El 5 de marzo de 2016, el gobierno turco tomó el control del más grande periódico privado del país, Zaman. La intervención tuvo lugar en las oficinas centrales del periódico entre escenas extrañas aunque deprimentemente familiares: policías con equipo antidisturbios arrojando latas de gas lacrimógeno hacia las multitudes de manifestantes que repetían frases de protesta.
Hace diez años, una agresión tan descarada contra la libertad de prensa probablemente habría sido contraria a la lógica de los cálculos políticos internacionales de Turquía. Ya no. Por desgracia, ahora vivimos en una era en la que los líderes políticos y los actores no estatales poderosos saben que la sociedad civil y los medios son blancos legítimos, y en la que es poco probable que las violaciones graves de derechos fundamentales acarreen sanciones punitivas o siquiera el desaire de la comunidad internacional.
Por supuesto, la sociedad civil está respondiendo a las amenazas actuales en su contra, como lo muestra la valentía de los activistas que continúan su peligrosa lucha todos los días alrededor del mundo. Pero lo ha hecho principalmente de país en país. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha tratado de hacer frente a la situación al emitir fuertes condenas en reiteradas resoluciones, elevar el perfil de los acuerdos internacionales y apoyar a los grupos de trabajo y los Relatores Especiales, cuya labor ayuda a traducir el derecho internacional en recomendaciones prácticas para que sigan los Estados. A pesar de todos estos esfuerzos, el panorama general sigue siendo desalentador.
