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Cómo cumplir la promesa de un Pacto Global para las Migraciones con directrices más eficaces en la protección de los derechos humanos

 Debemos asegurar los derechos humanos de las personas migrantes que no están abarcadas por la definición de refugiado, ya que existe un riesgo real de que estos individuos caigan en las crecientes lagunas entre los dos Pactos. English

La valla de rodea la ciudad autónoma española de Melilla en 2006. Sara Prestianni para Noborder Network/Flickr. (CC 2.0 by)

La migración no es tan solo un fenómeno o una macro tendencia, ni únicamente un medio para el desarrollo o para aliviar la presión demográfica, por más que estas metas sean legítimas.

En el corazón del fenómeno migratorio hallamos principal y fundamentalmente a personas, a seres humanos únicos e individuales. Basta una mirada rápida a las comunidades y rutas migratorias en el mundo para poner en evidencia el costo  humano de las migraciones en la actualidad.

Sin duda muchas personas migrantes consiguen desplazarse de manera digna y segura; logran beneficiarse y contribuir al apreciado (aunque muchas veces mítico ) argumento del win-win-win. Pero sin embargo, millones se ven obligadas a desplazarse de forma arriesgada, irregular y (necesariamente) desordenada, frecuentemente habiendo abandonado sus hogares como único modo de sobrevivir, y siendo objeto de violaciones de sus derechos humanos durante el tránsito y en el lugar de destino.

Nadie lleva estas personas en consideración, ya que no hay un número para ellas equivalente a la tristemente célebre cifra de los 65 millones de desplazados de manera forzosa. Puede resultar difícil evidenciar la situación de vulnerabilidad de estas personas y a menudo no tienen registro alguno, de manera que se ven obligadas a vivir en la sombra de una vida clandestina, bajo el riesgo constante de sufrir más abusos.

Las personas migrantes que no entran en la definición de refugiados

El significado de quien es un “migrante” es causa de controversia. La Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, reconociendo la falta de una definición legal universal ha descrito esta categoría como un término que engloba a todas aquellas personas que cruzan las fronteras internacionales y carecen de vínculos de ciudadanía en el país de destino. Sin embrago, de acuerdo a la lógica del Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular (GCM por sus siglas en inglés) que se aplica únicamente a los “no-refugiados” para señalar la diferencia con el Pacto Global para los Refugiados, este artículo se refiere solo a aquellas personas que no entran en la definición de refugiado que dio la Convención sobre los Refugiados de 1951.

Podríamos decir que la contribución más importante del GCM radica en el reconocimiento de que las personas son el eje central del Pacto y, por tanto, en la promesa de mitigar los riesgos y las situaciones de vulnerabilidad que afrontan las personas migrantes y hacerlo mediante el respeto, la protección y la aplicación de los derechos humanos. También la Declaración de Nueva York se centra en la protección de los derechos humanos, en la cual los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a combatir con todos los medios a su alcance la explotación y los abusos sufridos por una cantidad innumerable de personas migrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad (énfasis añadido).

Las dificultades que sufren las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, especialmente en el contexto de los llamados “flujos mixtos” en realizad hace que su situación sobre el terreno sea indistinguible de la de los refugiados. La migración “mixta” podría describirse como el desplazamiento transfronterizo de personas por diferentes motivos, perfil de protección y necesidades diversas pero que se desplazan siguiendo las mismas rutas, usan los mismos medios de transporte o modo de viaje y a menudo viajan de manera irregular.

Es crucial abordar los vacíos fundamentales y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes que no entran en la definición de refugiados. A este respecto, existe el peligro real de que estas personas queden en la indefinición del espacio cada vez más amplio que se da entre los dos Pactos. Los motivos para acentuar la atención hacia este grupo vienen dados tanto por las circunstancias desesperadas de los  migrantes como por el imperativo del marco normativo de los derechos humanos, para poner luz en aquellas personas que en la sociedad están marginalizadas, en riesgo de abuso y en peligro de “quedar atrás”.

