El 4 de marzo de 2020, el Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst, presentó en Ginebra su informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. El reporte revela que el país es el primero en América Latina en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Además, alerta sobre un preocupante nivel de impunidad frente a estos asesinatos (89% de los casos no se han resuelto).
El contenido del informe causó descontento en el gobierno liderado por Iván Duque. Esta desaprobación fue manifestada de manera oficial por la canciller, Claudia Boom. La funcionaria expresó que al reporte le faltaba “objetividad e integralidad”.
Entender la reacción del gobierno implica evaluar el perfil de aquellos asesinados y el discurso oficial del gobierno frente a esta crisis humanitaria.
