El 8 de junio de 2020, los familiares de las víctimas de asesinatos a manos de la policía en los Estados Unidos y más de 600 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo iniciaron un nuevo capítulo en la lucha contra el racismo. Les escribieron a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para pedirles que realizaran con urgencia una sesión especial sobre los EE. UU., a fin de responder a la grave crisis de derechos humanos que supone la represión de las protestas en todo el país tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía y otros homicidios injustificados de personas negras indefensas por la policía y justicieros blancos.
En respuesta, el 12 de junio, el embajador Dieudonné W. Désiré Sougouri de Burkina Faso, en nombre del Grupo Africano sobre derechos humanos en Ginebra, le escribió a la presidenta del Consejo, la embajadora Elisabeth Tichy-Fisslberger, para solicitar un debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas.
El Consejo llevó a cabo ese debate urgente el 17 de junio, cuando reanudó su 43er periodo ordinario de sesiones. Dos días después, aprobó por consenso la resolución A/HRC/RES/43/1 para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos por parte de agentes del orden.
