A medida que las políticas contra la igualdad de derechos ganan terreno en América Latina a través del desfinanciamiento, la criminalización y el retroceso normativo, las feministas responden con más información, más herramientas digitales y más acompañamiento.
“Nosotras hablamos de derechos sexuales y reproductivos, pero los derechos están concatenados con otros que los hacen posibles”, dijo Mara Zaragoza, subdirectora de Fortalecimiento de Ipas América Latina y el Caribe (Ipas LAC), una organización internacional que defiende la libertad reproductiva.
“Para nosotras, el poder informar es una manera de incidir favorablemente en los derechos reproductivos”, agregó Zaragoza en entrevista con democraciaAbierta.
Durante 2025, más de 8,4 millones de personas de la región recibieron información sobre anticoncepción y aborto, y se fortalecieron 30 organizaciones de la sociedad civil y 12 redes de acompañamiento en aborto, según el informe anual 2025 de Ipas LAC, Tejer para Transformar.
Ese reporte documentó 171.785 abortos realizados a través de distintas vías de acceso, de los cuales más de 150.000 se realizaron en servicios de salud que cuentan con apoyo de Ipas Lac, y casi 21.000 fueron acompañados por redes y grupos de base en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.
Una parte de este esfuerzo corresponde a la apuesta por un “ecosistema digital”, que Zaragoza explicó así: “Las herramientas no cumplen una misma función, son una variedad y responden a diferentes públicos”.
Por ejemplo, el mapa de puntos de venta de los fármacos abortivos misoprostol y mifepristona en México – que incorporó referencias de 914 farmacias independientes en 10 de los 32 estados del país – responde a la necesidad concreta de saber dónde conseguir esos medicamentos, sin estigma y con información confiable.
O el chatbot de aborto seguro Sofía, que registró 14.604 visitas de 11.018 personas en tres países con marcos legales muy distintos, pero con una necesidad compartida de información confidencial y oportuna: Brasil, Perú y México. En Brasil el aborto está prohibido excepto en casos de violación, riesgo de muerte para la madre y anencefalia fetal. En Perú solamente se permite si hay riesgo para la salud de la persona gestante, mientras en 23 de los 32 estados mexicanos el aborto es legal en las primeras 12 semanas de gestación.
Te acompaño, un chatbot de atención a la violencia sexual y acceso al aborto seguro dirigido a migrantes que atraviesan México, alcanzó a 1.871 personas. Según el informe, la mayor concentración de visitas provino de Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo, estados con alta presencia de población migrante.
"Una persona centroamericana que está migrando viene pensando en dónde va a dormir, si va a encontrar refugio, si su hijo viene enfermo en el camino. Sí tiene muy en mente el riesgo de ser violentada sexualmente, pero no hay una noción de cómo se va a atender si eso le pasa", explicó Zaragoza.
La metodología detrás de estas herramientas parte de un principio que ella resumió en una frase: “Diseñar con, no diseñar para”. Para construir Te Acompaño, Ipas LAC fue a refugios e hizo grupos focales con personas migrantes que opinaron sobre el mensaje, las palabras, el color y el momento en que sería más útil consultarlo.
El mismo enfoque guió el desarrollo de Aborto Acompañado en Centroamérica (Aborto ACA), plataforma que vincula a mujeres y personas con necesidad de abortar en Centroamérica con redes de activismo mexicanas, en lo que el propio informe llama una “ruta indirecta” en territorios marcados por la criminalización y la restricción legal. El aborto está penalizado en forma absoluta en El Salvador, Honduras y Nicaragua, y permitido en circunstancias muy excepcionales en Belice, Guatemala, Costa Rica y Panamá.
Las activistas de Ipas LAC trabajan en un proyecto piloto de acompañamiento híbrido de aborto seguro que arroja luz sobre las diferentes necesidades de quienes deciden abortar.
La organización ofreció a 100 mujeres acompañadas por redes feministas la posibilidad de acceder además a orientación médica virtual antes, durante o después del procedimiento. La mitad aceptaron, aduciendo que se sentirían más seguras; la otra mitad dijeron que no lo necesitaban, porque el acompañamiento de su red les resultaba suficiente.
