Una mujer sentada en camioneta de la que cuelga una bandera en la que puede leerse "Aborto Legal", durante una reunión en Buenos Aires, Argentina, el viernes, 7 de marzo de 2014. Foto AP / Natacha Pisarenko.
Aunque no se tratara de un crimen violento, el pasado 16 de abril un tribunal de la provincia de Tucumán en Argentina sentenció a una mujer a ocho años de prisión por “homicidio doblemente agravado”. En realidad, no había cometido ningún crimen. Unos cuantos años antes esta mujer, llamada “Belén”, sufría fuertes dolores abdominales y decidió ir a un hospital local. Después de pasar por más dolor y sangrado le informaron de que había sufrido un aborto, lo cual fue una sorpresa para Belén, que no se había dado cuenta de que estaba embarazada.
El personal del hospital la acusó de intentar provocarse el aborto y, presuntamente, encontraron un feto en los baños del hospital. Llamaron a la policía, insistiendo en que Belén se había provocado el aborto y había dejado el feto en el baño, aunque no había ADN para probarlo. Tampoco había pruebas de que Belén hubiera intentado provocarse un aborto que, como ella afirma, se produjo de manera espontánea. Después de este trauma, Belén fue blanco de insultos y se permitió que la policía entrara en su habitación del hospital para “inspeccionarla”. Después la mandaron a la cárcel, donde estuvo esperando la resolución de su caso durante más de dos años y por el que ahora se enfrenta a otros ocho años de prisión.
