En las próximas elecciones del 20 de diciembre de 2015 podemos encaminarnos a una prueba fundamental para España, única en su historia. Pues la verdad es que nunca ha logrado nuestro país hacer una experiencia democrática capaz de interpretar la historicidad inherente a las constituciones. Nunca, desde este punto de vista, se ha logrado revisar un consenso constitucional, ni reeditar un poder constituyente reflexivo de su propia obra. La derecha española, desde Cánovas, ha entendido las constituciones como un katechon para cosificar las instituciones y obstaculizar una democracia capaz de autocorrección. Eso ha producido una naturalización de las constituciones, como si fueran expresiones definitiva y últimas de la sociedad española, lo que ha generado una experiencia continuada de desgaste, degeneración, mutación, parálisis, bloqueo y, finalmente, desafección institucional, que ha sido respondida por irrupciones desestabilizadoras y explosivas en momentos de extrema desesperación popular y ciudadana.
Sin embargo, la derecha española ha preferido siempre esperar estas confrontaciones –en las que se maneja bien- a enfrentarse a las complejidades de la vida histórica y asumir hábitos de flexibilidad y de evolución, que por lo general ha interpretado como debilidad, y ha asociado a la pérdida de oportunidades, sentido de su misión histórica e identidad nacional. En el 20D pueden formarse mayorías de fuerzas políticas que consideran que las instituciones españolas no pueden persistir por más tiempo sin cambios y actualizaciones. En este sentido, no van a ser unas elecciones convencionales. Si la ciudadanía alcanza la conciencia adecuada del kairós, pueden convertirse en unas elecciones históricas.
La cuestión reside en precisar la índole de esas fuerzas y la índole de esos cambios. Excepto el PP, todos los actores han asumido que las reformas son inaplazables. Con ello, el partido de Aznar y de Rajoy cumple en la presente situación la misma función retardataria que tuvo Arias Navarro en las movilizaciones entre 1975 y 1977 y Alianza Popular en las Cortes Constituyentes. Esa incapacidad de cambio, inmune a los procesos generacionales y a las transformaciones económicas y sociales, no puede ser gratuita y ha de recibir un castigo popular en las urnas. Pero conviene identificar que esta posición de la derecha española no es caprichosa ni arbitraria. Tiene profundos motivos históricos. Responde al hecho de que cualquier cambio en la arquitectura institucional española, percibido como conveniente por muchos ciudadanos, afecta de forma fundamental a los intereses materiales, económicos y sociales, representados por el PP.
