Desde el principio de su mandato, el presidente Nayib Bukele ha enviado señales preocupantes que han encendido alarmas en amplios sectores nacionales y en la comunidad internacional, que van desde dictar importantes órdenes ejecutivas vía Twitter, amenazar militarmente a la Asamblea Legislativa, desconocer fallos judiciales o atacar inescrupulosamente a quienes considera sus adversarios políticos.
Las preocupaciones por estos excesos se han incrementado en las últimas semanas debido a algunas medidas y mensajes que el mandatario ha lanzado – especialmente en redes sociales – en el marco de la emergencia provocada por la pandemia global de COVID–19. Como se ven las cosas, parece que la enfermedad no es la única amenaza que debe enfrentar El Salvador, sino también las expresiones de dominación presidencial, un peligro igualmente devastador y letal para la salud de la democracia y la institucionalidad.
A lo largo de su historia El Salvador ha tenido que combatir este mal autoritario más de una vez, pero con la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, se creyó haber sentado las bases para construir una sociedad desmilitarizada, dialogante, respetuosa de la constitucionalidad y de los derechos humanos, es decir, del Estado de Derecho.