Las personas migrantes en situación de vulnerabilidad

Se trata de personas migrantes que posiblemente hayan abandonado sus países por necesidad, no por elección, y para quienes en muchos casos no es viable ni deseable regresar. Algunas personas se desplazan huyendo de la pobreza, la escasez de alimentos, la negación del derecho a la salud o el acceso a la justicia, los efectos del cambio climático y los factores medioambientales o, de hecho, de una combinación de estas situaciones.

Las personas migrantes que iniciaron su viaje en buen estado físico y mental pueden llegar a su destino traumatizadas y habiendo sufrido terribles abusos. Algunas pueden estar en situación de especial de riesgo debido a sus circunstancias personales (por tratarse de mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, enfermos o personas con discapacidades).

En su obligación de garantizar el cuidado de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, los Estados podrían poner en funcionamiento varias estrategias de respuesta práctica como son las siguientes: 

1)    Enfoque centrado en la dedicación para salvar vidas, disminuir el sufrimiento y proteger los derechos de las personas en sus desplazamientos.

2)    El establecimiento de mecanismos y la asignación de recursos que garanticen que la situación legal de todas las personas migrantes sea evaluada de manera individual y mediante el debido proceso, como complemento a los mecanismos de determinación del asilo asilo.

3)    El desarrollo de vías que permitan la permanencia tanto de quienes, bajo compromisos relativos a la ley internacional de derechos humanos, no pueden ser devueltos a sus países de origen o ser expulsados del país de acogida, como de aquellos para quienes el regresar no sería deseable bajo el punto de vista de las necesidades del individuo o por más amplias consideraciones sociales.

A la vez que debemos entender y reconocer que la migración per se no es un problema a resolver, la crisis de la gobernanza de las migraciones que dio lugar a la Declaración de Nueva York sin duda nos enseña que el GCM debería poner toda la atención en encontrar las necesarias soluciones, enfocándose particularmente en establecer canales regulares en el contexto de para la entrada, la permanencia y el retorno.

Merece la pena recordar una vez más la premisa de los derechos humanos del GCM. Si bien son todas las personas migrantes las que se ven afectadas por la limitación de canales disponibles para la movilidad humana, es importante reconocer que son los individuos con menores recursos, los más pobres y marginalizados y aquellos que sufren discriminación, quienes se ven afectados de manera desproporcionada por la falta crucial de canales para la migración y por las barreras que se alzan ante las vías existentes.

Regímenes punitivos

Para abordar de manera significativa la gobernanza de las migraciones en el mundo, el GCM va a necesitar poner en cuestión las metodologías dominantes de gestión que dependen en gran medida de regímenes punitivos de devoluciones y deportaciones.

Esta puesta en cuestión debe tener una doble función: en primer lugar, es importante poner en claro que los Estados están obligados a respetar el principio fundamental de no-devolución, así como una serie de derechos humanos que se pueden ver vulnerados en los casos de devoluciones o expulsiones de las personas migrantes de sus territorios.

En segundo lugar, y si bien es cierto que debemos reconocer el derecho soberano de los Estados de llevar a cabo expulsiones en aquellos casos en que el hacerlo no implique infracción alguna de los derechos humanos, se ha hecho patente en el mundo que poner el enfoque exclusivamente en devolver a las personas migrantes sin dedicar la atención necesaria a las razones que han llevado a estas personas a abandonar sus países, y en cuáles son las circunstancias con las que se van a encontrar cuando regresen, únicamente puede resultar en reiterados ciclos de migraciones precarias.

El GCM puede lograr, por tanto, que los Estados se comprometan a implementar los mecanismos administrativos y legislativos apropiados para otorgar el estatus legal para las personas migrantes que no pueden regresar, en forma de mecanismos de protección temporal, a largo plazo o permanente, diseñados para sostener la legislación internacional de derechos humanos.

