En 1993, la activista medioambiental autodidacta Erin Brockovich hizo historia en California al iniciar una batalla judicial que duraría tres años contra Pacific Gas and Electric por contaminación del agua potable. Ese mismo año, una de las zonas costeras más hermosas de Chile, Quintero-Puchuncaví, fue declarada “zona ambientalmente saturada” por el Ministerio de Agricultura debido a la presencia de anhídrido sulfuroso y partículas de distintas materias en el aire. Esta calificación siniestra no sorprendió a los habitantes, en su mayoría trabajadores: llevaban años reclamando que las empresas termoeléctricas, petroleras y químicas de la zona dejaran de contaminar el aire, el suelo y el agua - y que el gobierno chileno les exigiera responsabilidades.Principio del formulario

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Al igual que Erin Brockovitch, las mujeres que han desempeñado un papel clave en los grupos ambientales de base de Quintero-Puchuncaví tenían poca preparación cuando emprendieron la lucha contra las corporaciones contaminadoras y unas regulaciones gubernamentales demasiado endebles. Pero al igual que Brockovitch, su coraje les ha ayudado a conseguir que finalmente se haya hecho justicia.

El 28 de mayo, tras años de lucha, se ha hecho otra vez historia en la costa del Pacífico. Ese día, en una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo de Chile anuló un fallo de un tribunal inferior y confirmó que el gobierno era, en última instancia, responsable de la contaminación ambiental de la zona y que debía tomar medidas concretas para evitar que se produzca otro acontecimiento como el de la fuga de sustancias químicas ocurrido en Quintero-Puchuncaví en agosto y septiembre de 2018 que provocó que más de 1.700 personas tuvieran que ser hospitalizadas.

Esta decisión judicial histórica puso el foco también en la negativa de asunción de responsabilidad por parte de las compañías que con toda probabilidad fueron las causantes de la emergencia ambiental de 2018: una gran nube amarilla que contenía sustancias tóxicas como el metilcloroformo, el nitrobenceno y el tolueno. Aunque este dramático evento del año pasado atrajo mucha atención mediática (aunque no así la brutal respuesta policial ante una marcha de protesta pacífica de ciudadanos y activistas ambientales), el envenenamiento masivo de 2018 no es, ni de lejos, el primer o el único ejemplo de crisis ambiental en Quintero-Puchuncaví.

Unos 100 antiguos trabajadores de CODELCO Ventana, una central termoeléctrica de propiedad estatal ubicada en esta misma región, han fallecido a resultas de cánceres que el sindicato Federación Minera de Chile atribuye directamente al entorno laboral en el que trabajaron. En 2011, más de 40 niños de la escuela primaria La Greda en Puchuncaví cayeron enfermos por una nube de gases tóxicos. Una investigación posterior halló altos niveles de plomo y arsénico en la escuela, ubicada a solo 500 metros de una refinería y unas instalaciones de la central termoeléctrica. La respuesta totalmente inadecuada del gobierno fue cerrar La Greda y trasladar a los alumnos a otra escuela, a unos 2 km de distancia. Un hecho que agrava el problema en esta y en muchas otras crisis similares es que muchas de las regulaciones medioambientales vigentes en Chile están muy por debajo de las normas mundiales: por ejemplo, la exposición máxima al dióxido de azufre recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de 20 ug/m3 de promedio en un período de 24 horas, pero en Chile es de 250 ug/m3, más de doce veces más.

Durante muchos años, el Estado chileno ha admitido abiertamente que algunas zonas del país tienen que pagar el precio de las industrias de procesamiento y extracción de recursos del país. Esta concepción se encarna en lo que la terminología oficial denomina "zonas de sacrificio", término éste que se aplica a cinco regiones - incluida Quintero-Puchuncaví - donde operan industrias termoeléctricas, petroleras y químicas desde la década de 1950. El Informe Anual de Derechos Humanos de 2011 sostiene que la “zona de sacrificio” de Quintero-Puchuncaví constituye una injusticia evidente, ya que los beneficios económicos que genera se distribuyen entre los chilenos en general, pero en cambio los costes ambientales los asumen comunidades de personas en situación de vulnerabilidad social.

Socialmente vulnerables o no, los habitantes de Quintero-Puchuncaví han ido aprendiendo a luchar por sus derechos. Sin ellos, la batalla del 28 de mayo ante el Tribunal Supremo que lideró la ONG chilena Defensoría Ambiental no se habría podido ganar. MUZOSARE (Mujeres de Zona de Sacrificio de Quintero-Puchuncaví en Resistencia) - muchas de ellas jubiladas y pocas con experiencia previa en campañas reivindicativas – es una de las organizaciones de base más efectivas de la zona que lucha por el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.