“Lo ideal es que las opciones estén ahí y que cada una tome lo que necesite en ese momento”, explicó Zaragoza. “No todas podemos y no todas queremos un aborto de la misma manera. A lo mejor un día tuve un aborto que sí preferí que fuera con un personal de salud, pero hoy no”.
Esa pluralidad de opciones responde a la política de Ipas LAC, en la que la tecnología es “una parte de la respuesta” a la necesidad de mejorar y ampliar el acceso de las personas a servicios de aborto, que requiere “respuestas múltiples” desde el ámbito local hasta el regional.
Aunque no hay cifras oficiales sobre cantidad de abortos en América Latina y el Caribe, un estudio del Guttmacher Institute en 23 países de ingresos medios y bajos de la región estimó que cada año ocurren 10 millones de embarazos no planificados y 47% por ciento de ellos (4,7 millones) terminan en aborto. El estudio agrega que 3,6 millones de mujeres por año sufren abortos inseguros.
Angela Boldrini
Autonomía reproductiva y salud democrática
El actual contexto político constituye un nuevo frente de lucha para las feministas de la región, menos visible pero más dañino, dicen ellas: el debilitamiento democrático y la desfinanciación de las instituciones y los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos.
"Estos ataques son mucho más elaborados y pueden causar más daño. Pensábamos en Argentina, ¿van a quitar la ley de aborto? Y después dijimos ¡qué manera tan efectiva de debilitar un programa! No salieron a pelearse con las feministas, simplemente se recortó el presupuesto", explicó Zaragoza.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, su gobierno solo emplea una retórica que desinforma sobre la ley de aborto legal vigente desde 2020. También suspendió la compra y distribución de medicamentos esenciales para abortos seguro – el misoprostol y la mifepristona – y recortó la distribución de anticonceptivos, entre ellos la anticoncepción de emergencia, y de tests de embarazo.
También desfinanció el plan nacional para prevenir el embarazo adolescente (conocido como Plan ENIA), que entre 2018 y 2021 había reducido la tasa de fertilidad adolescente casi a la mitad.
Para Escudero Martínez, El Salvador es un claro ejemplo de cómo el debilitamiento democrático impacta en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
El país mantiene desde 1998 una prohibición absoluta del aborto y, desde entonces, el movimiento feminista salvadoreño tejió redes de apoyo para garantizar ese derecho.
Pero desde marzo de 2022, El Salvador vive en un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales básicas, y que ha supuesto denuncias de encarcelaciones masivas, torturas, condenas sin debido proceso y desapariciones. También persecución, cárcel o exilio para las voces que se oponen o exigen rendición de cuentas.
La asfixia sobre la sociedad civil llegó en 2025 a una nueva frontera: un impuesto del 30% a las donaciones u otros ingresos internacionales que reciben las organizaciones o los medios de comunicación independientes, una medida que Amnistía Internacional calificó como herramienta para silenciar a quienes denuncian abusos.
“Esto se sumó a los recortes de la cooperación y del apoyo internacional [decididos por el gobierno de EEUU] limitando, obviamente, la posibilidad de realizar su trabajo”, explicó Escudero Martínez.
Todo esto, según la experta, determinó “una disolución de facto de la sociedad civil”, con impacto directo en los grupos y movimientos de defienden los derechos reproductivos.
Por ejemplo, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que durante dos décadas asistió a las mujeres encarceladas por abortos o emergencias obstétricas, anunció en marzo su disolución, por el “contexto adverso” dentro de El Salvador, y su reconversión en movimiento regional.
Las expertas de Ipas LAC también señalan a Ecuador como ejemplo del terreno ganado por la agenda conservadora.
En 2021 el país avanzó al despenalizar el aborto en casos de violación – desde 1938 estaba despenalizado en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre. Pero en la campaña electoral de 2025 el clima político viró. Tanto el reelegido presidente Daniel Noboa como su rival firmaron compromisos para prohibir la “ideología de género” en textos e instituciones educativas, rechazar la atención de salud para adolescentes trans, y priorizar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias religiosas.
“Todas estas tendencias son un claro ejemplo de la relación entre el debilitamiento democrático y el retroceso en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en la región”, dijo Escudero Martínez.
A esto se responde con solidaridad, según la activista. "El movimiento feminista siempre se ha mostrado como un movimiento solidario que se articula a lo largo de la región, a nivel nacional y a nivel comunitario", concluyó.
