La tarde del 15 de febrero de 2022, cuando Moni* firmaba la carta, sabía que no lo hacía solo por ella. “Acá no se salva nadie, ni la hija del cacique”, dice esta mujer wichí de 30 años, estatura pequeña y cabellera larga. Vive en la comunidad indígena Misión Kilómetro 2, de unas 170 personas, emplazada frente a Pluma de Pato, un pueblo de 200 habitantes del departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta, noroeste de Argentina. La ruta 81 los separa.
Hace tres años, ella y un grupo de mujeres firmaron una carta pública en la que denunciaban los abusos sexuales que sufrieron cuando eran adolescentes. Tanto ella como su madre fueron violadas. “Por suerte, yo no lo vi más, pero mi mamá se vivía topando con ellos porque vivían ahí enfrente”, dice Moni, señalando la entrada de la comunidad, mientras pastorea sus siete cabras. En el horizonte, después de una lomada de arbustos, se ve la ruta 81. “Solo hay que cruzarla. Son 10 minutos a pie”.
Despojados de sus tierras, los wichí – uno de los 14 pueblos originarios de Salta – sobreviven a la sombra de Pluma de Pato. De un lado de la carretera, rodeados de cercos hechos con restos de maderas, están sus ranchos de techos de chapa sostenidos por horcones de palo santo y paredes construidas con retazos de plástico y ramas. Del otro, las casas de cemento y bloques de las familias criollas, población que se define como blanca y descendiente de europeos.
