Por primera vez, una ley en Argentina reconoce que el abuso sexual sistemático contra niñas y mujeres indígenas, naturalizado bajo el nombre de ‘chineo’, es un crimen de odio que debe prevenirse mediante sensibilización y educación.
El ‘chineo’ es una práctica sistemática de abuso sexual y agresión a niñas, niños y mujeres indígenas por parte de hombres criollos, es decir, de ascendencia no indígena, frecuentemente con mayor poder económico, social o político. En lengua wichí se los llama hätäy, “demonios blancos”.
No por casualidad a la ley 8534, aprobada por el Congreso de la norteña provincia de Salta el 16 de abril, se la conoce como ‘ley Octorina’, en memoria de la lideresa wichí Octorina Zamora que defendió los derechos humanos de los pueblos originarios. Es resultado de una larga lucha de las mujeres indígenas.
El Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir nació con reuniones en fogones de mujeres referentes que recorrían kilómetros para contar y escuchar los problemas de cada territorio, como la falta de agua potable o la desnutrición infantil, hasta su conformación oficial en 2012, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (centro). Reúne al menos 36 comunidades de más de 20 pueblos indígenas y tiene alcance nacional.
En 2019, el Movimiento lanzó su campaña #BastaDeChineo, creando redes para cuidarse entre ellas y a sus hijos e hijas, asistir a las víctimas y acompañar en sus denuncias a las que no hablan español.
Cecilia Osorio
En algunas comunidades, las indígenas se organizaron para denunciar lo que soportaban, como ocurrió en 2022 en la comunidad wichí Misión Kilómetro 2, donde mujeres y adolescentes hicieron una marcha y firmaron una carta pública, luego de la violación y femicidio de una niña de 12 años, Pamela Flores. Con el apoyo de Octorina Zamora, también participaron de la Primera Asamblea de Mujeres Indígenas de la ruta 81 en la que hicieron oír sus reclamos a autoridades provinciales y nacionales.
En mayo de ese mismo año, el Movimiento de Mujeres y Diversidades organizó en Chicoana, Salta, el Tercer Parlamento Plurinacional con presencia de más de 36 delegaciones indígenas de todo el país. El Informe de Chicoana, elaborado por las delegadas, incluía el pedido de medidas urgentes contra el chineo.
Varias de sus demandas serían luego parte de la ley, como la obligación de generar estadísticas, la capacitación intercultural de funcionarios, la incorporación de intérpretes y la participación de las comunidades indígenas en las políticas públicas. Otras quedaron por el camino.
Octorina Zamora falleció una semana después del Parlamento Plurinacional. Fue entonces cuando el senador provincial Walter Cruz, del pueblo kolla, ingresó a la legislatura salteña el primer proyecto, rindiéndole homenaje y recogiendo algunas de sus ideas.
“Nosotras [el Movimiento de Mujeres y Diversidades] no participamos en la escritura de la ley directamente”, dijo a democraciaAbierta la activista travesti trans María Pía Ceballos, indígena wichí ava guaraní de la ciudad salteña de Tartagal. “Con excepción de Tujuay [Gea Zamora, hija de Octorina], que sí fue consultada”.
‘Disciplinamiento colonial’
En la tarde del jueves 16 de abril, un puñado de mujeres indígenas lograron ingresar a la sede de la legislatura de Salta para presenciar el debate y la votación. Rieron, lloraron y se abrazaron. Habían logrado que el Estado reconociera por primera vez la violencia racista y machista que sufren las comunidades wichí, qom, kolla, guaraní, pilagá, chorote y otras en el norte argentino.
Allí estaba Tujuay, la hija de Octorina, quien continúa la lucha de su madre contra el chineo.
“Cuando salimos de la legislatura, nos dimos cuenta de que recién empezaba todo. La ley no es un punto de llegada sino un punto de partida”, dijo Tujuay a democraciaAbierta. Es urgente contar con “herramientas jurídicas para defender” los territorios de “este disciplinamiento colonial”, agregó.
La norma no crea nuevas figuras penales – facultad que recae en el Congreso nacional – ni modifica las sanciones previstas para los delitos sexuales ni los agravantes de delitos motivados por odio racial, religioso, de género, orientación sexual o identidad de género. Su objetivo es reconocer una violencia históricamente invisibilizada.
"Sabemos que es una ley primaria; decidimos aprobarla porque es necesaria. Es un primer paso", dijo a democraciaAbierta el senador Cruz.
La ley dispone crear un organismo que deberá elaborar estadísticas, crear protocolos de actuación, campañas de prevención y mecanismos de protección. Los ministerios de Salud, Educación, Gobierno y Justicia deberán destinar recursos para campañas de difusión multilingües, centros de asistencia intercultural, capacitación de funcionarios estatales y acompañamiento integral a víctimas. La reglamentación, aún pendiente, determinará en qué ministerio recaerá la responsabilidad y definirá su presupuesto.
