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En un artículo escrito por Relaciones Exteriores en 1993, el entonces líder de la ANC y pronto por ser Presidente Nelson Mandela articuló la posición de política exterior del ANC en una Sudáfrica post-apartheid. Su descripción con visión al futuro decía: “los asuntos de derechos humanos son el centro de las relaciones internacionales y un entendimiento que se extienden más allá de lo político, abarcando la economía, lo social y el ambiente; las soluciones duraderas a los problemas de la humanidad puede venir solamente de la promoción de la democracia en todo el mundo; que las consideraciones de justicia y respeto por el derecho internacional debe guiar a las relaciones entre las naciones; que la paz es la meta por la cual todas las naciones deben de esforzarse, y donde esto se rompa, se acuerde internacionalmente y con mecanismos no violentos… Que las preocupaciones e intereses del continente Africano debe ser reflejado en nuestras opciones de política exterior…”

Desde 1994, Sudáfrica ha jugado un rol mayor en el continente y globalmente. Ha sido elegido dos veces como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, es miembro de la IBSA y más recientemente de BRICS, y ha visto su rol creciendo exponencialmente en la Unión Africana y como mediador y contribuyente de las fuerzas de mantenimiento de la paz en el continente.

La política exterior de Sudáfrica puede quizá ser mejor descrita como caminando en la cuerda floja entre las expectativas del país como líder de los derechos humanos (y el deseo de jugar su rol en un escenario global) y la política real inevitable de negociar las arenas movedizas del ambiente geopolítico donde los bloques del poder se forman en nuevas maneras. Aunado a las propias ambiciones de Sudáfrica – como líder en Africa, como un líder global africano – hace que sus líderes escojan sus circunscripciones y posiciones en cada asunto cuidadosamente.

Como su poder y rol va creciendo, las prioridades de Pretoria y los objetivos de política exterior están bajo un escrutinio en aumento – y algunas veces criticismo severo – incluyendo del ícono de anti-apartheid Arzobispo Tutu quien ha cuestionado el record del país mientras servía en el Consejo de Seguridad, apuntando en particular los esfuerzos para mantener a Zimbabue fuera de la agenda del Consejo. Este criticismo ha sido quizá el más nítido como resultado del set único de expectativas que Sudáfrica cumplió post 1994, un set de expectativas que relacionadas con sus propio pasado en derechos humanos y volviéndose en poder del partido liberación ha producido 3 ganadores de Premios Nobel y el liderazgo moral de íconos globales de derechos humanos como Mandela y el Arzobispo Tutu. La política exterior de una Sudáfrica democrática se presume ser un reflejo de liderazgo de derechos humanos y asuntos de justicia social en particular. Y ha sido un set de expectativas entre otros poderes emergentes – Brasil, Turquía, India, por ejemplo – que no han tenido que hacer.

Mientras Sudáfrica puede sentarse cómodamente en bloques de poder emergentes como BRICS, comparte el deseo común con estos estados de remodelar las dinámicas del poder global actual, incluyendo un empuje para reformar el Consejo de Seguridad a un cuerpo más representativo y democrático. Este deseo de remodelar las dinámicas del poder y retar el estatus quo ha incluido cuestionamientos a la misma evaluación del uso del idioma de derechos humanos selectivamente en sacar a la luz alugunas situaciones y no otras. Por qué es, por ejemplo, que en el Oeste del Sahara o en la Bahía de Guantánamo de la misma manera que lo hacen cuando los intereses establecidos están en peligro. En el debate anual del Consejo de Seguridad del Oeste del Sahara el año pasado, el embajador de Sudáfrica acusó al Consejo de doble moral; en contraste la respuesta al Arab Spring con la negativa de permitir un mecanismo de monitoreo de los derechos permanente en la región bajo discusión y acusando al cuerpo de un “acercamiento selectivo a los derechos humanos”. Esta es la línea con un criticismo más general emanando de Pretoria que apunta a la práctica de aquellos que dejan el poder en la arena internacional para utilizar los derechos humanos como una herramienta para perseguir intereses nacionales elaborando exitosamente la narrativa ‘correcta’ en algunas situaciones mientras que ignoran los derechos humanos en otras situaciones.

