El pasado mes de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador -conocido popularmente como AMLO- presentó una polémica propuesta para anular la reforma energética de 2013 introducida por su predecesor, Enrique Peña Nieto, que permitió que empresas privadas y extranjeras participaran en el sector energético junto a entidades estatales por primera vez en casi 80 años, y dio un lugar importante a las energías renovables.
La propuesta de AMLO para la Ley de la Industria Eléctrica, que el Senado mexicano votará en los próximos meses, haría que el sector público retomara el control de la planificación, concentrando la generación y comercialización de energía en manos de la empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Forma parte del plan más amplio de su gobierno para lograr la independencia energética en los próximos años.
Pero esta nueva reforma eléctrica ha recibido amplias críticas. Los opositores temen la creación de un monopolio energético estatal, y la ley parece dar prioridad a los combustibles fósiles y frenar el incipiente crecimiento de las energías renovables, algo que las empresas privadas han impulsado en gran medida. Esto también amenaza potencialmente los compromisos climáticos de México.
