El domingo, los colombianos acudieron a las urnas y enviaron al abogado de narcotraficantes Abelardo de la Espriella y al senador de izquierda Iván Cepeda a la segunda vuelta presidencial, que tendrá lugar el 21 de junio. De la Espriella ganó, con 43,7% de los votos, seguido por Cepeda, con el 40,9%. Pero ninguno alcanzó el 50% necesario para ser elegido en primera ronda.
El rápido ascenso de De la Espriella es la gran sorpresa de la carrera: una nueva figura de la extrema derecha latinoamericana, que combina el autoritarismo populista del presidente salvadoreño Nayib Bukele con el liberalismo económico radical del argentino Javier Milei.
Menos comentada, pero igualmente significativa, fue la recuperación política experimentada en el último año por el actual presidente Gustavo Petro, que encabeza el primer gobierno de izquierda de Colombia. Hace poco más de un año, se lo consideraba en gran medida débil y, según algunos observadores, incapaz de respaldar a un sucesor competitivo. La fuerza de la candidatura de Cepeda refleja un giro político cuyo motor central obedece a un único factor: la radicalización de la agenda económica de Colombia, el tercer país más desigual del mundo.
A principios de 2025, Petro tenía solo 32% de aprobación y 63% de desaprobación, según Invamer, el instituto de sondeos más tradicional de Colombia. Su gobierno sufría el descontento de la ciudadanía por los problemas de inseguridad, las dificultades económicas y sus repetidos conflictos con el Congreso. La oposición creía que la izquierda llegaría debilitada a las elecciones de 2026.
El punto de inflexión se produjo en marzo de 2025. El proyecto de ley de reforma laboral que el gobierno de Petro había enviado al Congreso en 2023 fue rechazado por la Comisión Séptima del Senado. La propuesta incluía un aumento de las remuneraciones por horas extras y por turnos nocturnos, restricciones a los contratos precarios, derechos laborales más sólidos y una mayor protección de los trabajadores. Los grupos empresariales y los sectores conservadores reaccionaron con dureza, argumentando que la reforma aumentaría los costos laborales y la informalidad.
En lugar de dar marcha atrás, Petro optó por enfrentarse directamente al Congreso. El 11 de marzo de 2025, anunció que intentaría convocar una consulta popular nacional para someter la reforma directamente a los votantes. La estrategia transformó una derrota parlamentaria en una campaña política permanente. Petro movilizó a sindicatos, movimientos sociales y trabajadores en torno a la idea de que las elites políticas estaban bloqueando reformas que ya habían sido respaldadas en las urnas en 2022, porque habían sido una promesa de su campaña.
El gobierno propuso formalmente una consulta popular el 1 de mayo de 2025, Día Internacional de los Trabajadores, durante una manifestación masiva en Bogotá. Semanas más tarde, el Senado rechazó convocar la consulta popular por estrecho margen. Aun así, la campaña de Petro resultó un éxito político. Al aumentar el costo político de bloquear las reformas, el gobierno presionó a las fuerzas centristas y a parte de la comunidad empresarial para que accedieran a negociar.
Durante la segunda mitad de 2025, una versión moderada de la reforma laboral fue aprobada finalmente en el Congreso. La izquierda presentó el resultado como prueba de que la movilización popular funciona; la oposición acusó a Petro de gobernar a través del conflicto.
Políticamente, sin embargo, la balanza se inclinó a favor del presidente. En febrero de 2026, el índice de aprobación de Petro había subido al 49,1%, mientras que el de desaprobación había bajado al 46,1%, según Invamer. En menos de un año, Petro recuperó más de 15 puntos de popularidad.
La política del salario mínimo se convirtió en otro eje de la recuperación política de Petro. A lo largo de su presidencia, promovió aumentos reales consecutivos del salario mínimo. El punto más caliente del enfrentamiento se produjo a finales de 2025, cuando el presidente decretó un aumento del 23% del salario mínimo, lo que suponía un aumento real significativo del poder adquisitivo, ya que la inflación de 2025 rondó el 5%.
Una vez más, el conflicto marcó el proceso: el Consejo de Estado de Colombia, el máximo tribunal administrativo del país, suspendió temporalmente la medida, pero Petro respondió con un decreto transitorio que mantenía el aumento al tiempo que abría una disputa jurídica y política más amplia.
El episodio funcionó políticamente. Petro convocó movilizaciones callejeras en defensa del aumento, y los sindicatos y las organizaciones sociales respondieron a la llamada. La disputa sobre el salario mínimo se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña de 2026. Para una parte significativa de la población trabajadora de Colombia, el conflicto no se interpretó como inestabilidad institucional, sino como un presidente que luchaba por sus salarios.
No es casualidad que las cuestiones laborales también estén volviendo al centro del debate político en Brasil, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha empleado el debate sobre la jornada laboral “6x1” como una forma de reconectar con los votantes de la clase trabajadora. (El 6x1es un régimen laboral de 44 horas repartidas en seis días consecutivos seguidos de un solo día de descanso. Una enmienda constitucional propuesta por Lula, y aprobada el mes pasado por la Cámara de Diputados, establece una semana laboral de 40 horas repartidas en cinco días con dos días de descanso. El proyecto aún debe ser aprobado por el Senado).
Petro y Lula comparten raíces en la izquierda y la creencia en el trabajo como eje político central, pero llegan a destinos diferentes por caminos distintos. Lula es un conciliador; Petro es un político de permanente confrontación. El colombiano desafió deliberadamente al Congreso, a las elites económicas y al sistema político, y la apuesta funcionó. El brasileño prefiere la estabilidad política y la negociación para asegurar victorias. Se trata de estilos moldeados por historias e instituciones diferentes, pero tal vez Lula podría parecerse un poco más a Petro, y Petro un poco más a Lula.
También en México una política decidida de subas del salario mínimo – que se duplicó entre 2018 y 2024 – acompañó el apoyo electoral al partido gobernante Morena.
Más allá del resultado, las elecciones de Colombia ofrecen una lección importante sobre el poderoso potencial movilizador de las cuestiones económicas.
Mientras que las preocupaciones morales, identitarias y de seguridad alimentand a los candidatos de extrema derecha en toda la región, los debates sobre salarios, trabajo, protección social y distribución de la renta siguen pareciendo capaces de dinamizar al bando progresista.
Pedro Rossi es vicepresidente y economista jefe del Fondo Global para una Nueva Economía (GFNE) y profesor asociado de Economía en la Universidad de Campinas (UNICAMP), Brasil