También es una de las más interconectadas. Sabedora de la debilidad institucional del gobierno chileno, MUZOSARE ha establecido un sistema de colaboración con el Colegio Medico de Chile para documentar abortos espontáneos, cánceres y enfermedades cardiovasculares y respiratorias que afectan particularmente a las mujeres y a los niños de las comunidades.

Además, monitorea los daños ambientales marinos trabajando junto con los pescadores locales, que proporcionaron evidencia fotográfica de la contaminación en la zona costera.

La victoria en el Tribunal Supremo del 28 de mayo no estaba ni mucho menos garantizada por la magnitud del desafío que enfrentaba pequeños grupos con recursos escasos no solo a empresas públicas y privadas, sino al propio Estado.

Durante la vista final del 22 de abril, yo fui el único observador en la sala – se ve que ningún medio de comunicación consideró que el envenenamiento de Quintero-Puchuncaví era suficientemente importante como para estar allí – y pude presenciar como el Consejo de Defensa del Estado argumentaba que la nube tóxica que se abatió sobre el zona en 2018 fue un "evento aislado" y que era imposible determinar cuál de las industrias cercanas fue la responsable.

Pero en decisión unánime emitida poco más de un mes después de presentarse dicho argumento, el Tribunal Supremo demostró hasta qué punto estaba en desacuerdo con el representante legal del Estado chileno. Le adjudicó la responsabilidad directamente al gobierno, argumentando que la situación vivida en Quintero-Puchuncaví no era sin precedentes ni desconocida y que, “por el contrario, las características, la magnitud y la gravedad se conocían desde hace años”.

También le ordenó al gobierno tomar con carácter inmediato una serie de 15 medidas, entre ellas la reducción de las emisiones de gases, una mejor inspección de los materiales utilizados por las industrias, la implementación de planes de evacuación de la población y de emergencia cuando la calidad del aire y el agua se deterioren, y la investigación por parte de las autoridades sanitarias de los problemas de salud relacionados con las emisiones.

La determinación de grupos de base como MUZOSARE de llevar las luchas ambientales hasta los más altos tribunales del país - y, lo que es todavía más importante, ante instancias internacionales - es lo que marca la diferencia en victorias como esta. MUZOSARE forma ahora parte de la campaña #ChaoCarbón que exige la descarbonización de la matriz energética de Chile para cumplir con el compromiso del país con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU.

Su coordinadora, Katta Alonso, fue invitada como oradora en el 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bolivia en el mes de febrero. Allí habló del impacto que representa vivir en una "zona de sacrificio" y de las consecuencias de la actividad industrial sobre los derechos a la salud en Chile. En su intervención, dijo: “El Estado chileno ha abandonado a la comunidad de Quintero-Puchuncaví. El gobierno no muestra ningún deseo de enfrentar el problema socioambiental. Exigimos normas nacionales que concuerden con las normas de la OMS; exigimos regulaciones nuevas y fuertes para proteger el suelo, el agua y el aire; y exigimos que se reduzcan las concentraciones máximas de arsénico y compuestos orgánicos”.

Estas demandas reivindican justicia social en un país cuyo gobierno demuestra estar muy poco preocupado por los costes humanos y ambientales de las "zonas de sacrificio".

De hecho, en el plan de descarbonización que anunció el pasado 4 de junio, el gobierno chileno propone esperar hasta finales de 2022 para cerrar la central termoeléctrica más obsoleta de Puchuncaví - AES Gener -, que lleva operando desde 1964.

Esta fecha de cierre coincide con el final del mandato del actual gobierno de derecha: una fecha muy conveniente para postularse para el siguiente período pero, mientras tanto, representa la permanencia de un peligro constante para las comunidades de Quintero-Puchuncaví. Según un comunicado de MUZOSARE, “El gobierno no está tomando en consideración el bienestar de las personas que viven en la comunidad.

Este anuncio no hace nada para abordar las injusticias ambientales que llevamos experimentando desde hace casi 60 años”. Como parte de un plan de descarbonización que no se implementará en su totalidad hasta 2040, este anuncio del gobierno significa 21 años más de sufrimiento ambiental para todos nosotros.

Activistas como las mujeres de MUZOSARE y el uso que hacen de las herramientas de solidaridad son una fuente de inspiración para la lucha contra las desigualdades y el ecocidio.

Aunque debemos celebrar esta histórica victoria legal, tenemos muchas más batallas por delante para garantizar que la decisión del Tribunal Supremo de Chile se convierta en realidad y que se exijan responsabilidades a las industrias que contaminan el aire, el agua y la tierra. Ha llegado el momento de que el Estado actúe, porque la gente de Quintero-Puchuncaví ya se ha sacrificado bastante.