democraciaAbierta: Investigation

Argentina: la legalización del aborto es urgente

Hoy, el Estado tiene dos respuestas para las mujeres que no desean maternar y que no tienen cómo pagar un aborto seguro: una clandestinidad que pone en riesgo sus vidas y la amenaza de un proceso penal.

CELS (Center
29 December 2020, 10.28am
La Campaña #AbortoLegal2020 durante la previa del debate en las calles de Buenjos Aires, Argentina, Diciembre 2020
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Solange Avena / All rights reserved

El 29 de diciembre 2020 el Senado argentino deberá decidir si los 1300 abortos que se realizan por día en la Argentina se harán en un marco de legalidad, en condiciones de seguridad y dentro del sistema de salud. O si, por otra parte, se seguirán practicando en la clandestinidad, con riesgos para la salud de los sectores más pobres, como lo resolvió el Senado en un intento anterior por legalizar la práctica en 2018. Desde aquella votación, murieron mujeres y niñas por abortos inseguros y continuó la criminalización de quienes vieron su embarazo interrumpido –de forma voluntaria o no.

Escuchamos muchas veces que la ley penal se usaba poco en la Argentina para criminalizar el aborto. Esto no es cierto. La persecución penal existe y tiene efectos terribles. Eso se destaca de la investigación que hicimos a nivel nacional con el Centro Universitario San Martín (CUSAM), la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui.

“Liliana” estaba presa hacía cinco años en el penal de San Martín, tenía 40 años y dos hijos. Había perdido un embarazo a los cinco meses de gestación y había sido condenada en un juicio abreviado por homicidio agravado por el vínculo. Su salud dentro de la cárcel se deterioró a un punto sin retorno. Después de meses de pedir arresto domiciliario y atención médica, murió.

La muerte de Liliana nos puso ante el desafío de investigar cuántas más había como ella. Buscamos que el debate por el derecho al aborto cuente con información actualizada sobre la magnitud y las características que presenta la persecución penal de los abortos y de los eventos obstétricos. En estos últimos encontramos que cuando fallece un/a recién nacido/a en los momentos inmediatamente posteriores al parto -ya sea prematuro, espontáneo o a término- la responsabilidad de esa muerte suele ser atribuida a la gestante. Su criminalización aparece determinada por la ilegalidad del aborto, el estigma y el alcance de su extensa sombra punitiva. Entonces, no solo el aborto es perseguido por el Código Penal, perder un embarazo puede llevar a las mujeres, a las lesbianas, a los varones trans a la cárcel.

Encontramos que cuando fallece un/a recién nacido/a en los momentos inmediatamente posteriores al parto -ya sea prematuro, espontáneo o a término- la responsabilidad de esa muerte suele ser atribuida a la gestante.

Nuestra investigación tiene dos fuentes de datos. A partir de un corpus de notas de prensa de más de 50 medios nacionales pudimos hacer un análisis cualitativo sobre quiénes son las personas criminalizadas -en general mujeres cis, pobres- y qué características tienen los procesos. A partir de las respuestas a pedidos oficiales de acceso a la información pública pudimos reponer cuantitativamente los datos de la criminalización.

A quién persigue el poder judicial por abortar

Entre 2012 -el año del fallo FAL, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró cómo interpretar el alcance de los abortos que ya son legales desde 1921- y la actualidad se iniciaron 1532 causas por abortos y 37 eventos obstétricos fueron criminalizados. Se trata de los datos oficiales de 17 de las 24 jurisdicciones del país.

Las mujeres alcanzadas por el sistema penal no son una muestra representativa de todas las que abortan. Las que la política criminal persigue pertenecen a sectores sociales vulnerabilizados: no tienen trabajo remunerado, tienen bajo nivel de instrucción formal y viven en condiciones habitacionales muy precarias. Los casos analizados indican que la mayoría tiene menos de 30 años y que muchas tienen une o más hijes.

Algunas de las mujeres que compartieron sus historias dijeron haber quedado embarazadas producto de una violación y por desconocimiento o temor no accedieron a una interrupción legal del embarazo. El 33% de estas mujeres fue denunciada por el personal de salud. Personal que violó su deber de confidencialidad. En el proceso penal que se llevó adelante contra ellas, la mayoría no accedió a una defensa particular y se vulneraron sus derechos.

https://www.youtube.com/watch?v=MMaUxVVdLss

Estamos ante una política esencialmente selectiva que, en su trayectoria, ejerce distintos tipos de violencias sobre estas personas, por su género y por su clase social.

Si los números por sí solos desmienten la idea de que el aborto era un tipo penal formal inaplicado, la investigación cualitativa nos hizo comprender que la criminalización del aborto funciona como un dispositivo de castigo. Registramos situaciones de fuerte maltrato: mujeres esposadas a la cama del hospital, detenidas en comisarías, víctimas de maltratos verbales, a quienes les muestran imágenes shockeantes y se les niega tratamiento para el dolor.

La privación de la libertad en una cárcel es una realidad no mensurable en su totalidad, pero sabemos que implica penas largas, como la de Liliana. Este dispositivo de castigo lo vemos también en la proactividad y el ensañamiento de las intervenciones policiales y del poder judicial. Lo vemos cuando filtran los nombres de esas mujeres a la prensa desde los centros de salud y desde las fuerzas de seguridad para que sean estigmatizadas.

www.youtube.com/watch?v=6dqdEUBWHAg

El estigma las acompaña luego, en su vida social y familiar, incluso aunque nunca sean condenadas penalmente. El castigo no necesita una condena para ocurrir sino que adquiere estas múltiples formas de violencia institucional y social.

Por todo esto, la criminalización tiene una función política: es disciplinante y aleccionadora sobre el colectivo de personas con capacidad de gestar. Aunque solo encarcela y castiga a quienes carecen de medios materiales y simbólicos o de recursos sociales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud, y para defenderse en la justicia.

Hoy, el Estado tiene dos respuestas para las mujeres que no desean maternar y que no tienen cómo pagar un aborto seguro: una clandestinidad que pone en riesgo sus vidas y la amenaza de un proceso penal.

Cambiar este estado de cosas es hoy responsabilidad de la Cámara de Senadores, que ya votó una vez a favor del aborto clandestino en 2018. El movimiento feminista, de derechos humanos busca profundizar la democracia, ampliar derechos que son demandados desde hace décadas para ponerle fin a la discriminación, a la falta de acceso a la salud. Buscamos una Argentina más justa. Deseamos que el Senado esta vez esté a la altura de la historia.

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