La norma exige consultas y diálogo permanente con comunidades originarias a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, y habilita la intervención del Ministerio Público Fiscal como actor civil en representación de las víctimas. “Podemos ser pioneros con esta ley. Pero si no la aplicamos bien, habrá sido un lindo papel”, advirtió Cruz.
El escenario político argentino no ofrece un marco favorable para que una norma así sea aprobada para todo el país. Desde que el presidente libertario Javier Milei asumió el gobierno en diciembre de 2023, se eliminaron instituciones y presupuestos para combatir la violencia de género y se desmantelaron organismos vinculados a derechos indígenas.
Justamente por eso, según Cruz, la ley salteña adquiere mayor relevancia. La aspiración es que pueda convertirse en antecedente de legislaciones similares en provincias vecinas o en todo el país. “Sería ideal que esto pueda discutirse también en Chaco, Formosa, Jujuy o Santiago del Estero; el chineo no ocurre solo en Salta”, dijo el senador.
Olvido y miseria
En 2015, Juana*, una niña wichí de la comunidad de Alto La Sierra que padecía microcefalia y retraso madurativo, fue interceptada por ocho criollos que la arrastraron al monte, la drogaron, la golpearon y la violaron. Juana quedó embarazada y, a causa de las distancias, la falta de ambulancias y las barreras idiomáticas no recibió atención médica durante días. A pesar de que el aborto en caso de violación ya era legal en Argentina, el sistema de salud y la justicia local dilataron los tiempos hasta la semana 19 de gestación. Como el embarazo estaba "muy avanzado", los médicos la obligaron a someterse a una cesárea.
Su madre denunció el hecho, pero sufrió amenazas y presiones para desistir de su reclamo judicial que, además, estuvo lleno de irregularidades que derivaron en apartamientos de fiscales, jueces y médicos. Con todo, en 2019 la justicia condenó a los agresores a 17 años de prisión.
Octorina Zamora acompañó a la familia de Juana, como a tantas otras, y realizó un seguimiento incluso años después del hecho. “Juana sigue sometida en el olvido y la miseria, sin una asistencia que le corresponde por ser víctima, por ser mujer, por ser indígena, por ser una niña”, contó en 2020, en un conversatorio del Instituto Nacional contra la Discriminación.
La mayoría de los casos nunca llegan a juicio o quedan paralizados entre barreras idiomáticas, falta de intérpretes o presiones locales, como detalló una investigación que republicó democraciaAbierta.
Una palabra cargada de dolor
El proyecto original presentado por Cruz en 2022 quedó sin tratamiento por la resistencia que oponían algunos partidos políticos y terratenientes a una iniciativa enfocada en los abusos cometidos por hombres no indígenas.
Sin perspectiva de avances, las organizaciones que lo apoyaban decidieron cambiar la estrategia. El texto “ha variado mucho desde su primera presentación”, que hablaba explícitamente de chineo, dijo el senador Cruz. Debido a las contribuciones de “algunas organizaciones de mujeres y derechos humanos”, el término fue eliminado, ejemplificó.
Según Ceballos, el uso de esa palabra genera, aun hoy, debates y contradicciones. “Algunas mujeres indígenas ven ‘chineo’ como una mala palabra y les afecta emocionalmente. Desde el Movimiento explicamos que ese concepto es una práctica de violación sexual colonial y machista que debe nombrarse”, dijo.
Entre 2023 y 2025, el proyecto fue discutido en distintos espacios de intercambio con liderazgos indígenas, organizaciones feministas y actores vinculados a los derechos humanos.
La organización Na’ Nechepa (Levantémonos), impulsada por Tujuay Zamora, la Fundación Juala y varias liderezas territoriales redactaron e hicieron llegar modificaciones específicas al articulado.
Así, aunque la ley recogió parte de las demandas de las organizaciones, el costo de la aprobación fue su reducción.
“La ley sufrió varios recortes en puntos importantes, como la reparación económica y judicial”, dijo Tujuay Zamora. “No es lo ideal, pero es una herramienta útil y un primer paso fundamental para que nos empiecen a ver”.
Una plataforma de lucha
Años antes de la ley, el Informe Chicoana fue mucho más que un petitorio contra el chineo. Fue una plataforma amplia que abordaba el origen de la explotación y el abuso. Reclamaba que se prohibiera trabajar en territorios indígenas a empresas cuyos empleados hubieran cometido abusos y “que se procese, condene y se dé de baja deshonrosa a policías, gendarmes y/o militares” que hubieran incurrido en los mismos delitos.
