Tal vez las seis integrantes anónimas de Pussy Riot tenían razón. En una carta de despedida escrita en febrero de 2014 a sus compañeras de la banda, Nadia Tolokonnikova y Masha Alyokhina, afirmaron: “El activismo institucionalizado no puede permitirse una crítica de las normas y reglas fundamentales que subyacen en la sociedad patriarcal moderna. Al ser una parte institucional de la sociedad, este tipo de activismo no puede ir más allá de las reglas dispuestas por dicha sociedad...”. Nadia y Masha acababan de ser liberadas de una prisión rusa. Consideradas como mártires del autoritarismo de Putin, les han dado la bienvenida en conferencias de prensa internacionales y conciertos de pop junto con otras celebridades, y ahora defienden los derechos de los presidiarios. Pero según las seis, el proyecto feminista y anticapitalista de Pussy Riot, y sus acciones de provocación, no pueden ni deben asociarse con la imagen de las organizaciones institucionalizadas de derechos humanos.
Claro que es cuestionable que las representaciones de punk anárquico de Pussy Riot sean más eficaces que los métodos convencionales de las organizaciones internacionales de derechos humanos (OIDH), pero puede que su afirmación tenga algo de verdad. Tradicionalmente, el movimiento de derechos humanos ha enfatizado su imparcialidad frente a la naturaleza política, económica, ideológica o religiosa de los responsables de garantizar los derechos, o el sistema económico o político que respaldan. Esta reputación de imparcialidad les ha resultado valiosa a las OIDH para aumentar la credibilidad de sus investigaciones y campañas, para atraer partidarios y afiliados, y para acceder a las autoridades de todo tipo de tendencias políticas. Esto a su vez ha contribuido a proteger la seguridad de los investigadores del campo, que pueden rechazar las acusaciones de imparcialidad, y por lo tanto a las víctimas y los activistas con y para los que trabajan las OIDH. Aunque en algunas ocasiones se ha cuestionado su imparcialidad e independencia, y se ha criticado a las OIDH por no condenar ideologías como el apartheid, el fundamentalismo islámico o el neoliberalismo, estos dos valores siguen dando forma a sus políticas y prácticas.
Al mismo tiempo, es posible que esta imparcialidad limite la capacidad de las OIDH para criticar las causas más profundas de las violaciones de derechos humanos. Abordar las causas fundamentales de la pobreza y la desigualdad requiere una reforma política profunda, lo que significa que puede ser necesario tomar una postura política, y posiblemente partidista, con respecto a ciertos arreglos económicos en particular. Simplemente afirmar que ciertas políticas, como la privatización, no son congruentes con las obligaciones de derechos humanos no enfrenta las ideologías neoliberales de los que las diseñan y se benefician de ellas, ni ofrece alternativas políticas viables. Por otra parte, en su forma legalizada, los derechos humanos tienen objetivos modestos, ya que buscan garantizar niveles esenciales mínimos de protección para los más marginados; no buscan realmente una redistribución fundamental de la riqueza, los recursos y el poder. Por eso es que Samuel Moyn llama a los derechos humanos “un compañero impotente en la era del neoliberalismo”. Aunque rechaza la afirmación de que los derechos humanos son cómplices per se en el éxito del neoliberalismo, Moyn cuestiona su eficacia para proporcionar una igualdad socioeconómica sustancial. Quizás Moyn también tiene razón.
