La segunda vuelta presidencial en Brasil, que se celebrará el 25 de octubre entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro, contestará la pregunta de si la ‘Doctrina Donroe’, impuesta por Donald Trump, puede ganar las elecciones que más le importan a Washington.
Flávio Bolsonaro, que se impuso por casi dos puntos porcentuales a Lula en la primera vuelta del 4 de octubre, ha prometido amnistiar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado y preso por liderar un intento de golpe de Estado luego de perder las elecciones en 2022.
Estas elecciones de Brasil son una pieza clave en la gran estrategia del segundo gobierno de Trump – plasmada por escrito –, cuyo objetivo es preservar la supremacía de EEUU frente a China, en un conflicto que sus responsables denominan “civilizacional”. Su núcleo material se sustenta en dos pilares.
El primero es el “dominio energético”, declarado el día de la toma de posesión y gestionado por un consejo con sede en la Casa Blanca. Sus funciones son prolongar la vida útil del capital fósil, suministrar energía barata a las fábricas que la política de aranceles pretende traer de vuelta a casa, atar a países aliados al gas estadounidense y controlar un punto estratégico del petróleo que importa un rival, China.
El segundo es la pila computacional, desde los chips hasta los centros de datos y los modelos de inteligencia artificial de vanguardia. En Beijing, en mayo, Washington negoció sobre la soja, los Boeing y las tierras raras, y se negó a ceder en los controles a la exportación de chips.
Ambos pilares convergen en el voraz consumo de electricidad de la inteligencia artificial. El método es el mismo en ambos casos. Cuando Washington no puede alcanzar una posición central en una red, se hace con el punto de estrangulamiento.
El continente americano es donde este método resulta más económico. La Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en diciembre de 2025, denominó este programa Corolario de Trump a la Doctrina Monroe. La prensa lo llama ‘Doctrina Donroe’. Su objetivo es una base segura de petróleo, minerales, electricidad y territorio para centros de datos, aislada de China.
Diana Cariboni
Venezuela aportó la prueba. En agosto, Washington anunció el control mayoritario de 65.000 millones de barriles a través de una empresa conjunta en la que el Gobierno de EEUU tendrá el 35% y el derecho a comprar a precio de costo otro 20% de la producción, con concesiones de 100 años, y la Casa Blanca atribuyó al acuerdo haber restablecido la Doctrina Monroe. En septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, realizó una gira por países andinos y regresó con un marco sobre minerales y un memorándum nuclear con Colombia, y con Perú uniéndose al ‘Escudo de las Américas’, una coalición informal de gobiernos afines a Washington para la guerra contra los cárteles.
Brasil es la pieza que le falta al bloque. Es el mayor productor de petróleo de América Latina, con 3,8 millones de barriles al día en 2025, de los que cuatro quintas partes proceden de los yacimientos presal, que se encuentran bajo una gruesa capa de sal bajo el océano Atlántico. Posee las segundas mayores reservas mundiales de tierras raras. Su red eléctrica es 89% limpia, razón por la cual Brasil ya alberga la mitad de la capacidad de centros de datos de América Latina.
El expediente abierto por Estados Unidos a Brasil, bajo la Sección 301 de su ley de comercio, enumera el resto de motivos: el sistema público de pagos Pix, sentencias judiciales contra las plataformas de redes sociales, patentes y acceso al mercado del etanol.
Las concesiones que Brasilia ha indicado que no descarta son el refinado de tierras raras por parte de filiales estadounidenses y los centros de datos a hiperescala. El centro de datos es para este imperio lo que la concesión ferroviaria fue para el imperio anterior: la cláusula física de subordinación, inscrita en el territorio ajeno y alimentada a costa de otros.
Aprender a coaccionar
En julio de 2025, Donald Trump impuso un arancel del 50% a las importaciones desde Brasil e incluyó el juicio a Jair Bolsonaro en el decreto. El Departamento del Tesoro sancionó al magistrado del Tribunal Supremo encargado del caso. Brasil no tomó represalias ni hizo concesiones. El tribunal condenó a Bolsonaro de todos modos. Los precios del café y la carne vacuna subieron en los supermercados estadounidenses, y el arancel se retiró en noviembre sin que Brasil hiciera ninguna concesión. En febrero, la Corte Suprema de EEUU anuló su fundamento jurídico.
La segunda ronda aprendió de la primera. En julio de 2026, Washington impuso un arancel del 25% en virtud de la Sección 301 con más de 1.000 exenciones: café, carne vacuna, jugo de naranja, aviones, todo lo que Estados Unidos necesita comprar. Un arancel menor puede suponer una coacción mayor. Y sus objetivos ya no eran los bienes. Estados Unidos registra un superávit comercial con Brasil, el mayor entre las economías emergentes. Pix, el sistema gratuito de pagos instantáneos gestionado por el Banco Central, ha procesado más transacciones que las tarjetas de crédito y débito juntas desde 2023. No se lo ataca a pesar de que sea gratuito, sino precisamente porque lo es: demuestra que un sistema público puede superar a las redes de tarjetas. Las condiciones para el alivio, como señaló Guilherme Klein en una columna de democraciaAbierta, incluían garantías para los “disidentes políticos”, en referencia a Bolsonaro.
