La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG) – establecida por acuerdo mutuo entre la ONU y el gobierno de Guatemala – ha conmocionado el sistema político del país. El mandato original de la comisión era investigar y desmantelar bandas criminales, las cuales estaban fuera de control después del fin del conflicto armado que abatió a la nación por 36 años. El mandato en su momento también incluyó entrenamiento y apoyo al Ministerio Publico, la Policía Nacional y otras entidades del estado Guatemalteco, la CICIG fue concebida como una misión de apoyo para reforzar las instituciones judiciales en Guatemala. Desde su incepción, la Comisión se ha convertido en una poderosa fuerza política, amasando un nivel significativo de legitimidad frente a la sociedad guatemalteca. El éxito de la comisión y su prominencia ha sido un desarrollo bienvenido por los observadores internacionales, ya que se ha logrado el apoyo popular del pueblo.
Hasta el momento, la comisión ha investigado y enjuiciado a decenas de individuos por corrupción y las investigaciones han involucrado a miembros prominentes de la elite política guatemalteca. El más notorio caso fue el descubrimiento de una amplia red criminal arraigada en organizaciones del estado, la investigación llevo al eventual arresto de sus actores intelectuales y lideres, el presidente Perez Molina (2012-2015) y la vice-presidenta Roxana Baldetti.
El descubrimiento, conocido como el escandalo de “La Línea” – una alusión a las chuzadas telefónicas usadas por los investigadores de la CICIG para recaudar evidencia en contra de Baldetti y Perez Molina – desencadeno extensas manifestaciones.
