De 1993 a 2012, 39 de los 153 países de ingresos bajos y medianos en el mundo promulgaron leyes restrictivas sobre el financiamiento extranjero a las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales. En algunos casos, estos gobiernos prohibieron directamente el financiamiento externo para los actores locales, mientras que en otros, impusieron nuevas normas que restringen cuáles de las ONG que trabajan a nivel local pueden recibir ayuda, y para qué fines.
Tanto los activistas como los expertos han dado la alarma sobre los esfuerzos para hacer retroceder a la sociedad civil. Una nueva investigación, publicada recientemente en la revista World Development, arroja luz sobre los detonantes de la represión y sus posibles soluciones. Nuestro análisis estadístico, que utiliza datos originales sobre las nuevas leyes, sugiere que una mayor entrada de ayuda extranjera está asociada con más probabilidades de que se tomen medidas jurídicas represivas. Además, el riesgo de represión aumenta cuando el país enfrenta elecciones competitivas a nivel nacional.
En esencia, esta es una cuestión de control político. Por un lado, los gobernantes adoran la ayuda extranjera, ya que contribuye a pagar facturas y les da la libertad para gastar en proyectos que pueden comprar el apoyo de los ciudadanos. Además, cuando la ayuda se canaliza a través de los organismos gubernamentales, impulsa la legitimidad política de los gobernantes. Cuando los líderes deciden quién recibe cuánto dinero, y cuándo y dónde lo recibe, los ciudadanos los tratan con mayor deferencia.
