El anuncio de un acuerdo para avanzar en las negociaciones con el Estado Mayor Central de las ex-FARC mafia parece ser un paso adelante para la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, pero en la práctica podría tener pocos efectos en la reducción de la violencia.
El 4 de septiembre, delegados del gobierno nacional y el Estado Mayor Central (EMC), una federación de grupos disidentes que surgieron luego de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hicieron públicos los avances de las reuniones que sostuvieron en Suárez, Cauca, en el suroccidente del país, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre para reanudar los diálogos de paz.
Entre los puntos acordados se encuentran la instalación de una mesa de diálogos y un cese al fuego bilateral, cuya fecha de inicio sería determinada el 17 de septiembre, además de misiones humanitarias a los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y sur de Bolívar.
