Protesta de Woodland Cree Tribe Walk, enero de 2017. Imagen: Joel Angel Juarez/Zuma Press/PA Images. Todos los derechos reservados.
Este artículo forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.
Investigadores y periodistas han comenzado a revelar hasta qué punto los activistas y organizaciones indígenas en Canadá están sujetos a la vigilancia de la policía, el ejército, las agencias de inteligencia de seguridad nacional y otros organismos gubernamentales. Si bien las agencias de seguridad desde hace mucho buscan más allá de las amenazas de seguridad nacional "tradicionales" y enfocan en los activistas, incluso ante la ausencia de evidencia que vincule a estas personas u organizaciones con cualquier actividad delictiva violenta, esta realidad es cada vez más objeto de escrutinio mediático y público. Como escribieron Jeffrey Monaghan y Kevin Walby, el lenguaje de los "extremistas aborígenes y de múltiples problemas" en el discurso de seguridad desdibuja la línea entre las amenazas a la seguridad nacional, los asuntos de la aplicación de la ley ordinaria y la defensa legal y democrática.
