Hace cinco años, los indignados del movimiento 15M hicieron irrupción en un contexto de crisis política y socio-económica provocada por sucesivos escándalos de corrupción, recortes sociales y privatización a gran escala de los servicios públicos. En 2011 se registró un intenso periodo de movilización social con amplia participación de movimientos de base, formas alternativas de organización horizontal, y miles de personas hablando en asambleas ciudadanas en las principales plazas y marchando en las calles de todo el país.
En lugar de atender las demandas populares, el gobierno procedió a elaborar nuevas leyes destinadas a limitar las protestas de los ciudadanos, concretamente a través de una restricción de la libertad de reunión y expresión. Ante la perspectiva de unas “leyes mordaza”, los activistas de la sociedad civil se unieron para crear un nuevo espacio de acción. El resultado fue la creación, a finales de 2013, de “No Somos Delito”, una plataforma formada por organizaciones de la sociedad civil para llamar la atención sobre estas nuevas leyes y hacer campaña en contra de su implementación.
