Los 102 pueblos indígenas de Colombia sufren en mayor o menor grado los efectos del cambio climático, la deforestación y la contaminación ambiental en sus resguardos. Su seguridad alimentaria está en riesgo, y sus saberes y sitios sagrados se ven amenazados.

Uno de los territorios que en los últimos diez años ha perdido cobertura de selva amazónica es el resguardo Predio Putumayo, de más de cinco millones de hectáreas, distribuidas en los departamentos de Amazonas y Putumayo.

En la parte ubicada en el municipio de Puerto Leguízamo, frontera con Perú, ha avanzado la ampliación de potreros para ganadería afectando cerca de mil hectáreas de bosques del resguardo y del Parque Natural Nacional La Paya.

La ampliación de la frontera agrícola ha tocado directamente a las comunidades Uaima, Chaibajú y Nukanchiruna, muy cercanas al eje carreteable, área ganadera de ese municipio.

Luis Alberto Cotte Muñoz, de la etnia Murui o Huitoto, de estatura mediana, cabello negro y de piel cobriza, dice que la tala rasa está acabando con los sitios sagrados como nacimientos de agua y salados, lugares donde los animales se alimentan. Además, se están extinguiendo especies de árboles propios de la zona.

“La afectación del ecosistema por los cambios de cobertura de bosque perjudica directamente a nuestras comunidades. Muchos de los lugares que han sido importantes para nuestra autonomía alimentaria están cambiando”, asegura Luis Alberto, al explicar que los indígenas se alimentan de “carne de monte”, es decir, de animales como la boruga, micos, danta y otros que hoy día no cazan con facilidad debido a que están en lugares muy apartados. Tampoco se consiguen frutos silvestres.

El líder indígena añadió que no cuentan con agua limpia y varios afluentes están contaminados. “Hay una gran contaminación por el uso de químicos para los potreros. Hace más calor”, dice Luis Alberto Cotte, quien desde hace nueve años coordina el área de territorio de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas de Puerto Leguízamo y del Alto Resguardo Predio Putumayo (Acilapp).

Puerto Leguízamo está entre los 15 municipios en donde se concentra la mayor deforestación en Colombia. Allí, en el 2018 fueron taladas 3.343 hectáreas, según informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). En todo el país, el año pasado fueron deforestadas 197.159 hectáreas, de las cuales el 70,1% ocurrió́ en la Amazonía.

Para Cotte, quien ha caminado palmo a palmo su territorio, también le preocupa que prácticas tradicionales arraigadas a la madre tierra y a los ríos, como la siembra de la chagra y la pesca, se estén perdiendo porque los lugares están siendo ocupados por ganaderos, y en otros casos, por grupos armados ilegales para la siembra de cultivos de uso ilícito como la coca.

En esa región, otra afectación a la selva es la tala ilegal. En el informe Condenando el Bosque, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) reveló que traficantes de madera ingresan a los territorios indígenas a talar árboles protegidos y en vía de extinción, entre ellos, el cedro, que luego son ‘blanqueados’ y comercializados con permisos legales.

También, intermediarios y madereros mediante engaños convencen a los indígenas para que les cedan los títulos de las tierras y así sacar los permisos de aprovechamiento forestal.

“No hay autoridad ambiental. No es efectiva la política de control. Con las autoridades tradicionales de las 23 comunidades que conforman Acilapp hacemos presencia en el territorio para controlar, pero se requiere más apoyo y entre ambos proteger los bosques”, dice Cotte, mientras mambea coca, una sustancia de uso tradicional de los pueblos amazónicos.

El caso del resguardo Predio Putumayo, donde viven indígenas murui o huitoto, kichwa y coreguajes, no es ajeno al de las otras etnias que perviven en este país latinoamericano, considerado pluriétnico y multicultural.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) asegura que los daños socio ambientales relacionadas con la deforestación van más allá de tala no controlada e ilegal, también se está dando por el incremento en las autorizaciones de polígonos para bloques petroleros, mineros, hidroeléctricas y viales en zonas consideradas protegidas, de reserva forestal y de resguardos.

“Estos proyectos se están trazando sin un diálogo con las comunidades de los territorios y que cuidan esos ecosistemas. Cada día se irrespetan derechos colectivos como la consulta previa”, dijo Fernando Herrera Arenas, abogado de la Consejería de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad de la ONIC.

A la ONIC le preocupa que los saberes y creencias alrededor de la naturaleza, el ejercicio de gobierno propio y la falta de autonomía alimentaria de los pueblos ancestrales estén amenazados por los cambios del clima, los conflictos territoriales y las políticas extractivas. Además, advierte que su derecho a ejercer autoridad en sus territorios, según reza en la Constitución Política, cada día es más vulnerado, incluso se agrava con el asesinato de líderes indígenas.

Desde la firma del acuerdo de paz, -entre el Gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC)- en noviembre de 2016 a agosto de 2019, han sido asesinados 158 líderes indígenas, según la ONIC.

“No es posible construir agenda propia colectiva en tierras que están envenenadas, en tierras que no ofrecen los mínimos para subsistir, para pervivir como comunidad, y en sitios donde los lugares sagrados están siendo amenazados por las grandes industrias y multinacionales que están llegando de manera exagerada y acelerada a los territorios”, aseguró Fernando Herrera.

Para los pueblos indígenas, la consigna es la “defensa del territorio”, por ello, mantendrán acciones de resistencia desde sus comunidades, que como asegura Cotte, son las de seguir caminando las selvas, dialogar en comunidad con la guía de los abuelos o sabedores espirituales, y sobre todo, cuidar la naturaleza, la madre tierra, que es la que les da los alimentos, el agua, el aire, la vida.