Las restricciones a la movilidad durante la crisis de la Covid-19 han puesto de manifiesto dos caras de una misma moneda: por un lado, el confinamiento como privilegio de las clases urbanas que pueden aislarse del mundo exterior y por el otro, la profundización de la situación de vulnerabilidad laboral, habitacional y legal que personas inmigrantes, en especial aquellos con ingresos insuficientes, mayores sin redes de apoyo, trabajadoras del hogar, recién llegados, solicitantes de asilo e indocumentados venían sufriendo.
En medio de esta emergencia, Barcelona ha sido una de las caras visibles en defender frente a los gobiernos nacionales y la Unión Europea acciones que no dejen atrás a los inmigrantes y refugiados durante la pandemia. Ejemplos de dichas acciones son la decisión de firmar junto a nueve ciudades pertenecientes a la iniciativa Ciudades Solidarias una carta en la que expresan a las instituciones de la Unión Europea su voluntad de acoger a menores refugiados no acompañados que se encuentran en campos de refugiados en las islas griegas.
En el plano local, el Ayuntamiento, junto a entidades pertenecientes al Consejo Municipal de Inmigración (CMIB), ha solicitado al Gobierno de España la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular y ha iniciado una campaña que pide a los municipios que no pongan trabas al empadronamiento de extranjeros bajo el lema ‘Padrón son Derechos’. Asimismo, el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto junto a entidades inmigrantes y sociales de la ciudad las distintas actuaciones encaminadas a ofrecer ayudas y servicios sin distingo del estatus migratorio de las personas.
