La declaratoria generalizada de cuarentena obligatoria a nivel global ha visibilizado la desigualdad en el mundo y sus consecuencias sociales. A raíz de esto, se ha democratizado el debate del acceso a una Renta Básica Universal (RBU), es decir, la asignación de una cantidad de dinero incondicionado y de acceso universal a los ciudadanos de un país con la finalidad de garantizar sus necesidades básicas.

El Banco Mundial estima una posible contracción de al menos 5,2% del PIB mundial para el 2020. Con esta previsión, pareciera que la premisa de una RBU es aplicable sólo en países con economías estables. Finlandia, Canadá y Estados Unidos - sí, el gigante capitalista- ya han tenido experiencias piloto y en países como Alemania y Francia lo están discutiendo. Pero Kenia, un país todavía lejos del desarrollo, gracias a la ONG Give Directly, ya ha puesto en práctica un ensayo que está dando buenos resultados.

En España, país con uno de los mayores índices de desigualdad en la Unión Europea, como consecuencia de la pandemia se aprobó que a partir de junio 2020, 2,3 millones de personas en situación de mayor pobreza comenzarán a cobrar el Ingreso Mínimo Vital, una renta mensual entre 461 y 1100 euros (dependiendo de la edad y las circunstancias familiares), con la finalidad de garantizar la cobertura de las necesidades básicas. El IMV no es una RBU porque excluye su carácter incondicional y universal, pero está muy cerca. La propuesta presentada, por ejemplo, en Colombia es muy similar.

¿Por qué hablar de renta básica en Colombia en la era de la Covid-19?

El Banco de la República de Colombia estimó en junio de 2020 una posible contracción del PIB entre el 2% y el 7%. También la última tasa de desempleo publicada por la Dirección Nacional de Estadística (DANE) en mayo 2020, es del 21,4,% -5,6 millones de personas aproximadamente, es preocupante. El Ministerio del Trabajo tampoco tiene un panorama esperanzador, pues calculó que en el trimestre febrero-abril 2020 la demanda laboral efectiva se redujo 14,2 puntos porcentuales respecto a abril de 2019 y se ubicó en 41,6%. Asimismo, antes de iniciar la pandemia, según la DANE, el 47,9% de los colombianos estaban en situación de ocupación informal para el semestre móvil de diciembre 2019 - febrero 2020.

En un país donde la ocupación informal es casi la mitad de su fuerza laboral, el aislamiento obligatorio puede ser una sentencia de hambre para muchos. Por ello, 54 senadores han planteado un proyecto de ley para asignar una renta básica de emergencia -un salario mínimo- por tres meses a los 9 millones de hogares colombianos más vulnerables.

El senador Iván Marulanda -uno los promotores del proyecto de Ley de la renta básica- es muy enfático en que, en Colombia, ésta no sería de carácter universal, sino para aquellos que más lo necesitan en aras de aliviar las terribles consecuencias del aislamiento obligatorio, pero que la intención es que la medida se convierta en una renta básica permanente y no sólo coyuntural.

La reorientación fiscal

Alicia Bárcena, Directora Ejecutiva de la CEPAL, propone la implementación de una renta básica en América Latina. Bárcenas advierte en una entrevista para DW, que en Colombia y en Brasil -donde ya existe una experiencia piloto de la renta básica-, debido a la Covid-19 se prevé un incremento del coeficiente de Gini y la aplicación de una renta básica de emergencia, con miras hacia una renta permanente, podría ser un gran motor para equilibrar la desigualdad en la región. Lamentablemente, en latinoamérica la posibilidad de financiamiento de una renta básica se reduce a la reorientación de los presupuestos nacionales.

Marulanda, en una entrevista al medio Pacifista, asegura que en el caso colombiano, efectivamente, los recursos para financiar este programa serían destinados actualmente a programas como Ingreso Solidario y, entre otras medidas, se solicitaría un préstamo al Banco de la República para el uso de recursos durante la implementación del programa.

En una entrevista para el mismo medio, Luis Jorge Garay, asesor del proyecto de ley, asegura que él y Jorge Espitia en su propuesta de aplicar una renta básica en Colombia, sugieren que se debe incrementar el impuesto sobre la renta de las personas súper ricas y súper-súper ricas, del actual 2% a un 6 u 8%, y que este impuesto debe ser progresivo, es decir, mientras más riqueza, mayor sea la tasa de impuesto. Asimismo, Garay señala que, sin los ajustes previamente mencionados, no hay capacidad financiera para pagar la renta básica de emergencia. Garay argumenta que ajustando la renta progresiva y cambiando las tasas nominales y efectivas de recaudación de impuestos a las empresas, sólo se incrementa el 1,6% del PIB y que la propuesta actual, que beneficiaría a 9 millones de hogares, equivaldría a un 9% del PIB, una cifra inviable para Colombia.

¿Cuál es el escenario más factible para Colombia?

Garay afirma se debe reducir la propuesta a medio salario mínimo y a 6 millones de hogares que son realmente los más pobres. Con este ajuste, el gasto público equivaldría al 3% del PIB. Con todo esto en mente y considerando las estimaciones del Banco de la República, no suena realista la aplicación de la renta de emergencia -y menos con carácter permanente- en el plazo inmediato y que, para poder implementarse, uno de los grandes desafíos que debe superar antes Colombia es un cambio estructural en el sistema tributario y en la distribución del gasto público.

En un país donde donde la estratificación socioeconómica está presente en cada aspecto de la vida, son imprescindibles los mecanismos de beneficio hacia los más vulnerables. Sí, la pandemia ha sido compleja pero clave para avivar el debate por la reivindicación de los derechos económicos de los ciudadanos, así que debemos aprovechar los cambios que se están gestando en pro de la construcción de las bases de un nuevo y muy necesario tejido social en Colombia para que la salida a esta crisis profunda sea más equilibrada y justa para toda la población.