Foto: Anyone's Child.
Durante las décadas de 1970 y 1980, mientras la región se encontraba sumida en numerosas dictaduras militares, y los conflictos entre grupos guerrilleros y fuerzas paramilitares se abrían paso en su desaforada historia política, comenzaron a germinar en ella múltiples iniciativas de memoria y olvido. Estas primeras iniciativas de la sociedad civil, posteriormente institucionalizadas dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los Estados, jugaron un papel central en la tematización de las experiencias de descomunal violencia y terror vividas en la región.
Para responder a la necesidad urgente de reunir pruebas sobre las violaciones de derechos humanos, llegaron a complementar, e incluso a reemplazar las funciones del Estado en tiempos de regímenes autoritarios, vislumbrando, a su vez, la posibilidad de alcanzar la paz. La resistencia de la sociedad latinoamericana—cuyo ímpetu ha sido ampliamente documentado y ha consistido en todo tipo de acciones institucionales y extra-institucionales dirigidas a la rendición de cuentas y a fortalecer el Estado de derecho—dejó huellas que continúan, hasta el día de hoy, configurando el debate político y el papel de la sociedad civil en tiempos de represión estatal y terrorismo.
