La convocatoria en Colombia de un Paro Nacional el pasado 28 de Abril contra una reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque fue recibida con un uso desproporcionado de la fuerza represora lo que desencadenó ola de protestas que se han extendido por todo el país durante los meses de Mayo, Junio y Julio, con intensidad diversa.
La participación masiva de una población que muestra su hartazgo sorprendió al gobierno en un letargo pandémico y ha opuesto en evidencia las profundas deficiencias de la democracia colombiana, entre ellas la no separación de las fuerzas de orden público y del ejército, en especial de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD). Una misión reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, convocada por la sociedad civil, denunció los abusos policiales sistemáticos y pidió la separación entre policía y ejército.
El gobierno parece hacer oídos sordos mientras la tensión social permanece y en cualquier momento puede volver a estallar, sobre todo si sigue la violencia represora que ya ha causado demasiadas víctimas.