Se trataría de mecanismos de protección suplementarios al régimen de asilo. Cuando la devolución es legalmente posible pero no es una opción deseable, se podrían hallar soluciones como proporcionar discrecionalmente visados por razones humanitarias o generar vías para la reunificación familiar y el acceso a la educación, así como vías para la migración laboral a todos los niveles deformación. A menudo al GCM no le va a resultar difícil encontrar y ofrecer ejemplos prometedores de prácticas que se pueden desarrollar y ampliar.

Sistemas de gobernanza de la migración

Si bien el Pacto Global centra su análisis y respuesta en la persona migrante, debe asimismo concentrarse en los sistemas de gobernanza de la migración.

Son las políticas estructurales y sistémicas, y no deficiencia alguna inherente a las personas migrantes, las que dan como resultado situaciones de vulnerabilidad o riesgos a los derechos humanos. Un buen ejemplo de ello es la narrativa que habla de la migración irregular y del migrante irregular, construida de manera abrumadora en torno a nociones de criminalidad y abuso, de cruces fronterizos, de las prestaciones sociales y del sistemas de asilo por parte de las personas migrantes.

La mayoría de las personas migrantes en situación irregular entran en los países de destino por medios irregulares y solo posteriormente adquieren un estatus irregular, por ejemplo cuando se les acaba el permiso de residencia. Algunas personas permanecerán en estos países durante décadas y muchas de ellas están vinculadas a las sociedades en las que viven debido a lazos familiares, trabajo, así como integración social, cultural y religiosa.

En algunas circunstancias las personas migrantes pueden encontrarse en una situación que es al mismo tiempo regular e irregular, por ejemplo si ha entrado en un país con una visa de reunificación familiar y se ve obligada posteriormente a trabajar de forma irregular. Las personas migrantes pueden en ocasiones buscar trabajos que son informales debido a que este sea el único modo que hallan para reunir a sus familias o proteger sus derechos humanos. Los hijos nacidos de padres migrantes a menudo heredan su estatus irregular.

 Suposiciones persistentes fuertemente cuestionadas

Persiste la suposición de que no existe un marco legal que provea protección para las personas migrantes, en especial en el caso de aquellas que se desplazan o permanecen de manera irregular o “desordenada”. Esta es, claramente, una suposición completamente errónea.

Todas las personas migrantes tienen derecho al respeto, la protección y el cumplimiento de las leyes internacionales de derechos humanos, incluidas las provisiones contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los dos Pactos sobre derechos humanos. Los trabajadores migratorios tienen el derecho a la protección específicamente estipulada en la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios. La Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña ofrece protección a los niños y niñas en contextos migratorios, sin excepción. Las personas migrantes que se hallan en situación de riesgo de sufrir o que han sufrido tortura pueden encontrar protección en la Convención Contra la Tortura.

En sus observaciones finales, comentarios generales y demás consideraciones acreditadas, los mecanismos de supervisión de estos tratados han servido a los Estados miembros de guía para asegurar esta protección en la práctica. 

De manera que acudimos al GCM para que cuestione fuertemente el dañino discurso sobre la migración, no solo recordando a los Estados y a sus gentes la contribución de las personas migrantes a la sociedad, sino recordándoles también su humanidad. 

Los objetivos del Pacto podrían lograr el compromiso de los Estados de descriminalizar la migración irregular y establecer medidas concretas para garantizar que los servicios públicos y el acceso a la justicia se ofrezcan de manera independiente de las actividades de control migratorio.

Actuando de esta manera, el GCM empoderaría a las personas migrantes, incrementaría la inclusión y la mutua comprensión entre éstas y las comunidades locales en las que viven, y contribuiría a eliminar las barreras del estigma y la intolerancia.

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Traducción de Gala Sicart-Olavide, miembro del Programa de Voluntariado de democraciaAbierta

About the author

Pia Oberoi is Advisor on Migration and Human Rights to the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. This article was written in her personal capacity and the views expressed therein do not necessarily represent the views of the United Nations.

Pia Oberoi es Asesora en Migración y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este artículo fue escrito a título personal y las opiniones expresadas en él no representan necesariamente las opiniones de las Naciones Unidas.


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