Pictures of missing people and victims of the armed conflict are displayed during a protest in Bogota. Daniel Garzon Herazo/NurPhoto/Sipa USA/PA Images. All rights reserved.
El reclutamiento ilícito y la trata de personas suelen ser reconocidos internacionalmente como delitos diferenciados: el primero es un crimen de guerra y el segundo es propio del crimen organizado; sin embargo, en conflictos como el colombiano esta diferencia se torna borrosa, en particular cuando se trata de reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Además de cumplir funciones de «soldado», estos niños y niñas participan en economías ilícitas (cultivos ilícitos, minería ilegal y cobro de extorsiones, entre otras); también, realizan actividades indirectamente relacionadas con la guerra como, por ejemplo, cocinar, lavar, buscar leña e incluso satisfacer los deseos sexuales de los integrantes del grupo armado. Un elemento adicional: intentar salir del grupo puede representar un alto riesgo para sus vidas o la de sus familiares. Fuera de una situación formalmente reconocida como «conflicto armado», ¿no serían estos casos interpretados por la sociedad y por la justicia como trata de seres humanos?
Más allá de la mirada legalista, el reclutamiento y la trata de seres humanos muestran varias similitudes. Para empezar, ambas son experiencias complejas. Resulta difícil establecer cuándo empiezan y terminan realmente. A diferencia del orden claro de los verbos rectores en los tipos penales, la utilización de un NNA por parte de los grupos armados o la explotación de un infante o adolescente en casos de trata puede iniciarse antes del reclutamiento o la captación propiamente dicha. De igual forma, es difícil determinar cuándo «termina» la condición de reclutamiento o trata. Los NNA pueden reincidir vinculándose a otros grupos armados o insertarse de forma adversa al mercado laboral; es decir, lugares donde están sometidos a explotación extrema y no pueden salir o ejercer su voluntad libremente.
