Hasta el asesinato a balazos de Renee Good, una ciudadana y madre estadounidense de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis a principios de este mes, muchas personas aún creían que las redadas federales migratorias representaban una amenaza únicamente para los inmigrantes indocumentados.
La muerte de Good destruyó ese mito. Su asesinato conmocionó al país y sirvió como una advertencia brutal: nadie está libre de la violencia estatal. Independientemente de la raza, el género o el estatus migratorio, cuando el Estado decide que el uso de la fuerza está justificado, las vidas de personas negras – sean ciudadanas o migrantes – pasan a ser prescindibles.
La creciente presencia del ICE ordenada por Trump ha intensificado la colaboración entre agentes federales y departamentos de policía locales. Las fuerzas del orden locales ahora entregan al ICE inteligencia, herramientas de mapeo y acceso a barrios enteros, convirtiendo las ciudades en zonas de control. Hogares, lugares de trabajo, escuelas y hospitales se han transformado en espacios de captura.
