis privados, evita el pago de la licencia y matrícula del automóvil y las tarifas de seguro para sus 'socios' o conductores secretos, y que Airbnb evita los impuestos de los hoteles cuando hace posible alquileres de pisos a corto plazo a través del internet.

Mientras las empresas se lucran con billones de dólares, los ‘socios’ trabajan sin contrato, enfrentan jornadas que superan con creces las ocho horas legales, con remuneración por debajo del mínimo, sin acceso a seguro de salud, a indemnizaciones, vacaciones, y mucho, mucho más. Las empresas han evadido sus obligaciones y los trabajadores – en su mayoría pertenecientes a sectores desfavorecidos – han sido sometidos a un régimen de explotación sistemática.

Brasil y la huelga del 1 de julio

A la vista del desastre administrativo de la gestión de la Covid-19 por parte de Jair Bolsonaro – que ha contribuido a que Brasil sea el segundo país con mayor número de fatalidades, con casi 60,000 muertes – , el caso brasileño quizás sirve de ilustración principal en este momento.

“Nadie aquí es un emprendedor. ¡Somos mano de obra en esta mierda!” declaró el repartidor y rapper Paulo Lima

De hecho, el impacto de la pandemia en Brasil adoptó un slogan, que se puede ver repetido en diferentes partes en São Paulo: “Brasil no se detuvo. Se está moviendo sobre dos ruedas”.

Según un estudio, en marzo, el número de descargas de aplicaciones de entrega rápida– como Rappi, iFood, UberEats, Loggi e James – creció un 54%, y el 33% de los encuestados dice que van a comer en restaurantes con menos frecuencia debido a la pandemia, incluso después de la flexibilización. Y el 42% de los consumidores respondieron que van a comprar más online, no solo comidas o alimentos, sino también productos en general, lo que indica que las entregas a domicilio llegaron para quedarse y se espera que crezcan aún más en el futuro.

El sector de los repartidores, que ya sufría con la falta de asistencia y de derechos básicos, vio empeorar el escenario en medio de la pandemia. Considerada una actividad esencial, el servicio vio aumentar su demanda y caer su remuneración, mientras que los riesgos, principalmente de contraer la enfermedad, siguen aumentando.

Según una encuesta, el 60,3% de los entrevistados informó de una disminución de ingresos, comparado con el período anterior a la pandemia. Otro 27,6% dijo que los ingresos se han mantenido y sólo el 10,3% dijo que están ganando más dinero durante la cuarentena.

Frente a la popularización del servicio y su evidente precarización, los repartidores han organizado una huelga nacional hoy, 1 de julio, para hacer ver sus demandas por dignidad en el trabajo.

“Nadie aquí es un emprendedor. ¡Somos mano de obra en esta mierda!” declaró Paulo Lima, también conocido como Galo, un repartidor y rapper fundador de un grupo llamado “Repartidores Antifascistas”.

Con la paralización, los repartidores exigen más seguridad, comida durante la jornada laboral, tarifas justas, cobertura en caso de accidentes, además del fin del sistema de puntuación y de bloqueos, que ejerce una presión desmesurada sobre los trabajadores.

¿Quiénes son estos trabajadores?

Una encuesta realizada en Brasil en el 2019, estableció un perfil de los repartidores en bicicleta a partir de cientos de entrevistas: el 99% son varones, el 71% se declararon negros, más del 50% tienen entre 18 y 22 años, el 57% trabajan todos los días de la semana y el 75% permanecen conectados a la aplicación hasta 12 horas seguidas, y el 30% trabajan aún más tiempo. Y lo hacen por un promedio mensual de 992 reales (seis reales menos que el salario mínimo, fijado en 998 reales, el equivalente a unos 180 dólares americanos).

La llamada uberización del trabajo contribuye a agravar el problema en una de las regiones más afectadas por la informalidad

Ya los repartidores en moto, según un estudio realizado en São Paulo, ciudad conocida por sus motoboys, el 32% tenían menos de 30 años y el otro 68% tenían entre 30 y 60 años. En cuanto a la jornada laboral, el 90% de los encuestados trabajaba más de ocho horas al día. El 50% del tiempo superaban las diez horas y el 20 % normalmente trabajaban entre 13 y 16 horas al día. Con respecto a la remuneración, el 30% ganaba entre 500 y 1.500 reales (entre 90 y 275 dólares); el 40% entre 1.300 y 2.000 reales; el 20%, entre 2500 y 3000 reales; y sólo el 10%, ganaba por encima de 3000 reales.

No es casualidad que, en todo el mundo, la industria naranja haya visto un boom después de la crisis financiera del 2008/2009. Con tasas de desempleo disparadas, estas empresas basadas en aplicaciones tecnológicas fueron vistas como una solución para los millones de personas que quedaron sin trabajo como consecuencia de la recesión.

Poco a poco, las economías fueron recuperándose y la gente volvió a buscar trabajos formales. Las startups empezaron a buscar ‘socios’ en las poblaciones más desfavorecidas, que sufrieron las consecuencias más graves de aquella crisis – como seguramente también ocurrirá en ésta. A raíz de eso, la mayoría de los repartidores de América Latina provienen de barrios pobres, la mayoría en la periferia, y tienen que pedalear sus bicicletas y conducir sus motos desde periferias lejanas hacia zonas centrales y privilegiadas, enfrentándose el tráfico violento de las metrópolis latinoamericanas, riesgos de asalto y accidentes y a largas horas de traslado, muchas veces no remuneradas.

La industria naranja es importante, pero hay que regularla

Por más que duras, estas oportunidades laborales son fundamentales en las economías emergentes. Cómo dijo el propio Galo, la intención no es prohibir estos trabajos o cerrar las empresas, pero sí regularlas.

Pero la manera en cómo está diseñada la industria hoy sólo acentúa un proceso de informalización del trabajo, organizándolo de una manera que tiene el atractivo aspecto de la innovación, pero a la vez se apropia productivamente de diferentes aspectos socioeconómicos aprovechando vacíos legales y débil regulación.

La llamada uberización del trabajo contribuye a agravar el problema en una de las regiones más afectadas por la informalidad. En una región en que el 54% de la fuerza laboral – o 158 millones de trabajadores – no tiene protección dentro del marco laboral legal, los gobiernos deberían posicionarse para mejorar el problema y no, como suelen hacer, lavarse las manos.

"La uberización del trabajo es global, no afecta sólo a los que la sufren. Es imposible y no debemos detener este movimiento, pero debe ser regulado. Si quieres crecimiento, expansión, esto debe hacerse con responsabilidad", dijo Galo en un live el viernes pasado.

La expansión de la demanda en estos tiempos de pandemia es una oportunidad de trabajo en un escenario difícil para muchos, pero las empresas, bajo la supervisión de los reguladores, deberían tener en cuenta que los trabajadores son personas con derechos, y que no todo vale para alcanzar a toda costa el objetivo de máximo beneficio y mínimo coste para los accionistas.

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