Hace algunas semanas, publiqué una investigación que me llevó meses. La historia de una campaña de propaganda rusa para inocular contenidos en medios argentinos.
El escándalo que siguió da algunas pistas sobre el estado del periodismo y de los medios de comunicación.
Resulta elocuente que el primer impacto fuera la tergiversación de lo que publicamos.
Como en un juego de espejos, los mismos medios que aceptaron y publicaron sin el mínimo control editorial artículos de autores ficticios suministrados por terceros, se lanzaron ahora a publicar versiones distorsionadas, e incluso falsas, en un intento de defenderse.
Nadie quiso hablar de la facilidad con que cualquier actor malintencionado puede colocar contenidos en los medios, sin que sus responsables se den cuenta siquiera, porque han abandonado los principios del periodismo mientras recortan salarios, reducen el personal y prescinden de correctores, editores y verificadores.
¿Será así como se defiende el periodismo?
¿Será así como se lo defiende ante un gobierno como el de Javier Milei que, aprovechando el momento, lanzó ataques, insultos y amenazas a los periodistas?
¿O será minimizando el daño causado por la desinformación porque, al fin y al cabo, la campaña rusa fue torpe y pasó sin pena ni gloria?
En el análisis que publicamos esta semana, cerramos esta investigación – que partió de una filtración masiva de documentos – sobre operaciones de interferencia política lanzadas por una red de operadores rusos en Bolivia y Argentina. También agregamos datos nuevos y explicamos por qué es necesario, bajo las reglas del buen periodismo, resguardar los documentos filtrados.
Mil gracias al consorcio de medios que formamos con The Continent, Forbidden Stories, All Eyes On Wagner, Dossier Center, iStories y varios periodistas independientes de habla rusa porque sin colaboración, este trabajo no hubiera sido posible.
Casi exactamente un año atrás, cubrí el juicio internacional contra Perú por las esterilizaciones forzadas que el régimen de Alberto Fujimori cometió contra decenas de miles de mujeres en la década de 1990. Fue revelador presenciar cómo los representantes de un país democrático intentaron defender aquellas políticas criminales.
El juicio concluyó, y hace unas semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Perú por el padecimiento y la muerte que le causaron a una de esas mujeres, Celia Ramos Durand. También ordenó reparar a sus hijas, que eran niñas cuando quedaron huérfanas por la muerte de su madre. Miles de casos siguen pendientes. La crónica de aquella audiencia es también la crónica de una década terrible en Perú. Te invito a leerla.
Y, como siempre, gracias por leernos.
Diana Cariboni, editora para America Latina
Diana Cariboni
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