Manifestantes durante una marcha por la paz en Bogotá, Colombia. 12 octubre 2016. Fernando Vergara AP/Press Association Images. Todos los derechos reservados.
El pasado 24 de agosto, despúes de casi cuatro años de negociaciones, los delegados del gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) presentaron públicamente el texto del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de 297 páginas que cierra la confrontación armada entre el Estado y esta guerrilla, la más antigua y numerosa del país y del hemisferio occidental. Sabíamos por los borradores previamente publicados, que el Acuerdo no sólo incluye las orientaciones y medidas -con mayor o menor detalle- para el desarme, la desmovilización y reintegración de excombatientes, sino que también propone una serie de lineamientos de fondo (políticas, planes y profundas propuestas de cambios institucionales) para la transformación de un contexto que ha favorecido el conflicto armado. Entre suficiente evidencia, tal contexto se expresa en:
- La brecha significativa de desarrollo entre el campo y las ciudades: según el informe de la Misión para la Trasformación del Campo, las personas que viven en el campo son 2,5 veces más pobres que quienes viven en las zonas urbanas.
- El vínculo nocivo entre política y armas en el país: de acuerdo a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, más de 1.700 líderes políticos han sido asesinados en el marco del conflicto armado.
- Las múltiples caras del fenómeno de las drogas ilícitas: de acuerdo con cifras del gobierno nacional, cerca de 64.500 familias viven de sembrar coca en Colombia, como resultado de la crítica situación de pobreza e informalidad en el campo.
- La necesidad de reparar de manera integral a las víctimas del conflicto: el Registro Único de Víctimas reporta un total de 8.190.451 víctimas en el país.
Como elección estratégica para el abordaje de estas problemáticas, el gobierno nacional fue construyendo la noción de “paz territorial”, a través de la cual se pretende enviar el mensaje de que las reformas y políticas públicas contempladas en los puntos del Acuerdos deben contar con un renovado esfuerzo descentralizador y un llamado generalizado a la participación directa de la ciudadanía en la gestión de lo público. Sin embargo, la puesta en marcha de la paz territorial se suma al camino ya recorrido en materia de descentralización y participación ciudadana en el país, el cual plantea no pocos desafíos.