Luego llegó la vía que no existía en 2025. Tres días después de que Flávio Bolsonaro se reuniera con Trump en mayo, Washington incluyó a los dos grupos criminales más grandes de Brasil en la lista de organizaciones terroristas, en virtud de una legislación redactada para Al Qaeda. Flávio afirma que él mismo lo pidió. La inclusión en la lista expone a cualquier banco o funcionario brasileño que se considere que presta “apoyo material” a esos grupos a sanciones secundarias. Un instrumento contra el crimen se convierte al mismo tiempo en una espada que pende sobre las finanzas brasileñas, Pix incluido.
La Estrategia Nacional Antiterrorista del 6 de mayo incluyó también a “extremistas violentos de izquierda” junto a cárteles y yihadistas. El 10 de junio, en la base naval de Guantánamo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró ante América Latina: “Los estamos cazando como cazamos a Al Qaeda”.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Brasil, México y Colombia quedaron excluidos del Escudo de las Américas cuando Trump lo puso en marcha en marzo. Colombia se sumó el mes pasado. Brasil entró en la guerra hemisférica contra el terrorismo no como aliado, sino como terreno de operaciones.
Por qué Brasil pudo resistir las sanciones
La coacción es una relación, no un instrumento. En las décadas de 1980 y 1990, Brasil tenía una deuda en dólares, contaba con reservas de divisas para unas pocas semanas y seguía la política económica del Fondo Monetario Internacional. No hacía falta declarar la coacción. Estaba establecida por el contexto.
Dos décadas de creciente demanda china de materias primas brasileñas desmantelaron esa situación. En 2000, Estados Unidos aún absorbía el 24% de las exportaciones de Brasil y China, menos del 2%. En 2025, China absorbía el 29% y Estados Unidos, el 11%. Las reservas de Brasil superan los 300.000 millones de dólares. Y el país pagó su deuda al FMI en 2005.
Lo que sigue siendo susceptible de coacción es la capa de red: el sistema internacional de pagos en dólares, las plataformas, los chips. El camino que va de un arancel del 50% a uno “quirúrgico” y a la designación de organizaciones terroristas conduce hacia esos puntos de estrangulamiento.
Argentina, con reservas netas negativas y un swap del Tesoro de 20.000 millones de dólares, muestra la otra opción: el presidente Javier Milei firmó con Estados Unidos un acuerdo marco sobre minerales críticos junto con un acuerdo comercial después de que Trump le dijera que el salvavidas dependía de que su partido ganara las elecciones de mitad de legislatura. La estructura determina la opción. Un Milei en Brasilia no podría entregar lo que Brasil no debe. Podría ceder lo que no se le puede quitar.
La dependencia como proyecto
Washington no inventó los golpes de Estado en Brasil. Los abarató. En 1964, el embajador de EEUU se coordinó con los golpistas y una fuerza operativa naval esperaba en alta mar, tal y como muestran documentos desclasificados. Las felicitaciones del presidente Lyndon Johnson al nuevo gobierno se hicieron públicas el 2 de abril, al día siguiente del golpe, sin esperar lo que decidiera el Congreso de Brasil. Pero los oficiales militares, los periódicos, los industriales y las clases medias que se manifestaron por “la tradición, la familia y la propiedad” eran brasileños. En 2016, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff se basó en una operación anticorrupción cuyos fiscales cooperaron con el Departamento de Justicia de EEUU a espaldas de su propio gobierno. Cada golpe de Estado fue seguido de una entrega: petróleo, minería, bancos públicos, derechos laborales.
He denominado a este patrón “dependencia como proyecto”. Una clase dominante lo eligió porque la subordinación cuesta menos que compartir el poder y los ingresos en casa. Las elites, que se imaginan a sí mismas blancas en un país que no lo es, piden la intervención contra gobiernos cuyos votantes son más morenos y más pobres que ellas. La latinofobia estadounidense tiene su espejo distorsionado en el americanismo de la elite latinoamericana.
El exdiputado Eduardo Bolsonaro se trasladó a Estados Unidos a principios de 2025 para presionar a favor de sanciones contra los jueces de su país, y fue condenado en ausencia en junio. En julio, su hermano Flávio solicitó al representante comercial de EEUU que suspendiera el arancel durante 180 días, hasta después de las elecciones. Un arancel ahora, escribió, “le daría al actual gobierno brasileño precisamente la victoria política que ha estado orquestando”. Su programa para la Amazonia, la minería ilegal de oro y en tierras indígenas, es una contribución brasileña a la base extractivista que Trump aceptaría con gusto y que, en este caso, ni siquiera tuvo que pedir. El argumento nunca tuvo que ver con los puestos de trabajo brasileños. Se trataba de quién gobernaría.
