Una mujer de 87 años acaba de convertirse en un símbolo nacional en España, y su desalojo abrió una crisis que obligó este lunes a convocar elecciones anticipadas.
El 23 de septiembre, la policía sacó a Maricarmen Abascal a la fuerza en una camilla del piso de Madrid en el que llevaba viviendo 70 años, en cumplimiento de una orden judicial solicitada por la inmobiliaria propietaria de su edificio. Mientras cientos de personas se congregaban para intentar impedir su desalojo, la policía antidisturbios reaccionó con fuerza, y las imágenes de su brutalidad dieron la vuelta al mundo.
En los 12 días transcurridos desde entonces se produjeron más protestas y acciones políticas que en los últimos años, con una presión creciente del movimiento por la vivienda, muy bien organizado a través del Sindicato de Inquilinas, sobre el Congreso.
Este malestar desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, decidida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después de que el Congreso rechazara las medidas de emergencia que él había propuesto para hacer frente a la crisis habitacional.
Para Abascal, cuyo contrato de alquiler se remonta a 1956 y que siempre había pagado a tiempo, los problemas comenzaron después de que el edificio en el que vive fuera adquirido por la gestora inmobiliaria Urbagestión, en 2018.
La empresa le subió inicialmente el alquiler de unos 500 a 2.650 euros al mes; luego esa cantidad se redujo a 1.650 euros, pero seguía estando muy por encima de lo que ella percibía de su pensión.
Aunque la Constitución de 1978 reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, la ley ofrece mucha menos protección que hace 50 años. Se edificó un sistema político que dificulta la protección de las personas mayores o vulnerables frente a la indigencia y la violencia inmobiliaria, y que deja a la Generación Z ante un futuro especialmente sombrío, mientras la vivienda se convierte en un bien de lujo.
La indignación contra este sistema lleva años acumulándose, a medida que los precios de la vivienda se alejan cada vez más de los salarios, el alquiler consume una parte cada vez mayor de los ingresos de la gente, y los vecinos son expulsados de los barrios donde sus familias han vivido durante generaciones.
Dado que estos problemas son especialmente graves en Madrid, uno de los principales mercados de inversión inmobiliaria de Europa, el desahucio de Abascal se convirtió en el punto de mira de esta indignación y puso de relieve la necesidad de cambios radicales.
Sin embargo, mientras algunos intentábamos impedir el desahucio de Abascal, responsables del gobierno regional de Madrid se reunían con inversores en The District, una de las principales ferias internacionales de capital inmobiliario. Es justo decir que en España se está librando una batalla por el derecho a la vivienda cuyos ecos resuenan en todo el mundo.
En los días siguientes al desalojo de Abascal, años de trabajo organizativo pasaron de repente a primer plano. El Sindicato de Inquilinas supo canalizar la indignación generalizada por el trato que había recibido Maricarmen en una oleada imparable de protestas populares, cuyo epicentro fue la Puerta del Sol de Madrid, la emblemática plaza central de la ciudad.
El 26 de septiembre comenzaron a aparecer tiendas de campaña en la plaza y, como ocurrió en 2011 con el movimiento 15M, en cuestión de días se armó una pequeña ciudad de acampada que acogía a más de 1.000 personas y que mostraba un nivel de organización ejemplar.
Otras protestas y acampadas más pequeñas aparecieron en otras ciudades de toda España, a menudo lideradas por jóvenes, que se encuentran entre los más afectados por la imposibilidad de pagar una vivienda.
Pero el movimiento va mucho más allá, porque toca a personas de todas las edades y circunstancias.
Enseguida se sucedieron victorias que parecían impensables solo unos días antes. El 29 de septiembre, a Maricarmen Abascal – que había sido hospitalizada por estrés grave y agotamiento – le comunicaron que podía volver a su vivienda, mediante un nuevo contrato asequible de ocho años, en virtud del cual su alquiler no superará el 30% de sus ingresos. El hecho de que lo consiguiera pocos días después de haber sido desahuciada dice mucho del nivel de presión que ha logrado ejercer el movimiento.
Ese mismo día se produjo una importante victoria política, cuando el Consejo de Ministros aprobó dos decretos de emergencia en materia de vivienda. Estos incluían protecciones contra determinados desahucios hasta 2030, límites a los aumentos de alquiler, restricciones a la compra especulativa de viviendas por parte de los denominados ‘fondos buitre’ (como se conoce a las grandes empresas que especulan con bienes inmobiliarios), una medida extraordinaria que otorga a determinados inquilinos el derecho a prorrogar los contratos de alquiler vencidos hasta un máximo de dos años, y derechos de renovación de contratos más sólidos para los inquilinos.
Estas medidas son bienvenidas y necesarias, pero no son suficientes. España necesita urgentemente contratos de alquiler indefinidos, como ya existen en otros países europeos, para que el derecho de ningún inquilino a una vivienda dependa de la voluntad de un propietario o de un fondo.
Pero el 2 de octubre, el Congreso rechazó ambos decretos. Estas derrotas pusieron de manifiesto que el gobierno de izquierdas que encabeza Sánchez no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar reformas importantes. El presidente respondió convocando elecciones anticipadas que sitúan la crisis de la vivienda en el centro de la política nacional.
La energía ciudadana que hizo posible este momento debe canalizarse ahora hacia la elección de representantes dispuestos a poner en marcha las medidas políticas que se necesitan con tanta urgencia.
Han sido unas semanas históricas y vertiginosas en España; debemos mantener este impulso aquí y en todos los lugares donde el derecho a una vida digna esté subordinado al capital sin control.
Javier Rubio es abogado del Centro de Asesoramiento y Estudios Sociales (CAES), especializado en el derecho a la vivienda desde una perspectiva de derechos humanos. Ha liderado la defensa de litigios estratégicos en materia de vivienda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
