Durante el último mes, Panamá ha vivido una ola de protestas inéditas por su forma, los actores que involucra, su duración y sus resultados. A diferencia de sus vecinos, el país había quedado al margen de la inestabilidad social en los últimos años.
Las protestas actuales pueden comprenderse como producto de una serie de factores institucionales, sociales y económicos acumulados que fueron agravados por el covid-19 y que no fueron atendidos oportunamente por el Estado, a pesar de las recurrentes alertas que se reflejaban en informes, encuestas, artículos académicos y movilizaciones sectoriales antes y durante la pandemia. Aunque de menor magnitud, esas protestas albergaban reclamos de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con el agua, la alimentación, la salud (falta de insumos básicos para la atención, disponibilidad de medicamentos en las instituciones públicas), el trabajo, la educación, la desigualdad social y la corrupción. Pero las movilizaciones también fueron activadas por el rechazo a la reforma de la Constitución presentada por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ante la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista.
Los actores sociales movilizados son heterogéneos. Si bien las protestas se iniciaron mediante un llamado de los gremios docentes de las escuelas públicas a un paro nacional que comenzó el 1° de julio de 2022, posteriormente fueron acompañadas y acuerpadas por diversas agrupaciones que se sumaron tanto espontánea como organizadamente en todo el territorio del país. En los 32 años que siguieron al fin del régimen autoritario de Manuel Noriega en 1989 no se habían registrado protestas de esta magnitud y duración.
