Las comunidades locales están cada vez más solas cuando se trata de luchar para salvar la selva amazónica. El asesinato del periodista británico Dom Philips y del experto indígena brasileño Bruno Pereira ha sido una evidencia impactante de corrupción y abuso de poder. Es solo un ejemplo más de por qué los pueblos amazónicos tienen que encontrar sus propias formas de defender los principios de verdad, ley y orden: para protegerse a sí mismos y a un ecosistema que es vital para el futuro de la humanidad. ¿Es sostenible, y justo, dejarlos caer solos como mártires?
Phillips viajaba con Pereira cerca del territorio indígena Vale do Javari, un área remota cerca de la frontera con Perú, para registrar la iniciativa de ciudadanos locales que luchan pacíficamente contra la actividad criminal en la Amazonía. Pereira, uno de los mayores expertos brasileños en grupos indígenas no contactados o recién contactados, entrenaba a los miembros de la comunidad en el uso de drones e imágenes de satélite para monitorear el territorio y registrar la caza, la tala, la pesca, la minería ilegales y el tráfico de drogas. Según los grupos indígenas, ha habido tantas invasiones en los últimos dos años como antes de que el territorio fuera declarado legalmente como área protegida en 2001. Pereira fue amenazado de muerte por este trabajo.
A pesar de los riesgos de tales esfuerzos, hay muchas comunidades pequeñas, poco capacitadas y mal equipadas en toda la región amazónica que intentan hacer frente a las crecientes amenazas, como la que estaba siendo capacitada por Pereira. La líder indígena brasileña Juma Xipaya declaró recientemente, durante la conferencia Amazonian Leapfrogging, que: “Estamos defendiendo la selva con nuestros cuerpos, con nuestros hijos en brazos, bajo una violencia implacable. Los pueblos de la selva necesitamos seguridad para que podamos seguir siendo los guardianes de la selva, brindando un servicio no solo a la Amazonía sino al mundo”. Expuestos al riesgo de confrontación con delincuentes, esos grupos enfrentan políticas públicas insuficientes o corruptas, y son frecuentemente etiquetados como “agitadores” o “agentes que actúan contra el progreso”.
