El 29 de diciembre 2020 el Senado argentino deberá decidir si los 1300 abortos que se realizan por día en la Argentina se harán en un marco de legalidad, en condiciones de seguridad y dentro del sistema de salud. O si, por otra parte, se seguirán practicando en la clandestinidad, con riesgos para la salud de los sectores más pobres, como lo resolvió el Senado en un intento anterior por legalizar la práctica en 2018. Desde aquella votación, murieron mujeres y niñas por abortos inseguros y continuó la criminalización de quienes vieron su embarazo interrumpido –de forma voluntaria o no.
Escuchamos muchas veces que la ley penal se usaba poco en la Argentina para criminalizar el aborto. Esto no es cierto. La persecución penal existe y tiene efectos terribles. Eso se destaca de la investigación que hicimos a nivel nacional con el Centro Universitario San Martín (CUSAM), la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui.
“Liliana” estaba presa hacía cinco años en el penal de San Martín, tenía 40 años y dos hijos. Había perdido un embarazo a los cinco meses de gestación y había sido condenada en un juicio abreviado por homicidio agravado por el vínculo. Su salud dentro de la cárcel se deterioró a un punto sin retorno. Después de meses de pedir arresto domiciliario y atención médica, murió.