Las elecciones como teatro de la doctrina
La doctrina Donroe no suprime las elecciones. Las orquesta. En junio, Colombia eligió a un candidato respaldado por Trump por un punto, después de que Washington hubiera sancionado al presidente en el cargo. En Venezuela, las fuerzas estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro en enero. En cuestión de meses, el petróleo fluía hacia empresas estadounidenses y una chavista gestionaba la concesión con la bendición de Washington. La democracia era el papel de regalo. Las concesiones eran el regalo.
No hemos vuelto a 1964, porque 1964 fracasó cuando se volvió a intentar. El intento de golpe de Estado de 2022 y 2023 se derrumbó, y el Tribunal Supremo juzgó a sus autores pese a las sanciones estadounidenses. La extrema derecha no pudo tomar el poder por la fuerza, así que está intentando tomarlo mediante los votos, con la amnistía para Bolsonaro como premio.
Washington, que no puede coaccionar el balance financiero de Brasil, está actuando en cambio sobre sus votantes. Brasil vota después de Chile, Honduras, Bolivia, Colombia y Perú, todos bajo la presión de Washington, pero ninguna otra elección se ha enfrentado a esta combinación: aranceles vinculados a un juicio, sanciones contra un juez, inclusiones en listas de terroristas que afectan al sistema financiero y un candidato que ha pedido todo ello.
La presión es más burda que en la Guerra Fría porque Estados Unidos está más débil: ni préstamos, ni promesas de modernización, solo aranceles y un candidato. Lo que está llegando a su fin es un imperio, la forma institucional que el poder estadounidense se otorgó a sí mismo cuando podía permitirse el consentimiento. Lo que persiste es la relación imperial, sin el traje del emperador.
Qué traerá cada resultado
Una victoria de Flávio Bolsonaro diría a la región que el último contrapeso se ha alineado y que la ola de derechas ahora incluye a la mayor economía del continente. Diría a Washington que lo que la coacción no pudo obtener, lo puede proporcionar un gobierno cliente. El presal y la red eléctrica pasarían a formar parte de un bloque energético hemisférico. Las tierras raras se refinarían para las cadenas de suministro estadounidenses, los centros de datos se alimentarían a costa de Brasil, el Pix y las plataformas se abrirían a las redes de tarjetas y a las empresas tecnológicas. La designación de los grupos criminales como organizaciones terroristas se mantendría como una palanca permanente sobre las finanzas brasileñas.
Y le diría a cualquiera que intente un golpe de Estado en el continente que, si pierde, espere una amnistía. El Senado elegido el 4 de octubre contará a partir de febrero con 49 senadores de derecha, exactamente el número necesario para reformar la Constitución y blindar una amnistía que el Supremo Tribunal Federal podría anular si se aprobara como ley ordinaria.
Una victoria de Lula confirmaría lo que el primer año de la estrategia de Trump ya puso de manifiesto. Sus dos pilares están en entredicho: una guerra librada para asegurar el estrecho de Ormuz ha convertido ese paso marítimo en una autopista con peaje iraní, y los modelos de IA chinos de peso abierto ahora eluden los controles sobre los chips.
En el continente americano, la doctrina no habrá podido hacer que la coacción funcione frente al tamaño y la diversificación, ni que sus gobiernos clientes renuncien a la demanda china; tampoco habrá podido ganar las elecciones que más le importaban. Brasil se mantendría donde ha estado: comerciando con todos, sin alinearse con nadie, una democracia que condenó a sus golpistas pese a sanciones extranjeras y votó en contra de quienes las solicitaron.
Queda una lección para la izquierda. Los brasileños no votaron a Flávio Bolsonaro en la primera vuelta pensando en la soberanía. Votaron pensando en las deudas. La mitad de los adultos están atrasados en el pago de sus cuentas debido al tipo de interés real más alto del mundo. La regla fiscal que mantuvo Lula congeló la principal transferencia de ingresos a las familias pobres (Bolsa Família) hasta 17 días antes de las elecciones. Esa misma regla es la razón por la que los vínculos de Brasil con China no han dado lugar a ninguna estrategia de desarrollo.
En términos concretos, la soberanía es también la capacidad de arbitrar entre polos de poder. Gana elecciones cuando da resultados. Esta semana, el Senado debate una enmienda para poner fin a la jornada laboral de seis días, algo que desean siete de cada 10 personas en Brasil y que el partido de Bolsonaro obstaculiza. Un cuarto mandato de Lula que rompa con su propia austeridad haría que la independencia de Washington fuera algo que pudiera sentir hasta la vendedora de una tienda. Así es como la dependencia deja de ser un proyecto.
Pedro Paulo Zahluth Bastos es catedrático de economía política en la Universidad de Campinas, Brasil.
