En marzo de este año, Botsuana eliminó de su Código Penal normas de la época colonial que criminalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Esto fue una victoria histórica para las personas LGBTQI+ y los movimientos que lucharon más de una década para quitar esa rémora de la legislación de este país de África austral.
El cambio no ocurrió por un único caso judicial ni por un acto de repentina buena voluntad política. En 2019, el Tribunal Superior de Botsuana dictaminó que esas normas eran inconstitucionales. En 2021, el Tribunal de Apelación confirmó esa sentencia. Pero la ley, que preveía penas de hasta siete años de prisión, siguió vigente, y las personas LGBTQI+ siguieron sometidas a disposiciones que los tribunales ya habían declarado injustas.
Activistas, abogados y organizaciones de la sociedad civil siguieron presionando hasta que la legislación se ajustó por fin a los compromisos constitucionales de Botsuana con la dignidad, la igualdad, la libertad y la intimidad. Para los defensores de esta causa, la victoria demuestra que solo una acción social sostenida crea una protección real.
La derogación no supone el fin de la lucha. La igualdad matrimonial, el reconocimiento familiar, las protecciones contra la discriminación y la aceptación social siguen siendo objeto de controversia. Pero en una región en la que muchos gobiernos están intensificando los ataques contra el derecho de las personas LGBTQI+ a vivir en igualdad, el camino recorrido por Botsuana ofrece un poderoso ejemplo de cómo el litigio estratégico, la defensa cívica y la movilización de los jóvenes pueden generar un cambio significativo.
En esta entrevista, Faith Gunda, estudiante de derecho residente en Botsuana, defensora de derechos humanos, integrante del CIVICUS Protest Lab y cofundadora de Sisterhood Chain International, explica qué significa la derogación, por qué tardó tanto y qué vendrá después.
Este artículo forma parte de una nueva serie de openDemocracy que destaca cómo los movimientos populares se organizan, innovan y triunfan. Se publicó originalmente en CIVICUS Lens, la plataforma mediática de la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, y se reproduce con permiso.
¿Qué significó esta derogación para las personas LGBTQI+?
La derogación formal es simbólica, pero los símbolos importan porque indican a las personas si tienen un lugar en la sociedad. Durante años, las normas penales enviaban un mensaje a las personas LGBTQI+ de Botsuana: “Ustedes son delincuentes”. Incluso después de que los tribunales declararan inconstitucionales estas disposiciones en 2019, siguieron vigentes, un recordatorio constante de que el Estado consideraba sus identidades como una amenaza. Su eliminación armoniza la ley escrita con los valores constitucionales de dignidad, igualdad, libertad y privacidad. Pero, lo que es más importante, afirma que las personas LGBTQI+ no son delincuentes.
Esto lo cambia todo para los jóvenes. Cuando la ley deja de criminalizar tu identidad, tiene repercusiones positivas en la salud mental, el sentido de pertenencia y la participación ciudadana. Permite a las personas LGBTQI+ denunciar la violencia, acceder a la asistencia sanitaria y vivir abiertamente sin miedo. La gente puede respirar un poco más tranquila. Puede imaginar un futuro.
Este logro no vino de arriba. Es fruto de años de defensa incansable de activistas, de organizaciones como Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana y de personas corrientes dispuestas a arriesgarlo todo para desafiar un estigma arraigado. La derogación no es el final de una lucha. Es la base para la siguiente fase. El trabajo continúa.
¿Por qué se demoró tanto en eliminar unas normas coloniales que los tribunales habían declarado inconstitucionales?
Las victorias legales y el cambio político no avanzan al mismo ritmo. Los tribunales dejaron claro en 2019 que la ley era inconstitucional. Pero las sentencias judiciales no se aplican por sí solas. Las leyes de la época colonial siguen arraigadas en los códigos penales porque eliminarlas requiere voluntad política, y los políticos temen las reacciones negativas. Durante seis años, las personas LGBTQI+ vivieron con una ley que los tribunales ya habían calificado de injusta.
Lo que finalmente propició el cambio fue la presión constante. Las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los abogados se negaron a dejar pasar esto. El Tribunal de Apelación confirmó la sentencia en 2021, y los activistas siguieron alzando la voz, organizándose y exigiendo su aplicación. En marzo, la ley finalmente se modificó.
Así pues, esta es la lección: las sentencias judiciales importan, pero es la acción ciudadana constante la que las convierte en una protección real.
¿Qué obstáculos persisten y qué viene ahora?
La despenalización no es lo mismo que la igualdad, pero es la base de esta. La igualdad real implica derechos matrimoniales, reconocimiento familiar y protecciones contra la discriminación. El caso sobre matrimonio igualitario, que se discutirá en los tribunales este mes, va a poner a prueba hasta dónde llegan las protecciones constitucionales, si van más allá de la privacidad y la intimidad para abarcar la ciudadanía plena, y si las parejas del mismo sexo pueden acceder a la dignidad y al reconocimiento legal que proporciona el matrimonio.
Pero las barreras legales son una parte de la historia. También persisten las barreras sociales, incluido el estigma en las familias, los sistemas sanitarios, las escuelas y los lugares de trabajo. La reforma legal crea protección, pero no puede cambiar de forma instantánea actitudes arraigadas.
Los jóvenes de Botsuana creen cada vez más que todo el mundo debe poder vivir con autenticidad y sin miedo. Se están organizando, hablando abiertamente y rechazando el silencio que soportaron las generaciones anteriores. Este cambio generacional se está convirtiendo en el motor más poderoso del cambio.
El camino no es lineal, pero la dirección es innegable. Una reforma significativa requiere un compromiso cívico constante. Esto es que los activistas documenten y defiendan el espacio cívico, que las organizaciones de base potencien el liderazgo juvenil y que la gente se niegue a aceptar nada que no sea la plena humanidad.
¿Botsuana es un ejemplo para África?
No se debe idealizar el progreso de Botsuana. El país sigue enfrentándose al conservadurismo social y a la discriminación, y sus logros pueden ser vulnerables a menos que se defiendan continuamente. Pero ofrece un modelo a seguir.
Botsuana se destaca en el continente porque ha triunfado gracias a la defensa cívica, el constitucionalismo y la independencia judicial. Esto cobra aún más importancia cuando varios gobiernos africanos están aprobando leyes anti-LGBTQI+ más severas y tachando los derechos de la comunidad como "no africanos", a pesar de que las leyes que prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo fueron importadas en la época colonial.
La trayectoria de Botsuana cuestiona esa narrativa. Demuestra que las democracias constitucionales africanas pueden interpretar la dignidad, la igualdad y la libertad de forma inclusiva, sin abandonar las tradiciones jurídicas locales. Para los defensores de los derechos humanos de toda la región, Botsuana es la prueba de que la participación ciudadana, la defensa sostenida y los litigios estratégicos pueden generar un cambio significativo incluso en entornos políticos difíciles.
CIVICUS entrevista a una amplia gama de activistas, expertos y líderes de la sociedad civil para recabar diversas perspectivas sobre la acción de la sociedad civil y los temas de actualidad, con el fin de publicarlas en su plataforma CIVICUS Lens. Las opiniones expresadas son las de los entrevistados y no reflejan necesariamente las de CIVICUS. Su publicación no implica el respaldo a los entrevistados ni a las organizaciones a las que representan.