Proponía expulsar y condenar “a las instituciones y grupos religiosos que operan en territorio indígena y sean cómplices”; así como juzgar, sin fueros, a funcionarios públicos y autoridades tradicionales que hubieran incurrido en chineo como ejecutores, cómplices o facilitadores.
También reclamaba que se embargaran “todos los bienes de los violadores” para aportar a la reparación de la víctima y que fueran las mujeres “las receptoras y administradoras de los programas de alimentación y asistencia social”.
Ceballos explicó este punto: “Tenemos casos donde los conductores de camiones con alimentos solidarios llegan a las comunidades y piden niñas a cambio de entregar los recursos. Y algunos caciques las entregan”.
Tujuay Zamora recordó que su madre ya presenciaba estas situaciones en la década de 1980. “Durante la vuelta de la democracia en Argentina, Octorina denunció que cuando se entregaban las cajas PAN (Plan Alimentario Nacional), algunos conductores pellizcaban en zonas íntimas a niñas de 10 años o intercambiaban alimentos por sexo”.
El Informe Chicoana también explicitó el ‘terricidio’, concepto acuñado por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir para describir la destrucción de la Tierra y de los pueblos originarios, perpetrado por un sistema económico extractivista, colonial y patriarcal. “La civilización ocupante ha generado muerte y la afectación en todas las vidas en los territorios ancestrales. Nuestro dolor y nuestras pérdidas son irreparables”, dice.
En diciembre de 2024, el gobierno derogó una ley que amparaba a las comunidades indígenas y suspendía las órdenes de desalojo de las tierras donde vivían de forma ancestral, aunque no tuvieran títulos de propiedad. Ahora, las comunidades de las provincias de Salta y Jujuy ven con preocupación el avance del Corredor Bioceánico de Capricornio, una red de carreteras sudamericanas que unirá el centro-oeste de Brasil con puertos sobre el océano Pacífico, y que cruzará sus territorios.
Para las indígenas, camiones y nuevas rutas comerciales aparecen asociadas a otro tipo de circulación, como la trata de personas, el narcotráfico y mayor violencia de los criollos.
“Ya existen situaciones de trata en algunas comunidades y esto puede empeorar muchísimo”, dijo Tujuay Zamora. “El proyecto extractivista avanza aunque las comunidades resistan. Entonces necesitamos herramientas para proteger a nuestras niñas y adolescentes de todo lo que se viene”.
La población indígena de Argentina asciende a 1,3 millones, según el censo nacional de 2022 que contabilizó 45,8 millones de habitantes. En Salta suman más de 130.000, un 10% de la población de la provincia. El Estado reconoce la preexistencia de 14 pueblos indígenas en Salta.
“El informe Chicoana y la problemática del terricidio nos puso de acuerdo y permitió la difusión sobre el vacío legal que existe en este tema", dijo Ceballos.
Mujeres que iluminan
Según la cosmovisión wichí, anterior a la colonización española, las atsinay katés (mujeres estrellas) eran portadoras de sabiduría ancestral y pilares fundamentales para la comunidad.
Fabiana Ibarra, integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, es una de esas mujeres estrella. Aprendió a hablar español sola, luego de haber denunciado, con 13 años, el abuso sexual de un criollo. “Nadie me entendió del todo”, dijo a democraciaAbierta. Le tomaron la denuncia con lo poco que lograron entender, aunque “no hubo seguimiento del caso”.
En 2006 un hätäy la interceptó mientras volvía de vender artesanías en el monte de la localidad El Quimilar Carboncito, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay. “No sé si estaba ebrio o drogado; tenía los ojos muy rojos”, recordó Fabiana con un hablar pausado y silencios prolongados. “El hombre me amenazó por la espalda y me llevó hasta unos yuyales donde me abusó”. La causa judicial no avanzó – el hombre tenía familiares dentro de la policía – y ella nunca logró una reparación.
Fueron años de lucha y dolor, que se alivianó cuando comenzó a reunirse con otras hermanas wichí que habían sufrido episodios similares. En las comunidades, explica, todavía es normal escuchar a algunos hombres decir “‘vamos a chinear’. Se refieren a salir a buscar mujeres para abusar, a nosotras, que tenemos los ojos como chinas”.
Hoy Fabiana Ibarra es una mujer estrella que ilumina y guía a otras mujeres indígenas que no pueden expresarse en español frente a médicos, policías o funcionarios judiciales. “Me siento vocera de las hermanas que no pueden hablar”, dijo.
Florencia Galarza es una periodista argentina especializada en género, justicia y derechos humanos. Colabora con medios nacionales e internacionales, e investiga sobre violencias, desigualdades y acceso a derechos. También trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano del Poder Judicial.
