Varios de los artículos en este debate han resaltado la evidente represión de ONGs nacionales, incluyendo las prácticas estatales que cierran oportunidades para movilizar y financiar movimientos de oposición. Este es, sin duda, un peligro claro y presente. Pero hay otro aspecto, menos visible, que merece atención: los mecanismos para que las ONGs crucen fronteras y contribuyan al buen gobierno. Un ejemplo es el Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en ingles), donde los negociadores perdieron la oportunidad de incluir a la sociedad civil en la supervisión del cumplimiento laboral.
El TPP exige que los 12 Estados miembro respeten los estándares básicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero hay un problema simple: nadie sabe qué hacer con el incumplimiento. Informes recientes de The Atlantic Monthly y el House Ways and Means Committee ponen en duda la capacidad de los Estados Unidos para asegurar el cumplimiento con los derechos laborales de algunos de los países socios del TPP.
Por ejemplo, Vietnam, Malasia y Brunei han acordado “planes de consistencia” con los Estados Unidos para garantizar el cumplimiento, pero hay deficiencias importantes en la capacidad de aplicación y voluntad política. El capítulo sobre derechos laborales del TPP exige que los Estados miembros crean “órganos consultivos” para la contribución del público, pero estos todavía dependen de la buena voluntad de los gobiernos que causaron o contribuyeron a los problemas desde un inicio.
