El gobierno de Nicolás Maduro ha buscado afanosamente, desde 2019, el levantamiento de las sanciones económicas y financieras que parte de la comunidad internacional, especialmente EE. UU. y la Unión Europea (UE), han impuesto contra el país a partir de la represión de las protestas en 2014 y, especialmente, la imposición de una asamblea constituyente convocada por el Ejecutivo y no por el pueblo en 2017.
El levantamiento de las sanciones ha sido una de las principales exigencias por parte del Ejecutivo durante las sesiones de negociación y acuerdos que se han producido en República Dominicana (2018) y Noruega y Barbados (2019), y paulatinamente ha implementado políticas para buscar granjearse el reconocimiento a su gobierno por parte de los países que aplican las medidas.