Esto punto sirve para recordar que no existe cosa como ‘política exterior de derechos humanos’ y ciertamente que evaluando la política exterior puramente en un solo asunto es analíticamente deficiente. Es más apropiado proveer un análisis contextual de la meta general del tratamiento de derechos humanos de un estado, reconociendo consistencia cuando exista pero enfocando en tendencias que puedan revelar las prioridades. Esto puede ayudar a entender que el nuevo orden global puede parecer como si los poderes emergentes continúan creciendo en influencia en la escena mundial.

Evaluando la política exterior de Sudáfrica, particularmente en relación con asuntos de guerra y paz, requiere una apreciación que Sudáfrica aborda sus relaciones internacionales a través de los lentes de su propia historia de logros informados localmente, soluciones negociadas cuando el logro de paz y justicia fue visto como imperativos de refuerzo mutuo. Debe de venir sin sorpresa que en esos casos donde SA ha sido juzgado más severamente, ha seguido la política de una solución negociada. En Libia, aunque Sudáfrica votó por ambas resoluciones del Consejo de Seguridad en 1970 y 1973, la zona de no vuelo y la referencia de ICC, continuó buscando una solución negociada en el contexto de un Panel de Alto Nivel AU del que llevó. Similarmente, en Siria, mientas su postura en el Consejo de Seguridad en el 2012 fue ampliamente criticado, el acercamiento correcto o incorrectamente reflejó un esfuerzo continuo para encontrar las soluciones negociadas para conflictos aparentemente insolubles.

El acercamiento de Sudáfrica a la Corte Criminal Internacional demuestra cómo sus intentos para balancear los imperativos de los diferentes grupos, sus propios compromisos de derechos humanos y su búsqueda de metas más amplias como gobierno global.

En declaraciones ante el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Sudáfrica frecuentemente ha estresado la importancia de pelear en contra de la impunidad y la contribución significativa hecha por el ICC en fortalecer responsabilidad, alentar otros estados para volverse signatarios del Estatuto de Roma y enfocarse en esos asuntos, como fondos y no cooperación, lo cual frustra el trabajo de la Corte. Al mismo tiempo Sudáfrica ha levantado preocupaciones acerca de las políticas más amplias del ICC y la falta de consistencia como representa una amenaza a la legitimidad y efectividad de la misma Corte y las intenciones de las cuales se apuntalan.

Sudáfrica ha apoyado consistentemente la Corte pero también ha llamado por dos procesos de seguimiento en situaciones como Darfur el cual permitiría el seguimiento judicial y de responsabilidad así como el seguimiento político para hacer frente con los asuntos más amplios y eventualmente con la paz sostenida y de largo plazo. Es en este contexto que es llamado por el artículo 16 de aplazamiento con respecto a la situación en Darfur. También aspira a respetar los esfuerzos regionales para resolver el conflicto.

El manejo de relaciones con el Presidente Sudanés Bashir demuestra que tan espinoso el acto de balance de Sudáfrica puede ser a veces. Mientras que el Presidente Bashir fue invitado a la inauguración del Presidente Zuma en el 2009, también se reportó que fue aconsejado través de canales diplomáticos a no atender y después aconsejado a que una orden de detención fue, de hecho emitida y que se la notificarían cuando llegara a tierra Sudafricana. 

Esta solución permitiría a SA a cumplir con sus obligaciones, notar la independencia de su propio judiciario así como mantener las relaciones diplomáticas con una cabeza de estado en una situación donde puede haber mucha palanca para mediar y asistir a resolver el conflicto.

Similarmente, mientras no se apoyen las objeciones de la Unión Africana que la corte estaba ‘enfocando a Africanos’, Sudáfrica ha empujado al Consejo de Seguridad a que reconozca la solicitud de la AU para una prórroga a la orden de detención a Bashir.

Es quizá demasiado pronto para evaluar el record de un país que sigue negociando un rol en expansión en la escena internacional. Lo que sabemos es que los elementos clave de la política externa se pusieron por el ex-Presidente Mandela en 1993 siguen en pie – un avance en la agenda Africana, de establecimiento de paz, de soluciones negociadas y la defensa de derechos humanos como un componente crítico en las metas de política externa de Sudáfrica. Aunque hay contradicciones e inconsistencias el la política exterior de Sudáfrica, es posible ver un deseo general de retar al poder establecido en perseguir un orden internacional más democrático. Esto puede ser argumentado como una agenda de derecho en sí mismo.