Algunas contribuciones en oGR y Kenneth Roth, el director ejecutivo de Human Rights Watch, han elogiado a la profesora de Harvard Beth Simmons y a Hyeran Jo por sus investigaciones en las que sostienen que la Corte Penal Internacional (CPI) disuade la comisión de atrocidades en los Estados miembros. Si fuera cierto, sería una buena noticia en un momento en el que varios profesionales del sistema de justicia se han alejado de este tipo de aseveraciones. Incluso la ex fiscal del Tribunal para la antigua Yugoslavia, Louise Arbor, ahora advierte que “los enjuiciamientos penales pueden complicar si no es que obstaculizar los procesos de paz”.
Después de una inspección más cuidadosa, la aseveración de Jo y Simmons parece sustentarse en métodos poco sólidos. El efecto disuasivo de la CPI, si existe, es mucho menor de lo que sugieren en su documento de trabajo y en informes de alto perfil ante destacados activistas.
Jo y Simmons sostienen que la ratificación del tratado de Roma de la CPI por parte de un Estado reduce, en promedio en un 60 %, el número de asesinatos intencionados de civiles en los enfrentamientos militares. Analizan conflictos que ocurrieron entre 1989 y 2011 para ver si ha habido un cambio notable desde 1999, cuando se negoció el Estatuto de Roma y los Estados comenzaron a ratificar este tratado. También afirman que en los casos en los que la incorporación a la CPI está asociada con cambios jurídicos a nivel nacional para ajustarse a las reglas de la CPI, los asesinatos también disminuyen en un 60 %, y que la presión social sobre los ratificadores de la CPI, medida como la presencia de organizaciones de derechos, también reduce los asesinatos. La ratificación de la CPI y los cambios legales nacionales no tienen efecto sobre las atrocidades cometidas por los grupos rebeldes. Pero Jo y Simmons sostienen que las “acciones de la CPI”, que miden a nivel global en vez de por país, impresionan lo suficiente a los rebeldes como para que reduzcan los asesinatos intencionados de civiles en un 30 %.
