La consulta del Yasuní ha sido titular de noticias en todo el mundo demostrando como un país pudo detener el extractivismo en las urnas para iniciar una transición energética. El pueblo soberano eligió la socio-biodiversidad por encima de las economías extractivistas posicionando un presente pós-extractivista en Ecuador. Pero a los pocos días, el presidente Guillermo Lasso declaró que no acataría los resultados.
No es la primera vez que el gobierno irrespeta una consulta popular a favor de la naturaleza. Para entender los meandros de la consulta del Yasuní vale mirar otras consultas como la de Kimsakocha en 2019, que prohibió la explotación minera en defensa del agua pero aún no es acatada por el gobierno central. El gobierno de Lasso sigue promoviendo la minería en los páramos de Kimsakocha, ofreciendo incentivos fiscales de hasta a US$ 400 millones y un sistema de resolución de disputas con arbitraje internacional.
El incumplimiento de la consulta de Kimsakocha llevó las comunidades a presentar una acción de protección en las Cortes. En 2022, la Corte Provincial del Azuay falló a de las comunidades ante su demanda de protección contra el Estado por concesionar los páramos de Kimsakocha en sus territorios ancestrales a una empresa minera transnacional sin consulta previa ni consulta ambiental, y por violar tanto el derecho humano al agua como los derechos a la Naturaleza, poniendo en riesgo la supervivencia de sus ecosistemas y comunidades.
